Activistas y analistas reaccionaron con escepticismo al anuncio del Departamento de Defensa de Estados Unidos de que tratará a los prisioneros en la base militar de Guantánamo, Cuba, de acuerdo con las Convenciones de Ginebra.
Mientras algunos grupos aplaudieron la decisión de aplicar las protecciones del Artículo Común 3 de las Convenciones, que rigen el derecho internacional humanitario, otros señalaron que el historial del gobierno de George W. Bush, y en particular su definición de trato "humano", les genera dudas de que haya una verdadera diferencia.
La desconfianza también fue alimentada por las declaraciones el martes del portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, quien negó que la decisión constituyera un cambio en las políticas anteriores de Washington, que le negaban esas protecciones a los detenidos por considerarlos sospechosos de terrorismo.
"Esto parece un ejercicio de relaciones públicas", señaló Scott Horton, profesor de derecho internacional en la Universidad de Columbia, quien jugó un importante papel en el debate sobre la aplicación de las Convenciones de Ginebra a la "guerra mundial contra el terrorismo" liderada por Estados Unidos.
"Dada nuestra experiencia tratando a esta administración y al Departamento de Defensa en estos asuntos por varios años, estamos mejor informados para ser escépticos y cautelosos", dijo a IPS.
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Las Convenciones de Ginebra son la base legal del derecho internacional humanitario, referido a la defensa de los civiles afectados por conflictos armados y a la protección de los prisioneros de guerra.
El gobierno de Bush había afirmado hasta ahora que los confinados en Guantánamo, la mayoría de ellos detenidos a raíz de la invasión a Afganistán en 2001, no merecen la protección de las Convenciones pues son "combatientes enemigos" y no "prisioneros de guerra".
Horton y otros analistas subrayaron que el anuncio del martes se aplica sólo a aquellos prisioneros bajo custodia militar, y no a los detenidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en cárceles secretas alrededor del mundo.
La CIA ha sido acusada de aplicar técnicas de tortura para obtener información de los detenidos, incluyendo la "tabla de agua" (waterboarding), método por el cual se ata al interrogado a una madera y se lo hunde en agua hasta el límite del ahogo.
"Es un paso significativo. Sin embargo, exhortamos a que esas protecciones básicas se apliquen a todos los detenidos, incluyendo a los que están bajo custodia secreta de la CIA", dijo el director de la oficina estadounidense de la organización Amnistía Internacional, Larry Cox.
La decisión del Pentágono, que llegó en la forma de un memorando enviado por el subsecretario de Defensa, Gordon England, a los mandos militares, fue tomada luego de que la Corte Suprema dictaminó que el gobierno de Bush carecía de autoridad constitucional para establecer tribunales militares para sospechosos de terrorismo sin la explícita aprobación del Congreso legislativo.
También estableció que todos los detenidos en la "guerra contra el terrorismo" debían ser sometidos a las protecciones del debido proceso garantizadas por el Artículo 3 de las Convenciones de Ginebra, que también impone sanciones a los tribunales que no provean "garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados".
Además, el Artículo 3 exige que todos los detenidos sean tratados "humanamente" bajo toda circunstancia, y prohíbe "atrocidades contra la dignidad personal, en especial el trato humillante y degradante".
En febrero de 2002, una directiva elaborada por el Departamento de Justicia, el Pentágono y la Casa Blanca indicaba que las pautas fijadas en el Artículo 3 de las Convenciones de Ginebra no se aplicaban "a los detenidos de (la red terrorista) Al Qaeda ni del (movimiento islamista afgano) Talibán".
En cambio, establecía que los detenidos debían ser tratados "humanamente y, en la medida apropiada y consistente con la necesidad militar, en una forma consistente con los principios de Ginebra".
Desde entonces, la administración Bush insiste en que todos los prisioneros son tratados "humanamente", a pesar de la inundación de informes de grupos defensores de los derechos humanos, de los abogados de ex detenidos y del propio Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre prácticas de tortura que van desde humillaciones sexuales hasta ataques físicos.
Un informe de 2005 del Comando Sur de Estados Unidos, que tiene jurisdicción sobre Guantánamo, indicaba que estas prácticas habían sido revisadas y fueron consideradas "humanas".
"El problema es que secuestraron el término 'humano' y le dieron un significado que no comparte nadie en el mundo. Toman las palabras que todos creemos entender y le dan un significado opuesto y secreto", dijo Horton.
El analista señaló que las declaraciones de Snow y de otros funcionarios de Washington el martes fueron una evidencia de que el memorando de England no tendrá impacto sustantivo en el tratamiento de los detenidos.
"No es un cambio de políticas", subrayó Snow, mientras el portavoz del Pentágono, Brian Whitman, aseguró que "el trato humano ha sido siempre la pauta para las operaciones de detención e interrogatorio del Departamento de Defensa".
Estas declaraciones preocuparon a Ari Cover, experto de la organización Human Rights First, quien señaló que el memorando de England se refiere directamente a las órdenes impartidas por Bush en 2002.
"Mi pregunta es ¿cómo estos dos memorandos cuadran uno con otro?", señaló, y sostuvo que esta falta de claridad refleja la continuación del debate interno entre el ala más conservadora de la administración, encabezada por el vicepresidente Dick Cheney, quien se opone a las protecciones de Ginebra, y el Departamento de Estado (cancillería), más propicio a respetar los acuerdos internacionales.
