De nada sirvió la oposición de años de organizaciones ciudadanas y ecologistas. Este jueves comenzó a operar en Chile una nueva planta de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco), famosa por el desastre ecológico que ocasionó en un humedal otra de sus fábricas de pulpa de papel.
"En Chile siguen primando las decisiones políticas por sobre las indicaciones técnicas, ambientales y sociales. Estamos frente a una dictadura de las inversiones y del poder de los grandes conglomerados económicos, con complicidad del gobierno", dijo a IPS Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca).
A juicio del ecologista, esto explica la entrada en funcionamiento de la nueva planta de la empresa chilena Celco, que ya posee otras tres de este tipo en el sur del país, criticadas por problemas ambientales y de salud que han ocasionado.
La fábrica forma parte del Complejo Forestal e Industrial Nueva Aldea, ubicado en el valle de Itata, en la octava región del Bío-Bío, unos 400 kilómetros al sur de Santiago, y es la más grande construida hasta ahora en Chile, con una capacidad de producción de 858.000 toneladas de celulosa blanqueada por año.
La planta que Celco posee más al sur, en Valdivia, décima región de Los Lagos, todavía se encuentra en el centro de la polémica por el desastre que provocó en el humedal de río Cruces, en el que murieron cientos de cisnes de cuello negro a raíz de los residuos líquidos industriales (riles) vertidos allí por la empresa.
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El Complejo Forestal e Industrial Nueva Aldea consta de cuatro plantas: de trozado, generadora, de terciados y de celulosa, con una inversión de 1.400 millones de dólares. Las tres primeras entraron en operación a fines de 2004.
La fábrica de celulosa inaugurada este jueves utilizará como materia prima madera de pinos y eucaliptos, y la totalidad de su producción será exportada. La empresa ha informado que alcanzará su máxima capacidad dentro de nueve meses.
Según Cuenca, la historia de esa planta es larga y cargada de irregularidades. La compañía presentó su primer estudio de impacto ambiental en 1996, rechazado en 2000 por la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la octava región. Pero la empresa apeló, y el proyecto terminó aprobado durante el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006).
Dos años atrás, cuando la fábrica estaba en plena construcción, ciudadanos denunciaron que su capacidad sobrepasaba a la evaluada por la autoridad ambiental. "La empresa había presentado una producción de 550.000 toneladas anuales y se estaba construyendo una de 900.000 toneladas, lo que motivó la paralización de las obras", explicó el director de Olca.
Pero Celco elaboró un nuevo estudio de impacto ambiental, también aceptado, lo que implicó que se retomara la construcción.
En cuanto al punto más conflictivo, la Corema autorizó a la empresa a que vertiera sus desechos al río Itata, que abastece de agua a más de 40.000 campesinos, con el compromiso de construir una tubería hacia el mar para esos residuos en el futuro. Según la empresa, ésta estaría lista apenas a fines de 2007.
Ciudadanos y ambientalistas se han manifestado en contra de la planta y de sus descargas tanto al río como al mar, pidiendo innumerables veces al gobierno que no autorizara la puesta en marcha. Incluso el colegio médico de la región emitió un informe en el que llamaba la atención sobre los peligros que ésta representaba para la salud de la población.
"Quiero ver si la presidenta (Michelle Bachelet) o cualquier otro representante de la administración pública habla nuevamente de gobierno ciudadano, luego de tomar una decisión a espaldas de la población y que ciertamente va en contra de los deseos de quienes tendrán que convivir con esta planta de aquí en adelante", declaró este jueves el director ejecutivo de la no gubernamental Oceana, Marcel Claude.
Asimismo, el presidente del no gubernamental Instituto de Ecología Política (Iepe), Manuel Baquedano, dijo a IPS que "la inauguración de esta nueva planta de celulosa seguramente es una buena noticia desde el punto de vista macroeconómico", pero no puede decirse lo mismo desde el punto de vista ambiental.
En julio, esa organización publicó el estudio "Informe sobre plantas de celulosa libres de cloro: una meta razonable para Chile", el cual sugiere "esta industria tiene que avanzar hacia una 'reforma o transición tecnológica' que evite que sus procesos industriales generen graves impactos en la salud de las personas y los ecosistemas".
Baquedano asegura que ese cambio no implica abandonar las fábricas actuales. "Sólo se requiere invertir en nueva tecnología para modificar el proceso de producción".
La mejor tecnología disponible se encuentra actualmente en Europa y Estados Unidos, donde se utiliza la técnica de blanqueado de celulosa totalmente libre de cloro (TCF, por sus siglas en inglés) de ciclo cerrado, o sea con reutilización del agua, según Baquedano.
El uso de cloro en el blanqueado de la celulosa es uno de los aspectos más contaminantes de esta industria, pues genera residuos organoclorados, de gran toxicidad para la salud humana, muy persistentes en la naturaleza y con capacidad para acumularse en ciertos tejidos grasos de animales y personas.
La mayor parte de la industria en el mundo ha abandonado el cloro puro, adoptando la técnica de libre de cloro elemental (ECF, por sus siglas en inglés), que sin embargo utiliza dióxido de cloro.
Tanto la fábrica de Valdivia como la de Nueva Aldea operan con ECF.
En Valdivia la situación no ha mejorado. Como consecuencia de los daños en el humedal de río Cruces, a mediados del año pasado la Corema de Los Lagos exigió a la empresa presentar un proyecto alternativo de evacuación de riles.
Celco asumió inmediatamente que esto significaba derramar sus desechos al mar, por lo que empezó a realizar estudios cerca de la caleta de pescadores artesanales de Mehuín, localidad en la que viven 1.700 personas, que han protestado contra el proyecto.
Un mes atrás, residentes de Mehuín denunciaron que un buque de la Armada a cargo de la custodia de la embarcación que se disponía a hacer los estudios de la empresa, los repelió a balazos por entorpecer los trabajos, lo que causó gran conmoción pública. Los pescadores vigilan ahora día y noche la zona en la que Celco pretende construir la tubería.
La empresa tiene plazo hasta abril de 2007 para presentar el estudio de impacto ambiental respectivo, pero ya ha anunciado que se retrasará por la oposición de los pescadores. Mientras, los desechos siguen esparciéndose en el río Cruces.
"Los pescadores de Mehuín tienen toda la razón para oponerse a las exploraciones de Celco porque 'a estudio hecho tubo puesto', si consideramos la débil legislación ambiental chilena", afirmó Baquedano. "Los pescadores se preguntan: si la planta contaminó un humedal y mató a cientos de cisnes de cuello negro, ¿por qué no va a contaminar el mar donde trabajamos?", acotó.
El director de Iepe también criticó la normativa ambiental de algunos países de América Latina, que ha posibilitado la instalación de plantas de celulosa nacionales y extranjeras con sistemas de producción contaminantes.
Según un estudio publicado el miércoles por la organización ecologista Greenpeace en Buenos Aires, actualmente se destinan 13 millones de hectáreas de plantaciones a la producción de celulosa en el mundo, y 80 por ciento de esa superficie está en América del Sur y en Asia.
De acuerdo con cifras entregadas por Celco, en su etapa de construcción el Complejo Forestal e Industrial de Nueva Aldea dio trabajo en promedio a 3.300 personas, alcanzando un pico de 6.200, mientras la operación de las plantas aportará otros 2.400 empleos directos e indirectos.
En los últimos meses, la empresa realizó una serie de acciones de apoyo a la comunidad, como entrega de predios a pequeños agricultores, donación de plantas de eucalipto y quillay para reforestar terrenos cultivados y ayudas al cuerpo de bomberos y a familias afectadas por los últimos temporales.
