La aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el inminente inicio de las conversaciones con el grupo terrorista ETA, para poner fin a la violencia en el País Vasco, fortalecen al gobierno español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
La relación entre las autonomías y la unidad de España, la violencia terrorista y la inmigración masiva son los tres temas considerados como más conflictivos e importantes por la mayoría de los ciudadanos, según las encuestas.
En los dos primeros asuntos, Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), está dando importantes pasos hacia delante y, respecto del tercero, recibió la semana pasada el apoyo de la Unión Europea (UE), aunque partiendo de la convicción de que no será fácil lograr soluciones que satisfagan a todos.
Los ciudadanos de Cataluña, una de las 17 comunidades que integran España, aprobaron el domingo por amplia mayoría el Estatuto que regirá su autonomía, aunque desde las filas del centroderechista Partido Popular (PP) se critica que la participación no haya superado 50 por ciento del padrón electoral.
El PP, opositor del gobierno de Zapatero, también considera que no existen condiciones para negociar con ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en lengua vascuence).
En Cataluña, al igual que en el País Vasco, existen partidos nacionalistas fuertes, entre los que son mayoritarios los moderados, como el caso de la coalición Convergencia y Unión (CIU), que gobernó desde 1980 hasta 2003, cuando fue desplazada por el actual presidente autónomo, el socialista Pasqual Maragall,
CIU no sólo votó por el Sí en el referéndum sobre el Estatuto, sino que desde el 11 de mayo apoya al Partido Socialista de Cataluña (PSC, la sección local del PSOE) para que Maragall se mantenga en el gobierno, al quedar en esa fecha en minoría por pedir la renuncia a cinco de sus consejeros (ministros) pertenecientes a Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por sus siglas en catalán).
El Sí al Estatuto logró 77 por ciento de los votos emitidos. ERC, independentista y de izquierda, votó en contra del Estatuto, por considerarlo insuficiente para sus reivindicaciones, en tanto que el PP votó en contra por entender que atenta contra la unidad de España al aceptar que en su preámbulo se califique a Cataluña como "nacionalidad".
La lectura del PP es que la mayoría de los ciudadanos no votaron a favor del referéndum, para lo cual suman los votos negativos con los ciudadanos que no concurrieron a las urnas. Desde el gobierno y desde el principal diario catalán, La Vanguardia, se señala que esa abstención es "normal" cuando no está en juego nada en especial.
Así, en 1976 cuando se realizó un referéndum sobre el futuro político de España la asistencia fue del 74,1 por ciento, siendo esa la primera oportunidad en que los ciudadanos podían pronunciarse políticamente desde que en 1939 se instauró la dictadura de Francisco Franco, que finalizó en 1975).
Ya para el referéndum de 1978, cuando se aprobó la Constitución española vigente, en Cataluña votó 67,9 por ciento de los habilitados, mientras que en 2005, para el de la Constitución europea, se redujo la participación a 40,6 por ciento.
Por todo ello se considera normal que hayan asistido el domingo a las urnas sólo 49,7 por ciento de los ciudadanos catalanes y que haya ganado el sí "por goleada", como señaló el director de La Vanguardia, José Antich.
Antoni García Farsans, un ciudadano catalán que votó desde Madrid, apoya lo afirmado por Antich. "Para contar los goles hay que tener en cuenta los balones que entran dentro de la portería (arco) y no incluir los que salen desviados o detiene el guardameta", dijo a IPS. Esa actitud negativa es la sostenida por el PP, que suma los votos del No a los que se abstuvieron.
Y eso siendo que los votos del No arrastrados por ERC fueron en desacuerdo por considerar que el Estatuto no es lo suficientemente autonómico, en tanto que el PP considera lo contrario al entender que es demasiado "separatista".
Aprobado el Estatuto, en medios políticos catalanes se espera que en el segundo semestre del año Maragall convoque a elecciones anticipadas. Si al igual que en las anteriores, CIU vuelve a ser el partido más votado, lo más probable es que su líder, Artur Mas, sea el nuevo presidente.
También en 2003 CIU fue el partido más votado, pero el PSC recibió el apoyo de ERC y de Izquierda Unida, lo que le permitió lograr la mayoría necesaria en el parlamento autónomo para ser designado Presidente del Gobierno.
Ahora, al romper el PSC con ERC, gobernar con el apoyo de CIU y pactar el Estatuto con esta coalición, en medios políticos se da por seguro que el PSC devolvería ese apoyo tras las futuras elecciones, votando por Mas en el Parlamento que se elegirá.
Empero, en el País Vasco las cosas no parecen tan sencillas, pues, aunque se está avanzando hacia la negociación con ETA para lograr el fin de la violencia, hubo otras conversaciones que fracasaron, tanto con gobiernos del PSOE como del PP.
Fuentes socialistas confirmaron a IPS que antes de finalizar este mes Zapatero informará al Parlamento que iniciará las conversaciones con ETA, que ya lleva más de tres años sin matar a nadie. Como antecedente se citan varias reuniones mantenidas en las últimas semanas por dirigentes socialistas con los de la ilegalizada Batasuna, el brazo político del grupo terrorista.
La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, fue clara el sábado al sostener que "el gobierno explorará el camino de la paz, porque percibe el aliento y el calor de la sociedad" para lograr ese objetivo.
Una de las primeras cosas que el gobierno de Zapatero exigirá a Batasuna es que se ajuste a la ley de partidos, actualizando sus estatutos y rechazando expresamente el uso o el apoyo al uso de la violencia.
Para ese proceso, Zapatero cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, con excepción del PP, que sostiene que no existen condiciones para iniciar ningún tipo de diálogo.
También tiene el respaldo de la Iglesia Católica, el empresariado vasco, los sindicatos y organismos internacionales.
El PP y una de las asociaciones de víctimas del terrorismo, AVT, próxima a ese partido, objetan la negociación porque sostienen que el gobierno está cediendo "al chantaje etarra".
Uno de sus argumentos es que empresarios vascos recibieron cartas extorsivas de ETA, reclamándoles el pago, algo sobre lo que no hay información que lo confirme o lo niegue.
En todo caso, el proceso de negociación está abierto de manera informal a través del diálogo con dirigentes de Batasuna, y en los próximos días Zapatero asistirá al Congreso para darle inicio formal.
