La segunda fase del polémico proyecto gasífero peruano de Camisea afronta oposición en el gobierno y el Senado de Estados Unidos, cuyo voto es crucial para la financiación solicitada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En una audiencia pública presidida por el senador Richard Lugar, el subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Clay Lowery, criticó la explotación del gas en la Amazonia peruana por sus impactos negativos en las comunidades nativas y en el ambiente.
En una sesión convocada el miércoles por Lugar para escuchar testimonios sobre proyectos energéticos problemáticos, y en los que está en juego dinero de los contribuyentes estadounidenses, Lowery lanzó un cubo de agua fría sobre las expectativas de compañías involucradas en la segunda parte del polémico proyecto Camisea.
La primera fase del proyecto, un gasoducto de 720 kilómetros desde los yacimientos en la sureña región de Cuzco hacia la costa occidental sobre el océano Pacífico, estuvo marcada por la controversia pues experimentó cinco roturas y derrames en menos de dos años de funcionamiento.
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Luego de cuestionar los efectos ambientales y sociales de Camisea, Lowery dijo que Washington todavía no había decidido su voto respecto del crédito de 400 millones de dólares solicitado al BID por el consorcio que tiene previsto instalar una planta de licuefacción y un muelle para la exportación de gas.
En el consorcio Perú LGN participan, entre otras poderosas compañías, la estadounidense Hunt Oil, la española-argentina Repsol YPF, la argelina Sonatrach, la coreana SK Corporation y la argentina Pluspetrol, que han estimado una inversión de 720 millones de dólares para la construcción de una central y un muelle en la localidad de Cañete, en el sur de Lima. El proyecto es conocido como Camisea II.
A la audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense fueron invitados el ex ministro de Energía y Minas de Perú, Carlos Herrera Descalzi, experto en el caso Camisea, y el representante de Perú y de otros cinco países ante el directorio del Banco Mundial, Jaime Quijandría, quien durante el saliente gobierno de Alejandro Toledo ocupó esa cartera y la de Economía..
Herrera Descalzi dijo a IPS que el subsecretario Lowery "usó una expresión diplomática para dejar abierta la posibilidad de que Estados Unidos no respalde el crédito para Camisea II, porque si su país está dispuesto a apoyar el préstamo, Lowery no habría tenido problema en decirlo".
En su exposición, Herrera Descalzi resaltó que el Estado peruano fue muy débil para exigir al consorcio de Camisea la ejecución de medidas para controlar el impacto negativo del gasoducto sobre las comunidades indígenas, así como para mitigar el daño al ambiente.
También dijo que hasta el momento, la prometida reducción del costo de la energía eléctrica, como resultado del masivo consumo de gas natural de Camisea, no se ha producido. "Uno de cada cuatro peruanos carece de energía eléctrica, por lo tanto Camisea no ha sido beneficioso hasta ahora para los más pobres".
El ex ministro de Energía y Minas resaltó además que el Estado peruano fue débil para sancionar drásticamente al consorcio por las continuas roturas de la tubería de transporte del gas líquido, "no obstante que se ha determinado que existe responsabilidad de la empresa".
Por su parte, Quijandría, un ex ministro que trabajó para la filial peruana de la ex compañía petrolera argentina YPF, reconoció ante el comité del Senado que en la ejecución de la primera parte del proyecto Camisea —con un costo total de 1.600 millones de dólares—, fueron afectados pobladores indígenas que habitan en los alrededores del centro de explotación en la selva, así como el ambiente.
"El proyecto Camisea tuvo efectos negativos sobre la gente que vive en el área", sostuvo Quijandría, de acuerdo con su exposición por escrito cuya copia obtuvo IPS. "En particular, los indígenas que habitan cerca de la infraestructura de explotación son los más afectados".
Quijandría incluso reconoció que el daño de los habitantes se dio desde el principio de la explotación del yacimiento. "El impacto más severo fue para algunas de las poblaciones indígenas que no habían tenido contacto con el mundo exterior hasta que el proyecto se inició", apuntó.
