La discriminación social y laboral contra los guatemaltecos que viven con VIH/sida se ha instalado con firmeza, mientras la expansión de la pandemia alcanzaba en 2005 a 61.000 personas en este país centroamericano.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) guatemaltecas e internacionales coinciden en afirmar que los portadores del VIH (virus de inmunodeficiencia human, causante del sida) son privados de los derechos básicos al trabajo, la educación y la salud.
Con la sola sospecha de que una persona es portadora de VIH "se despide a gente, se la degrada, no se le renuevan los contratos, y se viola su derecho a la salud y a la educación de sus hijos", afirma Cristina Calderón, responsable de la Fundación Fernando Iturbide, una ONG que trabaja en la prevención del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
"Hay empresas que obligan a sus empleados a realizarse la prueba (de detección del VIH) o que hacen el análisis (bacteriológico) sin autorización", indicó a IPS Claudia Arelí Rosales, de la organización Gente Positiva, una ONG que trabaja por la defensa del derecho de las personas que viven con VIH/sida
Un informe de Naciones Unidas de 2006, calcula en 61.000 los guatemaltecos viviendo con VIH en 2005, 6.000 más que en 2003, pero la cifra podría llegar a 100.000 según las estimaciones más pesimistas del informe. La población total de Guatemala es de 14,7 millones.
Según el gobierno, el aumento obedece a un mayor registro de los casos detectados debido al "incremento de los servicios de salud que ofrecen la prueba de detección de VIH". Así lo señaló a IPS Karina Arriaza, coordinadora del Programa de Prevención y Control del VIH del Ministerio de Salud.
Arriaza negó que "la epidemia se haya disparado" y aseguró que se mantiene "concentrada", es decir, que afecta principalmente al grupo de personas con prácticas calificadas como riesgosas, tales como trabajadores sexuales de ambos sexos y homosexuales.
En tanto que Rosales calificó de "crónica de una muerte anunciada" el aumento de casos de VIH y sostuvo que éste era consecuencia de la poca voluntad política para aplicar la normativa, que exige informar sobre el sida en los colegios a partir de quinto año del nivel primario, cuando los niños tienen once años.
Precisamente, los jóvenes y los maestros serán los mayores beneficiarios de la campaña denominada "Más derechos, menos discriminación", que cuenta con financiación de la ONG británica Plan Internacional, y el apoyo de las organizaciones guatemaltecas Gente Positiva y Gente Nueva.
El programa, que fue presentado este mes y que se extenderá durante tres años, está enfocado a la formación de unos 1.000 maestros y a la sensibilización de 32.000 estudiantes de primaria, así como de 30.000 jóvenes entre 10 y 18 años, que se encuentran fuera del sistema educativo.
No obstante, la campaña se desarrollará solamente en tres de los 22 departamentos de Guatemala, concretamente en 178 comunidades de Escuintla, Santa Rosa e Izabal, en el sur, sureste y oriente del país, respectivamente.
Calderón, de la Fundación Fernando Iturbide, lamentó que durante la campaña no se utilice la radio, ya que a través de este medio de comunicación se podría abarcar todo el territorio guatemalteco y transmitirse en las diferentes lenguas indígenas para llegar a todas las comunidades.
La tendencia al aumento de casos de VIH/sida podría revertirse, como lo propuso la comunidad de naciones en los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en el año 2000.
Para el Ministerio de Salud, "la esperanza es que los tratamientos antirretrovirales se den con una adherencia adecuada", señaló la funcionaria de la autoridad sanitaria, quien agregó que "otra esperanza de revertir el curso de la epidemia es un cambio hacia los comportamientos sexuales responsables, es decir abstinencia sexual, fidelidad mutua y uso correcto y constante del condón".
Las campañas informativas en Guatemala suelen ser controvertidas dado el tabú sobre el uso del preservativo y la oposición a su promoción que ejercen las influyentes iglesias católica y evangélica.
De hecho, las estrategias de prevención gubernamentales incluyen el uso del preservativo como método secundario, precedido por la abstinencia y la fidelidad.
"Nunca se verá a un ministro de salud recomendar pública y abiertamente el preservativo", afirmó Calderón.
El tratamiento del sida es gratuito en Guatemala, tanto el que se ofrece a través de organizaciones sin ánimo de lucro, como Gente Positiva, Gente Nueva, Médicos Sin Fronteras y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, como el que brinda el Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS) a sus afiliados. El costo de los medicamentos de los pacientes atendidos por el IGSS también está a cargo del Estado, si bien son habituales las críticas por desabastecimiento de medicinas.
Pero la prueba de detección del VIH no está al alcance de todos los guatemaltecos. Ilda Quiej, jefa de la misión en Guatemala de Médicos Sin Fronteras – Francia, explicó que "no es tan fácil hacerse la prueba, no es popular y hay que pagar entre 60 y 120 quetzales (entre 8 y 10 dólares)".
Según el Ministerio de Salud, en Guatemala se brinda tratamiento a 3.699 personas adultas y a 620 niños en la capital y en los departamentos de Izabal (Caribe) y Quetzaltenango (Pacífico).
El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, que desarrolla desde hace dos años un programa para reducir la morbilidad y mortalidad del VIH en Guatemala, ha anunciado recursos que permitirían ofrecer tratamiento integral a 7.525 personas para 2009, fecha en que finaliza el plan.
"Entonces esas personas deberán pasar al sistema nacional de salud, porque una vez comenzado el tratamiento no se puede abandonar", expresó Rosales, quien teme que el Estado no pueda absorber a todos los enfermos del programa.
Según Calderón, hay 8.000 personas que necesitan tratamiento urgentemente y cerca de la mitad podrían morir si no lo obtienen. Además, criticó la falta de seguimiento a los enfermos y de aplicación de pruebas de detección del VIH a mujeres embarazadas, que permiten evitar la transmisión vertical, es decir de madre a hijo.
Mientras algunas ONG apuestan a la educación mediante campañas preventivas, otras recurren a medidas legales, como la Fundación Fernando Iturbide, que presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por "la discriminación que supone la falta de tratamiento universal en Guatemala y la ausencia de voluntad política del gobierno". Miembros de la Comisión llegarán a Guatemala para investigar el caso el 20 de julio próximo.
