Hartos de la mala calidad del agua, los aumentos de tarifas y la falta de inversión, vecinos, sindicalistas y ambientalistas de la provincia argentina de Córdoba forzaron a una empresa multinacional a retirarse del negocio y ahora exigen al Estado ser parte de una nueva empresa pública que proteja el vital fluido.
"La indignación popular se produjo en enero de este año cuando comenzaron a llegar boletas con aumentos de hasta 500 por ciento. Ese episodio, en un contexto de revisión de la ola de privatizaciones de los 90, originó este movimiento", explicó a IPS Luis Bazán, líder de la Comisión Popular por la Recuperación del Agua de Córdoba.
La agrupación, integrada por sindicatos, centros vecinales, organizaciones sociales y partidos políticos, busca asegurar el agua como un bien público —no sujeto a los vaivenes del mercado— y participar directamente en la gestión de una empresa estatal de saneamiento que suministre el líquido a 1,3 millones de habitantes de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, en el centro norte del país.
Según Bazán, el nuevo contexto argentino y mundial no sólo cuestiona los resultados de las privatizaciones de la década pasada sino que revaloriza el rol del Estado. Sin embargo, fue el aumento de tarifas —incrementos paulatinos de entre 100 y 500 por ciento— lo que motivó la adhesión de los sectores de clase media y media alta, tradicionalmente refractarios a procesos de reestatización.
"Desde los barrios pobres a los de clase media, desde los organismos de derechos humanos hasta los sindicatos y los ambientalistas, todos nos articulamos para unir reclamos fragmentados y hacer retroceder al grupo que tenía la concesión del servicio del agua en nuestra provincia", relató Bazán.
La comisión ha liderado la labor de denuncia e información pública, como las protestas populares, asambleas y cortes de calles.
"Queremos una empresa pública gestionada por los trabajadores, los usuarios y el estado provincial, y controlada por expertos universitarios para garantizar la calidad del agua y evitar la corrupción", explicó el ex operario Bazán, quien asumió el liderazgo del movimiento luego de haberse negado a trabajar para Suez. "El agua debe ser considerada un bien público esencial, un derecho humano básico", resaltó.
La historia comenzó en 1997 cuando el gobierno de Córdoba, 800 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, entregó por 30 años la gestión del suministro de agua de la capital provincial a un consorcio encabezado por la multinacional francesa Suez, que comenzaba a participar entonces de otros negocios vinculados a los recursos hídricos en Argentina.
La compañía administraba la red de agua y cloacas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores mediante la empresa Aguas Argentinas, y en la provincia de Santa Fe, 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, hacía lo propio con Aguas de Santa Fe.
En los últimos seis meses, el gobierno nacional y el de Santa Fe rescindieron el contrato con Suez por incumplimientos en las inversiones y mala calidad del servicio. El presidente Néstor Kirchner rescindió en marzo y anunció la creación de la nueva empresa estatal Aguas y Saneamiento Argentinos. En Santa Fe, se creó una nueva compañía privada con capital nacional.
Córdoba fue el último bastión en el que Suez resistió la retirada. En ese distrito, la compañía consiguió renegociar con el gobierno provincial los términos de la concesión de Aguas Cordobesas. Pero el nuevo contrato era tan favorable a sus intereses y contrario al de los usuarios que desató un contundente rechazo popular.
Los vecinos se opusieron a los aumentos de tarifas hasta lograr que el gobierno diera marcha atrás a los ajustes. El gobernador José Manuel de la Sota redujo los incrementos a 18 por ciento y suspendió la aplicación del nuevo contrato.
La comisión acusó a la multinacional Suez de incumplir las inversiones necesarias para ampliar el suministro del agua, de no haber pagado por siete años el canon de la concesión —fijado en el equivalente a unos cuatro millones de dólares anuales—, y de haber elevado las tarifas deliberadamente.
No obstante los incumplimientos, la firma exigió al gobierno un nuevo contrato para permanecer en la gestión. El gobierno accedió a las pretensiones, y en diciembre de 2005 aprobó un plan que condonaba la deuda del canon y otorgaba el beneficio de no abonar ese arancel por otros siete años. También eximió a la empresa de hacer las inversiones pendientes.
Además, la comisión puso en tela de juicio la calidad del agua. Según Bazán, el fluido obtenido en el Lago San Roque, un espejo de agua contaminado, contiene un alto contenido de algas que son tratadas por la Suez con un sistema de cloro desaconsejado por expertos debido a los riesgos potenciales de su consumo para la salud humana.
Finalmente, la empresa Suez anunció su retiro de la provincia para el 30 de junio. Pero el gobierno de Córdoba no acepta que el servicio vuelva a manos estatales, prefiere conseguir un nuevo administrador en el ámbito privado, sea local o extranjero.
Respecto de la capacidad técnica que se requiere para operar el servicio, Bazán sostiene que Suez solo trajo "gerentes y contadores" que "mercantilizaron" el servicio. "Los operarios que manejaban técnicamente la empresa eran argentinos y nosotros proponemos que se queden todos en una nueva compañía".
Ante este panorama, la comisión, devenida en actor de peso en el conflicto, exige participar en la formación de una nueva empresa. Para ello propone discutir un nuevo marco para la gestión del agua que está resumido en el proyecto de ley presentado por la diputada provincial Liliana Olivero.
En diálogo con IPS, Olivero, de Izquierda Unida, explicó que la iniciativa propone declarar el suministro de agua potable como "un bien público, social y un derecho humano esencial no sujeto a las reglas de mercado"; rescindir el contrato de concesión con Suez y crear una nueva "Empresa Provincial de Saneamiento" en la provincia.
También recomienda crear una comisión investigadora que verifique los incumplimientos de Suez y las eventuales responsabilidades del gobierno cordobés, así como realizar un diagnóstico sobre la situación actual y las medidas que se deben tomar para garantizar el servicio en el mediano y largo plazo.
Pero Olivero no es muy optimista. Ella es la única diputada por su partido, y las fuerzas políticas mayoritarias no la respaldan. "Es muy difícil que se discuta el proyecto si no hay afuera una gran movilización de vecinos como cuando se obligó al gobierno a dar marcha atrás con los aumentos de tarifas", declaró.
La legisladora señaló que algunos diputados de partidos afines podrían apoyar la iniciativa de rescindir el contrato actual con Suez —que ya anunció su retiro de Argentina—, pero son más reacios a sostener un plan de reestatización o a investigar el pasado.
Olivero consideró además que el movimiento de ciudadanos podría debilitarse ahora que los aumentos cesaron. "La participación disminuyó un poco desde el momento de máxima tensión, pero es cierto que la preocupación a futuro existe", dijo.
Para redactar su proyecto, la legisladora se apoyó en experiencias de movimientos sociales de países latinoamericanos y de otras provincias argentinas.
En Uruguay, los ciudadanos aprobaron en 2004 una reforma constitucional para declarar bien público los recursos hídricos y prohibir la privatización del suministro y del saneamiento. En Bolivia, se consiguió recuperar el control del servicio privatizado de agua potable en El Alto y Cochabamba.
Habrá que ver si Córdoba sigue esta tendencia apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de declarar el agua como bien público, o si el gobierno cordobés frena la iniciativa ciudadana y vuelve a hacer del líquido una mercancía.
(
