Mientras el gobierno de Uruguay concentra sus baterías en una disputa en La Haya con Argentina por la instalación de dos fábricas de celulosa sobre un río limítrofe, científicos uruguayos presentaron este martes un informe que advierte sobre los efectos nocivos del proyecto.
Los efluentes de las dos plantas que se construyen en territorio uruguayo afectarán el proceso reproductivo de los peces y causarán daños crónicos a los organismos acuáticos del río Uruguay. Además, para el funcionamiento de las fábricas se requerirá la extensión de las áreas forestadas en el país, lo que a su vez podría disminuir el caudal de los ríos y provocar daños permanentes en los suelos, concluye la investigación.
El documento, titulado "Síntesis de los efectos ambientales de las plantas de celulosa y del modelo forestal en Uruguay", fue elaborado por una comisión de expertos de la Facultad de Ciencias de la estatal Universidad de la República, y hace énfasis en los impactos de la industria papelera.
"Las dos plantas tienen previsto producir 1.500.000 de toneladas anuales de pasta de celulosa, para lo cual consumirán 4.500.000 toneladas de madera por año. Para esto se necesitan 300.000 hectáreas forestadas", explicó el geógrafo Marcel Achkar al presentar oficialmente el estudio este martes, aunque parte ya había sido filtrado a la prensa la semana pasada.
Sin embargo, las áreas potencialmente forestables en Uruguay, de acuerdo con sus características y disponibilidad actual, representan solo 40 por ciento de esas 300.000 hectáreas necesarias, por lo que se apelará al uso de otras tierras no aptas y hoy utilizadas para la agricultura y el pastoreo, añadió.
[related_articles]
Tras una larga controversia que tensó al máximo el vínculo entre Buenos Aires y Montevideo, la cancillería argentina presentó en mayo una queja ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por la construcción de las fábricas de la empresa finlandesa Botnia y la española ENCE y un puerto en la ciudad sudoccidental uruguaya de Fray Bentos, sobre la margen oriental del río Uruguay.
Buenos Aires esgrime preocupaciones ambientales para oponerse a la instalación de las plantas y pide al tribunal "una solución compatible con el ecosistema".
Los científicos explicaron a IPS que decidieron presentar el informe como "una contribución al debate sobre un tema en el que existe gran confusión y que es de primera importancia para el país", y considerando que "la ley orgánica de la Facultad la obliga a expedirse sobre los grandes temas nacionales".
El trabajo está elaborado sobre la base de datos aportados por estudios en otros países divulgados en revistas especializadas internacionales, así como en resultados de algunas investigaciones propias de la Facultad.
Alice Altesor, del Departamento de Ecología, explicó que el modelo forestal impulsado por las plantas tendrá efectivos negativos en el aire, el agua y el suelo de Uruguay.
Las forestaciones de eucalipto y pino aportan menos carbono al ecosistema natural de praderas en las que han sido implantadas que los pastizales, mientras que consumen hasta 50 por ciento más de agua, afectando el caudal de ríos y arroyos, y aumentan la acidez del suelo, además de despojarlo de otros nutrientes, indicó.
"Existen evidencias documentadas acerca de los efectos negativos del reemplazo de pastizales naturales por plantaciones forestales", señaló Altesor.
El informe alerta que "muchos de los cambios químicos (acidificación, salinización, pérdida de nutrientes) son irreversibles y comprometen seriamente la fertilidad y, por lo tanto, el potencial productivo de los suelos".
Además, "los pastizales naturales albergan 80 por ciento de la diversidad de especies vegetales del Uruguay y una alta riqueza de fauna asociada. La sustitución de la cobertura vegetal por una única especie, conlleva una severa pérdida de información ecosistémica y genética", así como "la aparición de especies exóticas que se comportan como invasoras", añade.
Por su parte, Néstor Mazzeo, docente de la Maestría de Ciencias Ambientales de la Facultad, se refirió a los efectos concretos de los efluentes de las fábricas en el río Uruguay, en base a estudios de organismos expuestos a las emisiones de plantas similares en 18 sitios diferentes de Suecia, Canadá y Estados Unidos.
En el proceso de obtención de pulpa de celulosa a partir de la madera se emplean, además de grandes cantidades de agua, varias sustancias químicas, como cloro o dióxido de cloro, soda cáustica, oxígeno o peróxido de oxígeno e hipoclorito de sodio, que generan organoclorados (dioxinas y furanos), muy tóxicos, persistentes y con capacidad de acumularse en organismos animales.
"La composición química de los efluentes es extremadamente heterogénea, y algo muy importante es que muchos compuestos aún no han sido identificados. Se desconoce la naturaleza de muchos compuestos presentes", dijo Mazzeo.
"Una respuesta muy clara y un patrón general que se ha observado es que 80 por ciento de los organismos (acuáticos) estudiados sufrieron un retardo en su proceso de maduración sexual" a pesar de un aumento general de su tamaño, indicó.
Esto quiere decir "hay una buena disponibilidad de alimento, pero algo en el ambiente impide que parte de la energía que obtienen estos organismos la puedan destinar a las funciones reproductivas", explicó, y añadió que también puede ocurrir un problema de oxigenación para varias especies.
Mazzeo subrayó que los compuestos peligrosos, de baja solubilidad y resistentes a la degradación, se han constatado en efluentes de diferentes plantas de celulosa, desde las que usan el sistema Libre de Cloro Elemental (ECF, por sus siglas en inglés), que libera menos organoclorados, hasta los que utilizan la tecnología Totalmente Libre de Cloro (TCF).
Las empresas ENCE y Botnia informan en sus respectivos estudios de impacto ambiental que emplearán un sistema de producción de celulosa Kraft (proceso químico que utiliza sulfato en la digestión de la madera) con blanqueo ECF.
El informe incluye una serie de sugerencias al gobierno del presidente Tabaré Vázquez para seguir de cerca el impacto de las plantas y aconseja más tratamientos de los efluentes que los previstos en los planes de las empresas para reducir su toxicidad.
El gobierno minimizó las conclusiones del informe señalando que se trataba sólo de "una recopilación de bibliografía".
Los datos incluidos en el trabajo "se refieren a experiencias en otros lugares. Es una revisión bibliográfica con información que no corresponde al Uruguay. Las condiciones del río Uruguay son diferentes a la de los ríos estudiados, y las especies analizadas son también distintas a las que hay aquí", indicó a IPS la directora Nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres.
Por otra parte, la funcionaria dijo que las recomendaciones hechas en el estudio son "un calco" de las medidas adoptadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ante estos proyectos, y anunciadas en su sitio web.
Torres se reunió con los científicos el lunes, y les manifestó su "sorpresa por la oportunidad" del informe.
Se estima que este mes el tribunal de La Haya podría pronunciarse sobre el primer pedido efectuado por Argentina: la suspensión preventiva de las obras de las empresas Botnia y ENCE.
