Pese al conflicto armado que sufre Colombia, las actividades culturales no han menguado. Sin embargo, lo que no pudo la violencia lo lograría la reforma tributaria que estudia el parlamento, según artistas y hasta el Ministerio de Cultura que se oponen a su aprobación.
En una comunicación enviada esta semana al jefe de la cartera de Hacienda, la ministra de Cultura, Elvira Cuervo, manifestó su preocupación por los efectos perjudiciales que tendría la reforma tributaria en los sectores editorial, cinematográfico, museológico, de conservación del patrimonio cultural, y en las fuentes de financiación de las organizaciones artísticas.
A la voz de la ministra se sumaron promotores y artistas, que conforman un grupo no despreciable si se tiene en cuenta que en Colombia se celebran cerca de 4.000 actividades en esta área anualmente, entre encuentros, fiestas y carnavales.
"La cultura es un muro fuerte contra el conflicto (armado interno de más de cuatro décadas). Incluso en ocasiones se convierte en la mejor forma de protestar", dijo a IPS el historiador Marco González, asesor de festivales del gubernamental Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT).
"En San Luis (cinco kilómetros al norte de Bogotá), la comunidad protestó con un carnaval por la falta de agua potable y alcantarillado. Durante el desarrollo de su protesta festiva decidieron reunir dinero para la construcción de un acueducto comunitario y lo lograron. De esta manera nació una fiesta, que se mantiene a lo largo del tiempo", recordó González.
En las 20 localidades, o zonas en que está dividida la capital colombiana de casi siete millones de habitantes, se realizan 215 festividades cada año.
En Colombia, sólo durante agosto, se realizaron cinco encuentros culturales: uno de la palabra, dos de bandas musicales, uno más de coros, y otro de alabaos (actividad mágico-religiosa de origen africano).
También se celebraron las ferias de música llanera (en las planicies orientales), vallenato en guitarra (en las sabanas nororientales), pasillo y guabina (danzas del altiplano), y merecumbé (baile de la costa caribe).
Además de los festivales: de bandola, gaita y acordeón; folclórico de la costa del océano Pacífico; índígena; y el de Bogotá, que tradicionalmente se realiza para conmemorar su fundación, el 7 de agosto.
"La expresión popular se afectaría si se reducen los recursos que para su realización otorga el Estado", afirmó González. "También se verían perjudicados el patrimonio cultural, el cine, la industria editorial… es decir, la cultura no podría ser un freno a la violencia. Por el contrario, la disminución de apoyo sería un ataque violento contra las actividades artísticas", agregó.
La industria del cine perdería fuentes de financiación, pues el proyecto de reforma eliminaría los beneficios tributarios a la donación o inversión en producción cinematográfica, que en los últimos años ha permitido que empresarios apoyen al séptimo arte.
La ley 814 de 2003, conocida como la Ley del Cine, autorizó a aquellos que aporten fondos a la producción cinematográfica una deducción en su renta del 125 por ciento sobre el valor real invertido o donado.
Gracias a esta norma, el número de trabajos cinematográficos ascendió en tres años a 217 realizaciones, entre ellas 14 largometrajes.
También la reforma tributaria aumentaría en 10 por ciento el costo de los boletos de entrada a los cines, que hoy oscila entre 2,5 y 6,35 dólares, dependiendo de la calidad de la sala de exhibición.
Ante la pregunta de IPS respecto de qué opina sobre la pérdida de beneficios legales para la industria cinematográfica, el cineasta Jorge Echeverri, director de "Pena de muerte" y "Mal amor", respondió "sin palabras".
"De esta manera se confirmaría el horror que padecemos en los campos y ciudades con este conflicto que dura demasiado. Y ahora, ni siquiera tendríamos cultura", agregó.
Echeverri espera presentar su última producción, "La voz de las alas", en el próximo festival de cine de Berlín.
En caso de aprobarse sin cambios este proyecto de ley presentado el martes en el parlamento, en el sector editorial desaparecería la exención de impuestos a empresas de publicaciones, autores y traductores de libros editados o impresos en Colombia.
También caerían las exoneraciones a obras científicas y culturales, y se tasaría un 10 por ciento adicional sobre el precio actual de novelas, ensayos y demás, así como sobre revistas, periódicos y suplementos coleccionables.
La directora de la Cámara Colombiana del Libro, Adriana Mejía, en entrevista al semanario El Espectador, aseguró que "un mayor precio significa una afectación directa a los índices de lectura en nuestro país".
Sostuvo que la medida afectará la publicación de autores colombianos y puso como ejemplo la situación en Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), donde "la industria redujo sus tirajes dramáticamente.
"En ese país se optó por editar únicamente obras literarias de mercado seguro, decisión que condenó a los jóvenes escritores a buscar la utopía de publicarse a si mismos. No es difícil imaginar que algo parecido suceda en Colombia", dijo.
El proyecto de reforma impositiva tal como está planteado afectaría, además, a las organizaciones culturales sin fines de lucro, las cuales dejarían de beneficiarse de las normas actuales que les permiten disminuir gastos de funcionamiento, como pago de alquileres, y tendrían que pagar el impuesto de valor agregado (17 por ciento) sobre el arrendamiento de los inmuebles destinados a eventos culturales y artísticos.
La normativa tributaria tendría impacto incluso en los programas gubernamentales de la capital colombiana, como el denominado "Siga, ésta es su casa", del IDCT, que permite el ingreso gratuito a los museos de la ciudad durante el último domingo de cada mes, y promueve el reconocimiento del patrimonio cultural de Bogotá.
"El próximo domingo se tratarán temas sobre artes tradicionales como cerámica, cestería, orfebrería, trabajo en vidrio, producción de textiles y manufactura en cuero. Como actividades especiales se han programado visitas comentadas por los barrios más populares y antiguos de Bogotá, y se realizarán cuatro caminatas ecológicas", informó Andrea Martínez, coordinadora del programa del IDCT.
Según el texto del proyecto, el parlamento, los premios y distinciones de certámenes literarios y artísticos pagarían un impuesto equivalente a 11 por ciento sobre el valor del mismo.
"Por supuesto, no estamos de acuerdo con esta medida", dijo a IPS Eduardo Rodríguez, administrador de la Casa de Poesía José Asunción Silva, una organización sin ánimo de lucro que lleva el nombre del gran poeta colombiano.
"La Casa otorga anualmente un premio de 20 millones de pesos (8.500 dólares) al mejor poeta vivo del momento. Esta cifra se ubica en un punto medio en el rango de distinciones nacionales, pero disminuir su monto en 11 por ciento implicaría bajarla de categoría y sería un incentivo menor para los postulantes", agregó Rodríguez.
"Con estas medidas, el arte termina convirtiéndose en una industria de entretenimiento", comentó a IPS Patricia Ariza, fundadora y actriz del grupo de teatro La Candelaria.
"El gobierno de (Álvaro) Uribe ya rechazó un proyecto de ley para el teatro, y con esta reforma, que me parece terrible, se afectarían mucho más los sectores culturales y artísticos. Por ello estamos promoviendo un proceso de movilización en busca de alternativas", concluyó Ariza.
Mientras, en el Ministerio de Cultura se mantiene el silencio respecto de la respuesta de la cartera de Hacienda, y en el país la polémica apenas comienza. ***** + Ministerio de Cultura (www.mincultura.gov.co) + Instituto Distrital de Cultura y Turismo (www.idct.gov.co) + Teatro La Candelaria (http://www.teatrolacandelaria.org.co/)
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