Nueve personalidades poseedoras del premio Nobel piden al gobierno iraní que retire su amenaza de llevar a juicio a la organización defensora de los derechos humanos más importante de ese país, fundada por Shirin Ebadi, ganadora en 2003 del galardón de la paz que otorga el Comité Noruego.
El Ministerio del Interior de Irán declaró el 2 de este mes que el Centro de Defensores de los Derechos Humanos, de Ebadi, no había logrado obtener una licencia válida y advirtió que la organización sería enjuiciada porque sus actividades eran "ilegales".
La institución ha sido una voz poderosa en defensa de los derechos básicos de las personas y de las minorías en Irán desde su creación, en 2001.
Dos semanas después de la declaración oficial iraní, los premios Nobel de la Paz enviaron una misiva al ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Manouchehr Mottaki, expresando su preocupación por la postura del Ministerio del Interior.
La misiva fue firmada por las irlandesas Nobel Betty Williams y Mairead Corrigan Maguire, ganadoras en conjunto del premio en 1976, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, de 1980, el rumano Elie Wiesel, de 1986, el tibetano Dalai Lama, de 1989, la guatemalteca Rigoberta Menchú, de 1992, el obispo católico timorense Carlos Belo, de 1996, la estadounidense Jody Williams, de 1997, y la keniata Wangari Maathai, ganadora en 2004.
"Tal como lo entendemos, el trabajo del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, como asociación civil y pacífica, es legal según la Constitución iraní", señaló la carta.
"Urgimos a usted a reconciliar la discrepancia del 'permiso' que el gobierno iraní declara es necesario para que la organización funcione, aunque parece inconsistente con la Constitución iraní, que establece que las organizaciones no gubernamentales que observan la ley y no perturban la seguridad pública no necesitan un permiso", agregó.
Bajo la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Defensores de los Derechos Humanos, individuos y asociaciones tienen derecho a "promover y luchar por la protección y concreción de los derechos humanos y las libertades fundamentales".
También a "cuestionar las políticas y acciones de funcionarios individuales y organismos gubernamentales en relación a violaciones a los derechos humanos", añade el texto de la carta.
Agrega que los estados "tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la protección por parte de las autoridades competentes de (defensores de los derechos humanos) contra cualquier violencia, amenaza, represalia, discriminación adversa de facto o de jure, presión o cualquier otra acción arbitraria".
El centro de Ebadi es miembro de la Federación Internacional para los Derechos Humanos y obtuvo un premio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Francia. Además, su fundadora fue reconocida con el premio Nobel de la Paz en 2003 por su permanente defensa de los derechos básicos.
Como parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Irán está obligado a respetar la libertad de asociación.
El Centro de Defensores de los Derechos Humanos hizo todos sus esfuerzos para cumplir con la ley iraní y solicitó un permiso en 2002, que el Ministerio del Interior no lo expidió.
Hadi Ghaemi, investigador de la organización Human Rights Watch, dijo a IPS que la amenaza del gobierno iraní a arrestar a Shirin Ebadi y a asociados con su centro es un serio ataque a los derechos fundamentales en Irán.
"El gobierno básicamente está demostrando su intolerancia hacia los defensores independientes que intentan promover y proteger los derechos humanos en el marco de la ley", afirmó.
"Esto también puede ser visto como un intento por debilitar el sistema legal del país, porque, si el gobierno no permite que los abogados dedicados a los derechos humanos hagan una defensa pública y los amenaza con llevarlos a juicio, entonces no tienen ninguna seguridad al defender a sus clientes en los tribunales", agregó.
Pocos días después del anuncio del gobierno, Ebadi envió un mensaje por correo electrónico a activistas humanitarios y corresponsales de los medios de comunicación, pidiéndoles que publicitaran la amenaza del gobierno y recabaran apoyo público para su centro.
"El gobierno de Irán anunció que este centro es ilegal y, si continuamos con nuestras actividades, nos arrestará", escribió. "Por supuesto que yo y otros miembros del centro no tenemos intenciones de clausurar el centro y continuaremos con nuestras actividades. Sin embargo, hay una alta posibilidad de que nos arresten".
