El uso continuado de la pena de muerte en Estados Unidos siembra asperezas en el vínculo entre este país y sus aliados y obstaculiza la guerra contra el terrorismo, según expertos en derechos humanos.
Cada vez más gobiernos se niegan a extraditar a sospechosos a países como Estados Unidos y China, pues no le dan a sus contrapartes la garantía de que los reos no serán ejecutados.
Esta resistencia llevó al gobierno de George W. Bush a recurrir a acciones equivalentes al secuestro para eludir las normas internacionales sobre extradición.
Se trata del mecanismo denominado "entregas extraordinarias" ("extraordinary renditions"), por el cual se captura a sospechosos de terrorismo y se los transfiere a terceros países sin pasar por los tribunales, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) e incluso el Consejo de Europa.
"Dada la creciente cantidad de países que le han dado la espalda a la pena de muerte —124 son abolicionistas por ley o de hecho— Estados Unidos se encuentra cada vez más aislado en este asunto fundamental", dijo a IPS Rob Freer, de Amnistía.
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La persistente aplicación de la pena máxima ha socavado la autoridad moral de Washington ante la comunidad internacional, agregó. "La proclamación de Estados Unidos como campeón mundial de los derechos humanos suena más vacía con cada ejecución", agregó Freer.
Según los cálculos de Amnistía, la mayoría de los gobiernos del mundo, incluidos los europeos y los de Líbano y Canadá, se han negado a extraditar sospechosos a Estados Unidos cuando no hay previas garantías de que el fiscal no pedirá pena de muerte y de que un tribunal no impondrá la pena.
Alemania rechazó en diciembre el pedido de extradición del libanés Mohammed Ali Hamadi —en libertad condicional luego de cumplir 19 años de la cadena perpetua a la que se lo condenó por el secuestro de un avión en 1985—, pues corría riesgo de ir al cadalso en Estados Unidos por el asesinato de un buzo de la armada durante la operación.
El fiscal general Alberto González pidió personalmente que no se liberara al terrorista, pero el gobierno alemán rechazó el pedido. Hamadi se encuentra en Líbano, país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos.
Desde 1990, cada año tres países, en promedio, disponen el fin de la pena de muerte en promedio, calculó Amnistía. También desde entonces, un preso es ejecutado cada semana en Estados Unidos.
Esa es una de las razones por la cuales Estados Unidos tiene problemas para arrestar a presuntos terroristas fuera de sus fronteras. Las dificultades persistieron incluso después de los atentados que acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.
En noviembre de ese año, España se negó a extraditar a Estados Unidos a ocho supuestos miembros de la red terrorista Al Qaeda, a la que se atribuyeron los atentados, por el riesgo de que fueran ejecutados o juzgados por tribunales militares especiales.
La Secretaría (ministerio) del Interior de Gran Bretaña también confirmó a IPS que nadie sería extraditado a Estados Unidos sin que se le asegurara de que no sería sometido a la pena capital.
Como los países no entregarán sospechosos sin esa garantía, Estados Unidos procura eludir los procedimientos formales de extradición, dijo a IPS Anjana Malhotra, coautora del informe de HRW titulado "Testigo de abuso: Los abusos a los derechos humanos bajo la Ley de Testigo Material desde el 11 de septiembre".
Estados Unidos recurrió a las "entregas extraordinarias" para interrogar a sospechosos en países donde la tortura es un mecanismo habitual, con lo cual viola la legislación internacional, según el estudio de HRW. La estrategia podría obstruir el proceso judicial, agrega.
Sospechosos que pudieron haber sido sometidos legalmente a un juicio de acuerdo con las leyes estadounidenses e internacionales podrían solicitar la anulación del procedimiento porque fueron interrogados de modo ilegal, según explicaron expertos.
"El gobierno de Bush puso en entredicho la posibilidad de procesar a supuestos terroristas al retenerlos ilegalmente y, según se ha informado, someter a algunos de ellos a torturas y otros maltratos", dijo John Sifton, investigador en terrorismo y contraterrorismo de HRW.
Además de mantener prisioneros sin acusarlos en su base naval en Guantánamo, Cuba, Estados Unidos transfirió sospechosos a otros países.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prohíbe arrestos, detenciones y exilios arbitrarios.
Esto puede explicar la dificultad del gobierno de Bush para conducir a supuestos terroristas ante la justicia, agregó Sifton.
El 26 de octubre de 2001, uno de estos sospechosos, un ciudadano de Yemen, fue entregado en secreto a las autoridades estadounidenses por agentes pakistaníes, sin ningún procedimiento formal de deportación o extradición, según Amnistía.
El sospechoso, Jamil Qasim Saeed Mohammed, fue acusado de haber participado en el ataque con explosivos al buque destructor USS Cole, cometido en Yemen en octubre de 2000, en el que 17 estadounidenses murieron y más de 40 resultaron heridos. Todavía se desconoce el paradero y el estatus legal de Mohammed.
Según HRW, Estados Unidos retiene al menos a 26 de esos "detenidos fantasma" en sitios desconocidos fuera de sus fronteras. Los prisioneros son mantenidos "incomunicados indefinidamente, sin derechos legales ni acceso a asistencia jurídica", dijeron voceros de HRW.
Los secuestros, transferencias a terceros países y las torturas, todas éstas acciones contrarias al derecho internacional, tensionan la relación de Estados Unidos con sus aliados con cada pedido de extradición. Esto sucedió a comienzos de este año con su vecino Canadá.
Ottawa accedió el 30 de marzo extraditar a Abdullah Khadr, un ciudadano canadiense, luego que Estados Unidos diera garantías de que la pena de muerte no estaría entre las opciones.
Khadr está acusado de suministrar municiones y explosivos a Al Qaeda, que, a su vez, los utilizaría contra fuerzas de Estados Unidos en Afganistán, dijo a IPS un portavoz de la oficina del fiscal.
Si Khadr es hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua. Pero la investigación continúa y aún podría imputársele más cargos.
"Khadr todavía está en Canadá, pero ya está en camino" a Estados Unidos, afirmó el portavoz.
