Mientras en el puerto canadiense de Vancouver se reunía el III Foro Urbano Mundial examinando soluciones para mejorar la vida de mil millones de habitantes de tugurios en el mundo, en inmediaciones de Cali, occidente de Colombia, fuerzas de la policía desalojaban a sangre y fuego a personas sin techo, ante el fracaso de una solución negociada.
El 16 de junio a las cuatro de la mañana, unos 900 hombres de la policía local iniciaron el desalojo de un número indeterminado de personas, entre 600 (según el diario El Tiempo) y 1.200 familias (según organizaciones no gubernamentales), que se habían instalado cuatro meses atrás en un terreno del Estado en el distrito de Aguablanca, oriente de Cali.
Treinta años atrás, en 1976, la Declaración de Vancouver estableció el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y su mandato de promover la dignidad y la calidad de vida de todos los habitantes de centros urbanos.
Treinta años atrás arribaron los primeros habitantes de Aguablanca, aledaña a Cali, capital de uno de los departamentos más prósperos de Colombia, el Valle del Cauca, 510 kilómetros al sur-occidente de Bogotá.
Aguablanca se ha convertido en un cinturón de miseria de Cali —que tiene casi 2,5 millones de habitantes—, y alberga un creciente número de desempleados, empleados informales y desplazados internos que llegan allí huyendo de la violencia política del campo.
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Muchas familias no tienen vivienda propia, o viven en casas sin los servicios básicos o en condiciones de hacinamiento. Para presionar a las autoridades, los "destechados" invadieron el predio estatal contiguo al Hospital Isaías Duarte, en el que construyeron precarios campamentos sin ningún tipo de saneamiento básico y utilizaron sus recursos naturales para proveerse de leña para cocinar.
Las autoridades rechazaron su permanencia en ese terreno, un humedal y corredor ecológico donde se planea construir un parque ecológico, pero sostuvieron negociaciones con el fin encontrar una alternativa habitacional.
Según Marta Ascuntar, coordinadora regional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), los sin techo habrían rechazado una propuesta gubernamental de adjudicarles entre 120 y 150 viviendas, debido a que no eran totalmente gratuitas. Según portavoces de la Alcaldía de Cali, dicha propuesta nunca fue presentada.
Lo cierto es que la alcaldía fijo el día 16 de junio como fecha límite para que los ocupantes desalojaran el predio voluntariamente.
"Es doloroso dejar a familias sin techo, y por ello antes de hacerse el desalojo se realizaron conversaciones con la Gobernación del Valle, el Hospital Isaías Duarte, la Policía Metropolitana y el padre (sacerdote) Alfred Walter, para no dejar prosperar una invasión en torno a un hospital", dijo el alcalde de Cali, Apolinar Salcedo Caicedo, en un comunicado de prensa.
Ascuntar afirmó a IPS que funcionarios de la Personería (entidad del Estado a cargo de la veeduría ciudadana y defensa de los derechos humanos) estuvieron presentes al inicio del desalojo, pero cuando se retiraron irrumpieron fuerzas de la Tercera Brigada del Ejército y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.
Algunas familias levantaron sus enseres y se trasladaron, pero al no lograrse el desalojo total, el Esmad lanzó gases lacrimógenos y prendió fuego a los precarios campamentos construidos con guadua (una especie de bambú). El humo y los gases fueron demasiado nocivos para los débiles y desnutridos organismos de los niños de estas míseras familias.
Luis Ángel Riascos Cuero, un bebé de seis meses, fue llevado de urgencia al hospital Carlos Holmes Trujillo, donde fue atendido y dado de alta el domingo. Sin embargo, el lunes falleció. Las causas de la muerte son investigadas por los médicos forenses del instituto de Medicina Legal.
Según Ascuntar, aun cuando se determinara que la muerte fue por desnutrición, la causa verdadera es la toxicidad de los gases, pues la población infantil sufrió vómitos, diarrea e infección gastrointestinal.
Otros niños y niñas tuvieron que ser atendidos de urgencia en distintos hospitales y centros de salud cercanos. Siete días después del violento desalojo permanece hospitalizado otro bebé de siete meses, José Miguel Burbano Calvo.
Una niña de un año y nueve meses se recupera de una contusión en la frente recibida cuando un agente del Esmad erró un golpe que iba dirigido a su madre, según testimonios recogidos por el CSPP, una fundación cuyo ámbito de acción abarca la defensa de los derechos humanos en todo el país.
Algunos adultos también sufrieron contusiones en medio de los forcejeos con los miembros de la policía y del ejército, y fueron detenidos temporalmente en instalaciones policiales.
Luego del desalojo, algunas familias encontraron refugio en casas de amigos o familiares. Sin embargo, cerca de 500 personas no contaron con esa alternativa, y tuvieron que regresar al mismo predio. Se repitió entonces un segundo desalojo violento.
En la madrugada del jueves, la policía retornó al lugar y esta vez quemó totalmente los incipientes campamentos levantados por los sin techo.
Unos 100 de ellos acampan en la plazoleta del gubernamental Centro Administrativo Municipal de Cali, como medida de presión, mientras las autoridades civiles y de seguridad de la ciudad estudian una salida que, a diferencia del desalojo, garantice el cumplimiento del derecho a una vivienda digna.
El III Foro Urbano Mundial, convocado bajo el lema "Nuestro futuro: Ciudades sostenibles", debatió en cinco días ideas, proyectos y experiencias para hacer de las ciudades un mejor lugar para vivir, a sabiendas de que "mil millones de personas viven en la miseria de los asentamientos precarios".
"La localización de la pobreza global se mueve hacia las ciudades en un proceso conocido como urbanización de la pobreza. En los próximos 30 años, la población de los asentamientos precarios se duplicará si fallamos en enfrentar el fenómeno adecuadamente", afirma la agencia de la Organización de las Naciones Unidas.
