Opositores moderados en Cuba exhortaron al gobierno de Fidel Castro a que declare una moratoria jurídica de la pena muerte y anunciaron el pronto inicio de una campaña de sensibilización pública sobre el tema.
La máxima pena no se ha vuelto a aplicar en este país desde el fusilamiento, en abril de 2003, de tres secuestradores de una embarcación de pasajeros en la que se proponían emigrar en forma clandestina a Estados Unidos.
"El momento es propicio para pasar de esa moratoria 'de hecho' a la 'jurídica'", dijo este sábado a IPS Manuel Cuesta Murúa, quien aclaró que hablaba como activista de la Coalición Diálogo Pro Derechos y no como portavoz de Arco Progresista, que aglutina a grupos cercanos a la corriente socialdemócrata..
Ambas agrupaciones son firmantes de una declaración divulgada el 19 de este mes a raíz del inicio de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, órgano sustitutivo, a partir de este año, de la Comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que estuvo a cargo de esos temas durante 60 años.
Cuba es uno de los 47 miembros de ese nuevo órgano, con lo cual, según el comunicado opositor, adquirió el compromiso de "revigorizar el avance efectivo de los derechos humanos en todo el mundo".
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"Es en ese contexto que, entre otras peticiones, hacemos esta exhortación relacionada con la pena capital", explicó Cuesta.
Las demandas incluyen una amnistía para todos los presos por motivos políticos y la promoción de mecanismos nacionales que impulsen el ejercicio y respeto de los derechos humanos.
El gobierno cubano sostiene que posee una de las hojas más limpias en materia de derechos humanos y rechaza todo señalamiento que se le haga sobre el tema, incluidas las varias resoluciones en su contra aprobadas en la hoy extinta Comisión de la ONU.
La Habana tampoco reconoce a los grupos opositores y los acusa invariablemente de "mercenarios al servicio de imperio (Estados Unidos)".
Pero, según Cuesta, las autoridades están cobrando "conciencia" de que la ocasión es oportuna para avanzar en el tema de la pena de muerte, aunque primero "se deben convencer de que la justificación de mantenerla por razones de seguridad nacional, ya no funciona".
Recordó al respecto la situación de los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, sentenciados a la pena máxima por terrorismo en 1998 y cuyos casos aún se encuentran pendientes de apelación ante el Tribunal Supremo.
Ambos estuvieron involucrados en atentados con bombas contra instalaciones turísticas de Cuba, en uno de los cuales murió el joven italiano Fabio Di Celmo.
"No haber aplicado esas condenas es admitir que la pena de muerte no es disuasoria contra actos de esa gravedad", afirmó Cuesta, quien estimó que su país no debería "emular" en esta materia con Estados Unidos, donde se aplica esa sanción en varios Estados de la Unión.
El activista anunció que Diálogo pro Derechos Humanos iniciará en noviembre una campaña que incluirá debates ciudadanos para sensibilizar a la población, con la idea de extender gradualmente las discusiones a todo el país.
"Ése sería el paso previo a la recolección de firmas de personas que estén de acuerdo con elevar ante la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) esta demanda de moratoria jurídica", explicó Cuesta.
Las ejecuciones de 2003 rompieron la moratoria de hecho que venía aplicando Cuba desde 2000, pero el propio presidente Fidel Castro no desestima la posibilidad de que a largo plazo desaparezcan para siempre del código penal cubano.
"Pienso que avanzamos hacia un futuro, en nuestro país, en que estemos en condiciones de abolir la pena capital", dijo el mandatario en una extensa entrevista concedida al intelectual y periodista francés Ignacio Ramonet.
Una edición en español de más de 700 páginas de esa entrevista comenzó a ser distribuida en Cuba en mayo pasado. El volumen contiene numerosas referencias del gobernante al poco debatido tema del máximo castigo en este país caribeño.
Castro indicó que aún no se abolió la pena porque este país vive "una época muy compleja", "el pueblo no está preparado totalmente" y hay "problemas de opinión" cuando se trata de crímenes muy graves cometidos por delincuentes comunes.
"Creo que tendrá que pasar algún tiempo antes de que se aplique una definitiva supresión de la pena capital para cualquier tipo de delito", dijo el gobernante, y aclaró que "no hay un compromiso de moratoria definitiva".
El Código Penal cubano establece en su artículo 29 que la "sanción de muerte es de carácter excepcional y sólo se aplica por el tribunal en los casos más graves de comisión de delitos para los que se halla establecida".
Al mismo tiempo, la ley estipula que esa condena "no puede imponerse a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando encinta o que lo estén al momento de dictarse la sentencia". En la práctica, ninguna mujer fue ejecutada desde 1959.
Mientras, la legislación obliga a la apelación de oficio ante el Tribunal Supremo de la República, el cual deberá confirmar o no la sentencia. En caso de ratificarla, pasa a aprobación definitiva del Consejo de Estado, que tiene la última palabra.
De acuerdo con la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, no reconocida aunque tolerada por las autoridades, en este país hay cerca de 50 personas sentenciadas o expuestas a la pena máxima.