El ex ministro, ahora representante del Banco Mundial, llegó a reivindicar las recomendaciones que hizo el informe de la Defensoría del Pueblo, que en marzo de este año cuestionó con severidad a los inversionistas de Camisea por las violaciones de los más elementales derechos de los nativos, como no haber prevenido la difusión de enfermedades desconocidas por ellos y abandonar en la selva desechos tóxicos.
Pero todos esos hechos "son lecciones aprendidas que se aplicarán en la segunda parte del proyecto", argumentó Quijandría.
De paso, puso paños fríos al eventual rechazo de Washington a la solicitud del préstamo de 400 millones de dólares para la segunda fase.
Quijandría dijo que si Estados Unidos, quizás presionado por organizaciones no gubernamentales ambientalistas, no respaldaba el préstamo requerido al BID, el proyecto Camisea II no se detendría porque los inversionistas tienen previsto buscar otras fuentes de financiamiento.
El subsecretario Clay Lowery también criticó al BID por limitarse a tareas de ventanilla de préstamos cuando su contribución debía consistir en verificar que los fondos fueran destinados a proyectos de desarrollo sin daños colaterales.
En septiembre de 2003, el BID aprobó un préstamo de 74 millones para la primera fase de Camisea, pero impuso exigencias de control de daños ambientales y sociales que, según Lowery, no fueron suficientes.
Por eso el funcionario cuestionó el modelo del diseño del proyecto. Apenas este año, y tras la quinta fuga de la tubería que transporta gas líquido, el BID decidió aplicar dos auditorías completas a Camisea, una sobre infraestructura y otra social y ambiental.
A su turno, el presidente del Comité del Senado, Lugar, subrayó su preocupación por la decisión del gobierno de Toledo de destinar una parte de las regalías obtenidas por la explotación de gas a la constitución de un Fondo de Defensa Nacional para la compra de armamento.
Entre 2005 y 2025, las Fuerzas Armadas peruanas recibirán de esa fuente 2.250 millones para la modernización de sus equipos bélicos.
"El senador Lugar se preguntó por qué con dinero del gas de Camisea se iban a comprar armamentos si la idea del proyecto era impulsar el desarrollo", dijo a IPS Herrera Descalzi. "Fue un momento bastante incómodo, como cuando llamó la atención por los cinco derrames de gas líquido".
La audiencia se produjo tres semanas después de que una comisión investigadora del Congreso legislativo peruano aprobara un informe sobre las causas de las roturas del gasoducto de Camisea.
Bajo la presidencia del congresista Carlos Armas Vela, la comisión concluyó que el gobierno de Toledo apuró al consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP) para que cumpliera con el tendido de la tubería, de acuerdo con el informe al que tuvo acceso IPS.
Pero la comisión también responsabilizó a TGP por haber aceptado "negligentemente" las imposiciones del gobierno y no haber prevenido los eventuales daños en la infraestructura debido a la rapidez en la habilitación del proyecto.
Para la comisión investigadora, es necesaria una revisión del contrato entre el Estado peruano y TGP con la finalidad de contemplar drásticas sanciones en caso de que no se resuelvan los problemas de impactos negativos sociales y ambientales.
Portavoces de TGP negaron a IPS que el gobierno hubiera apresurado la terminación de las obras, "porque los plazos fueron acordados a la firma del contrato durante el gobierno de Valentín Paniagua y no de Alejandro Toledo".
Respecto de la revisión del contrato, los voceros dijeron que no estaba descartado que ambas partes se sentaran a ajustar algunos aspectos, al tiempo que recordaron que el acuerdo tiene una vigencia de 30 años, lo que garantiza sus inversiones por dicho periodo.
"La impresión del gobierno estadounidense es que Camisea no ha sido un proyecto exitoso", dijo a IPS Herrera Descalzi.
"Pero el subsecretario Lowery no se refería al aspecto económico, sino al social y ambiental. Hay una notoria preocupación, y no sólo por el daño a las comunidades indígenas y al ambiente, sino también por las dificultades que tiene el Estado peruano para fiscalizar un proyecto de desarrollo tan importante".
