La ONU, en el marco de su lucha por eliminar la corrupción de su sistema de compras, ha gastado alrededor de un millón de dólares en estudios legales y de consultoría para una investigación que hasta ahora dio pocos resultados.
El Comité de Contratos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) aprobó 485.000 dólares como anticipo destinado a una firma de Nueva York "para la provisión continuada de asesoramiento legal externo con el fin de representar al foro y a miembros del personal" hasta diciembre de este año..
Como resultado de investigaciones preliminares realizadas por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS), se les dio licencia administrativa con plena paga en enero pasado a ocho funcionarios. Pero hasta ahora no se presentó ni un cargo contra ellos, ni se los exoneró, dejándolos virtualmente en un limbo.
Esencialmente, tuvieron vacaciones pagadas durante los últimos seis meses.
El fiscal estadounidense para el Distrito Meridional de Nueva York asumió el control de las investigaciones y examina los cargos de intento criminal y presunto fraude contra algunos de los ocho funcionarios, si no todos.
[related_articles]
Pero dado que la Oficina de Asuntos Legales de la ONU no es capaz de predecir durante cuánto tiempo va a continuar la investigación, la firma legal contratada por la Secretaría General de la ONU aumentó sus tarifas, de 177.698 dólares (de febrero a abril de 2006) a un agregado de 485.000 dólares (hasta diciembre de 2006).
Mientras, la Secretaría ya gastó unos 500.000 dólares en una firma de consultoría de Nueva York para un informe de auditoría que investiga fraudes en las compras del sistema de la ONU, llevando el costo total del estudio a alrededor de un millón de dólares.
La Fuerza Independiente de Tareas de Compras, que opera bajo el paraguas de la OIOS, investiga unos 500 casos relacionados con las adquisiciones de la organización.
El único éxito significativo, hasta ahora, tiene que ver con el arresto de un alto funcionario de compras de la ONU, en agosto del año pasado, por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, y su declaración de culpable en una corte federal de ese país.
Un informe de la OIOS dijo a comienzos de este año que "hay evidencia sustancial de abusos en las compras para operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU que conducen a pérdidas financieras e imprecisiones significativas" en materia de planificación.
Las pérdidas totales citadas por la OIOS podrían alcanzar los 300 millones de dólares.
Pero según el subsecretario general Mark Malloch Brown, "hay un fuerte desacuerdo entre la OIOS y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz acerca de la metodología y calidad de las partes del informe, que necesitamos resolver".
Consultado sobre el estatus de los ocho funcionarios de la ONU, Malloch Brown dijo a IPS en una entrevista realizada en mayo: "Frustrados y todavía con licencia".
"Se les paga con nuestra insistencia. Pero la prudencia ligada a la reputación requiere que los mantengamos con licencia mientras esto se resuelve", afirmó, asegurando que no significa que haya "ninguna clase de hallazgos disciplinarios contra ellos o presunción de culpa, y esperamos fervientemente que algunos o todos ellos sean capaces de volver a trabajar".
"Tenemos que dejar que estas investigaciones sean completadas porque las acusaciones que generaron, no solamente a partir de la auditoría sino para algunos de ellos a partir de otras demandas planteadas a la OIOS, son especialmente graves", agregó Malloch Brown.
Singapur, uno de cuyos ciudadanos está entre los ochos miembros de la ONU que se encuentran bajo licencia administrativa, asumió un rol de liderazgo en presionar a la Secretaría General de la ONU para que expida la investigación.
El embajador de Singapur ante el foro mundial, Vanu Gopala Menon, dijo que las investigaciones deberían ser completadas de modo urgente. Como no se presentó cargos contra ninguno de los ocho funcionarios, existe "el factor del debido proceso y la decencia básica".
"Si todo esto fue una caza de gansos salvajes, también necesitaremos investigar las razones" de que así fuera, dijo Menon al comité administrativo y presupuestario de la ONU.
Dirigiéndose al mismo comité en junio, Raziff Aljuneid, de Singapur, señaló que, "pese a todos los recursos humanos y financieros que fueron destinados a esta investigación, parece extraño que ni una pizca de evidencia fuera aducida para sustanciar la presunta 'corrupción dominante' en la ONU y la 'evidencia sustancial de abuso en las compras'".
"La única conclusión lógica que uno puede extraer de esto es que, o bien no hay nada que encontrar, o bien todo el ejército de investigadores internos y otros son extremadamente incompetentes", agregó.
La investigación de la OIOS también tuvo reminiscencias de comedia de errores. Uno de los funcionarios de compras que está con licencia administrativa le escribió a la OIOS diciendo que la acusación en la que estaba involucrado en la concesión de cinco contratos a un vendedor estaba totalmente equivocada, porque él había estado apostado en el exterior durante ese periodo y no estaba relacionado con otorgar ningún contrato en Nueva York.
Como dijo Aljunied al comité administrativo y presupuestario de la ONU, "de modo aún más problemático, el principal auditor a cargo y el jefe de sección parecen haber estado conscientes de que el funcionario de compras no estaba en la sede de la ONU en Nueva York en ese momento, y que las acusaciones eran incorrectas", dijo.
La situación empeora, agregó, dado que el mismo funcionario también alegó que en el informe de la OIOS se lo acusaba de estar involucrado en hechos de corrupción ocurridos "en la sede de la ONU tres meses antes de que asumiera su cargo".
"Como pensamos que es dudoso que el funcionario estuviera en dos lugares al mismo tiempo, sólo podemos concluir que las acusaciones en el informe de la OIOS fueron errores bastante grandes. Y, lo que es incluso más alarmante, la OIOS no dio pasos para corregir estos errores ni siquiera después que fueron señalados", afirmó Aljunied.
En un documento destinado a la Asamblea General de la ONU, su secretario general, Kofi Annan, sostuvo que el valor de las compras del foro mundial aumentó significativamente en los últimos dos años, pasando de 1.000 millones de dólares a 1.700 millones, principalmente como resultado del incremento "sin precedentes" de las operaciones de mantenimiento de la paz.
"Ese aumento no fue acompasado por un incremento apropiado de los recursos humanos", añadió.
Annan se comprometió a adoptar "medidas concretas en una reforma de las compras", incluyendo fortalecer las medidas de control interno y optimizar la administración de compras de la ONU.
Entre las medidas más concretas, se encuentra una obligatoria formación ética, una política de protección a quienes denuncian irregularidades dentro de la organización, la transparencia de la situación financiera de todo el personal involucrado en actividades de compras y la reestructuración del comité encargado de los contratos.
