Organizaciones de consumidores de América Latina y el Caribe, reunidas desde el lunes en la capital chilena, debatieron e intercambiaron experiencias sobre consumo sustentable, celebrando el «despertar ciudadano» en Chile, aunque criticando la actitud asumida hasta ahora por el gobierno y las empresas privadas del país.
"Es muy difícil cambiar los hábitos de consumo de las personas", señaló Maite Cortés, del Colectivo Ecologista de Jalisco, México, en el taller "Ciudadanía Ambiental y Consumo Sustentable", organizado el miércoles por la red no gubernamental Consumers International.
La ecologista llegó a esa conclusión después de trabajar durante 20 años en la integración del campo con la ciudad, a través de la venta y difusión de productos orgánicos.
El encuentro donde expuso Cortés fue parte de la III reunión de la Red de Organizaciones de Consumidores de América Latina y el Caribe, que partió el lunes en la capital chilena y que finalizará este viernes, con el objetivo de intercambiar experiencias de consumo sustentable de Cuba, Ecuador, México, Perú, Costa Rica, Argentina y Chile.
Esta red se conformó con motivo del proyecto Ciudadanía Ambiental Global, financiado desde hace tres años por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
La iniciativa también contempla a otras cinco redes, integradas por radios comunitarias, autoridades locales, iglesias, parlamentarios y educadores, a través de las cuales se busca crear y aumentar el compromiso ambiental de la población, incentivando el consumo sustentable.
Cada una de ellas ha basado su trabajo en cuatro grandes temas: diversidad biológica, cambio climático, deterioro de la capa de ozono y aguas internacionales.
Según explicó a IPS Luis Flores, de Consumers International, el proyecto consta de tres etapas: primero, las redes se reunieron para elaborar material educativo, después realizaron talleres de capacitación y difusión de estos manuales y, finalmente, desarrollaron actividades demostrativas en sus localidades de origen.
"Hasta ahora, el principal resultado ha sido crear conciencia, ya que el nivel de conocimiento de estas materias en América Latina y el Caribe es muy bajo", afirmó Flores.
Cecilia Mandiola, de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), explicó que la todavía insuficiente convocatoria ciudadana y la escasez de fondos para realizar actividades educativas son los principales problemas que deben enfrentar organizaciones como la suya en América Latina.
A pesar de lo anterior, Aspec emprendió, en el marco del proyecto Ciudadanía Ambiental Global, una serie de iniciativas de capacitación en las ciudades peruanas de Trujillo, Guanaco, Arequipa y la capital Lima.
Entre las actividades realizadas se destaca un concurso de pancartas alusivas a los cuatro grandes temas del proyecto (donde participaron 14.000 estudiantes), la organización de bicicletadas y ventas de productos orgánicos, la confección de un manual sobre consumo y cambio climático y una maqueta que representa el efecto invernadero.
También participaron en la elaboración de la Estrategia Nacional de Ciudadanía Ambiental.
Juan Carlos Cucacovich, coordinador de la Campaña de Ingeniería Genética de Greenpeace Chile, invitado al taller a exponer sobre la situación de los productos transgénicos en el país, advirtió que en este país "existe un gran distanciamiento entre la ciudadanía y las empresas, con el decidido apoyo del gobierno".
A modo de ejemplo, el experto dijo a IPS que "miles de personas le han formulado reiteradas veces a (la transnacional de origen suizo) Nestlé que elimine los ingredientes transgénicos de sus productos y que deje de tener una política doble estándar en el país", considerando que en Europa accedió a hacerlo en respuesta a las movilizaciones ciudadanas.
Según Cucacovich, la ciudadanía ha obtenido un mayor respaldo de los parlamentarios, que hace dos semanas aprobaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre etiquetado de productos transgénicos, que ahora debe discutirse en el Senado.
Desde 2004, Greenpeace ha organizado numerosos y creativos actos de protesta en Santiago y otras zonas del país, que han sido censurados en varios medios de comunicación, inclusive en el canal de televisión estatal, por atacar a sus principales anunciantes.
"La gente pide más información para saber qué comprar", afirmó el profesional, criticando la nula acogida que esta demanda tuvo en el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).
Precisamente, la intención de la actual presidenta Michelle Bachelet de revertir esta situación fue comentada por Solange Daroch, jefa del departamento de educación ambiental y participación ciudadana de la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Esta institución pretende, antes de 2010, "superar la inequidad existente en lo relativo al acceso a la información y a la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales, a través de la reformulación de los actuales instrumentos y el fortalecimiento de la gestión ambiental local".
Hasta ahora, gracias al proyecto Ciudadanía Ambiental Global, este país ha perfeccionado sus currículos escolares, está trabajando en la campaña "Hogar no tóxico", junto a la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, y está afinando la política de Educación para la Sustentabilidad, entre otras iniciativas.
En tanto, Bruno Bellati, de la agrupación Acción por los Cisnes, celebró a IPS el llamado "despertar de la ciudadanía chilena", ya que en los últimos años personas de distintas regiones del país se han organizado para protestar por diversos temas: desde conflictos ambientales hasta problemas con la educación y la delincuencia.
Acción por los Cisnes, que hoy agrupa a 4.000 personas, nació en 2004 para protestar por la contaminación del humedal del Río Cruces, en la X región de Los Lagos, que causó la muerte de cientos de cisnes de cuello negro, producida por los desechos vertidos por la planta de Celulosa Arauco y Constitución.
Finalmente, Jorge Polimeni, de la Secretaría de Medio Ambiente de Costa Rica, dio a conocer a los asistentes el programa de certificación ambiental, conocido como Bandera Ecológica, que desde 1998 realiza el gobierno de su país.
En este caso, la preocupación del Estado por la responsabilidad ambiental de las empresas se condice con la magnitud del movimiento ciudadano costarricense, que cuenta con más de 10.000 organizaciones dedicadas al tema.
La certificación la realiza el Estado, a través del Ministerio de Ambiente, siendo equivalente en un 95 por ciento a la norma ISO 14.000, aunque sólo tiene validez dentro del país. A la fecha se han certificado 188 firmas (de un total de 220 postulantes), de los más diversos rubros, y se espera que el número siga creciendo en los próximos años.