"La acción del gobierno a este respecto es ilegal", continuó. "Este centro fue establecido y trabaja desde hace más de cuatro años. Creo que esta decisión del gobierno fue disparada por la publicación de mis memorias. En cualquier caso, estoy feliz de que mis memorias hayan sido publicadas, porque la verdad debe ser dicha".
Mohammad Seyfzadeh, Mohammad Ali Dadkhah, Mohammad Sharif y Abolfatah Soltani, todos abogados respetados en Irán, se encuentran entre los cofundadores del Centro de Defensores de los Derechos Humanos.
A lo largo de los años, Ebadi y sus colegas tomaron a su cargo casos prominentes, como el de la periodista gráfica iraní-canadiense Zahra Kazemi, quien fue asesinada en prisión en 2003, arrestos de "bloggers" (individuos que publican "blogs", sitios web periódicamente actualizados que a menudo funcionan como diarios personales de consulta pública) y reporteros en 2004, y el encarcelamiento del disidente más destacado de Irán, Akbar Ganji.
Ganji, quien pasó seis años en prisión y fue dejado en libertad hace poco, dijo a IPS que es improbable que el gobierno islámico realmente arreste a Ebadi. Sin embargo, opinó que amenazar a organizaciones de derechos humanos para que permanezcan en silencio es parte del objetivo del gobierno de crear una sociedad monolítica.
"Ellos están en contra de cualquier clase voz crítica. Perciben a las voces de la oposición como parte de un intento por crear una Revolución de Terciopelo (como la de Checoslovaquia en 1989). Por esta razón el régimen islámico intenta clausurar asociaciones no gubernamentales como el Centro de Defensores de los Derechos Humanos", dijo Ganji, quien fue representado por Ebadi.
"Todos los involucrados en el activismo político y social enfrentan el riesgo de ser arrestados y ser llevados a juicio en Irán hoy. La doctora Ebadi y sus colegas deberían continuar con sus actividades. Ellos no necesitan licencia gubernamental para sus actividades pacíficas, dado que no van contra la Constitución", aseguró.
Ganji enfatizó que activistas de todo el mundo pueden apoyar a Ebadi y a sus colegas condenando la acción del gobierno contra organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los derechos humanos. Tales condenas harían más difícil que el gobierno impida el trabajo de activistas sociales dentro de Irán.
Hussein Bastani, periodista y activista político iraní, trabajo con Ebadi en 1993, cuando ambos eran miembros de la Asociación para la Defensa de los Derechos del Niño.
Dijo a IPS que Ebadi estaba mayormente comprometida en casos no políticos, aunque aún así fue amenazada de vez en cuando por llamadas anónimas que consideraban su posición sobre las leyes discriminatorias hacia mujeres y niños como "anti-islámica".
"Tengo dos recuerdos de los años en que trabajé con Shirin Ebadi que nunca olvidaré. Primero, cuando se demostró que su nombre estaba en la 'lista del terror', una lista de intelectuales iraníes que fueron asesinados en 1998 por agentes del Ministerio de Inteligencia", relató. "Cuatro fueron asesinados antes que esta lista saliera a la luz", agregó.
"Segundo, cuando, durante una conversación telefónica en 2000, me dijo que había sido llamada a tribunales y que probablemente sería enviada a prisión al día siguiente. No estuve de acuerdo con ella. No podía imaginar que alguien como ella fuera arrestada. Pero el día después escuché la noticia de su encarcelamiento", evocó.
Las políticas restrictivas contra organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos significan que periodistas y activistas políticos y sociales son ahora más vulnerables ante los anuncios del gobierno.
La prematura muerte, en julio, del activista estudiantil Akbar Mohammadi, en la prisión de Evin, en Teherán, y las últimas amenazas contra el centro de la doctora Ebadi, son una ominosa señal para quienes luchan por los derechos humanos en Irán.
* Omid Memarian es periodista y activista de la sociedad civil iraní. Ganó varios premios, incluyendo el de Defensor de los Derechos Humanos, otorgado por Human Rights Watch en 2005.
