Para unos, está amenazado el principio de igualdad política y jurídica, base de la Constitución brasileña. Para otros, se trata de afrontar esa igualdad no como un «principio vacío» sino como meta que se alcanzará con acciones afirmativas a favor de etnias marginadas.
La inminente aprobación de una ley que establece cuotas obligatorias para negros e indígenas en las universidades estatales y del Estatuto de Igualdad Racial, que define políticas públicas de promoción de las etnias discriminadas, provocó un repunte de las polémicas sobre cómo combatir el racismo y las desigualdades en este país de más de 186 millones de personas.
El proyecto de ley de cuotas (que desfila por el Congreso legislativo desde 1999 y que debería ser votado en primer lugar en la cámara baja) destina la mitad del cupo de universidades estatales a alumnos que frecuentaron la red pública de enseñanza, reservando una parte proporcional del mismo a negros e indígenas.
El Estatuto, en trámite parlamentario desde 1995 y aprobado por el Senado en 2005, tiene fines más amplios: un fondo de promoción de etnias marginadas, medidas para reducir la desigualdad salarial, elevar los contratos de negros en la función pública, mecanismos para asegurar ascensos en sus carreras y estímulos a empresas que empleen y otorguen cargos de jefatura a personas afrodescendientes, entre otros.
Un manifiesto de 114 intelectuales pide a diputados y senadores que rechacen esas legislaciones, que definirían derechos "en base a la tonalidad de la piel", negando la igualdad constitucional de los ciudadanos y posiblemente estimulando "el conflicto y la intolerancia", en lugar de eliminar el racismo, pues otorgan "respaldo legal al concepto de raza".
El documento titulado "Todos tienen derechos iguales en la República Democrática" y firmado por profesores universitarios, el cantante y compositor Caetano Veloso y el poeta Ferreira Gullar, desató una ola de manifestaciones colectivas e individuales, especialmente en el mundo académico, desde que fue divulgado tres semanas atrás.
El uso de criterios raciales representaría un retroceso, al instituir al negro como un ente jurídico, dividiendo a los ciudadanos en razas con derechos distintos, en un país que jurídicamente ignora las razas y castiga duramente las conductas racistas, sostiene desde hace tiempo uno de los firmantes, el antropólogo británico Peter Fry, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y autor de un libro sobre racismo en la historia.
"La invención de razas oficiales" puede sembrar racismo y "bloquear el camino de la solución real de los problemas de desigualdad", afirma el manifiesto de los 114, apuntando como vía efectiva "la construcción de servicios públicos universales de calidad" en educación, salud, previsión y generación de empleos.
La réplica apareció algunos días después en el "Manifiesto a favor de las leyes", también dirigido a los parlamentarios y firmado por 330 intelectuales e instituciones del movimiento negro, entre ellos el dramaturgo Augusto Boal, autor del Teatro del Oprimido, el novelista Paulo Lins y Edna Roland, relatora de la Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en la ciudad sudafricana de Durban en 2001.
La "igualdad puramente formal" decretada por la primera Constitución de la república brasileña, aprobada en 1891, tres años después del fin oficial de la esclavitud, condenó a la población negra a una completa desventaja con relación a los blancos, agravada por políticas de apoyo a los inmigrantes europeos y negadas a los afrodescendientes, recordaron los manifestantes.
Ese "racismo estatal", "intensificado en la sociedad brasileña a lo largo de todo el siglo veinte", está en la raíz de la desigualdad y la pobreza de los negros, destacaron.
En los últimos tiempos, estudios han comprobado la menor escolaridad, los menores salarios, el mayor desempleo y las peores condiciones de vida de los afrodescendientes, a la vez que identificaron a la enseñanza superior como la principal vía de ascenso económico y social.
Tales conclusiones impulsaron la lucha por las cuotas en las universidades, en las que negros e indígenas sufren una "exclusión extrema", observaron los defensores de acciones afirmativas, arguyendo que éstas ya se aplican en muchos países multiétnicos, como India, Malasia, Estados Unidos, Sudáfrica, Colombia y México.
Los negros brasileños tenían en 2000 un promedio de escolaridad más bajo que el de sus pares sudafricanos en la época del "apartheid", el régimen supremacista blanco abolido en 1994. Los profesores negros en universidades públicas brasileñas no alcanzan hoy a uno por ciento del total, proporción también inferior a la de Sudáfrica en su pasado de segregación racial, señalan los manifestantes.
Los que se oponen a las cuotas y al Estatuto de Igualdad Racial "no presentan ninguna propuesta concreta de inclusión social", pues declarar principios universalistas representa repetir "el inmovilismo" de la Constitución de 1891, dejando en "un futuro incierto" el acceso equitativo a educación, riquezas y servicios del Estado brasileño, concluyen.
Hay argumentos verdaderos a ambos lados de esa polémica, pero los contrarios a las leyes propuestas pecan de "no reconocer una realidad", que la división racial ya existe, dijo a IPS Joel Rufino, conocido intelectual negro, escritor, historiador y profesor jubilado de literatura en la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Decir que esas normas "quebrarán la unidad de los brasileños es formular un deseo y no ver la realidad" que se confirma en la persistencia del movimiento negro que reclama igualdad racial en Brasil hace un siglo, acotó.
La idea de que hay democracia racial en Brasil ya fue sepultada, la discriminación es evidente en el hecho de que los indicadores sociales de la población en general mejoraron en los últimos cien años, pero no la situación de los negros, afirmó.
Ello hace necesarias las acciones afirmativas, sean cuotas universitarias u otras medidas variadas, concluyó Rufino, destacando algunas ya materializadas como las becas para preparar a estudiantes negros para la carrera diplomática, de la que estaban totalmente excluidos hasta la década pasada.
Las acciones afirmativas vienen multiplicándose desde 2001, y 30 universidades públicas ya adoptaron cuotas u otros mecanismos que favorecen a los negros, los indígenas y los pobres.
