En Uruguay, 16.000 familias cuentan con casa como resultado del trabajo cooperativo de construcción, mientras en Bolivia los pobladores de las cañadas de La Paz disponen de un sistema de gestión de riesgos habitacionales gracias a una red no gubernamental, y más al sur, en Chile, los proyectos de viviendas sociales se multiplican de la mano de la autoconstrucción.
El mejoramiento de las condiciones de vida en los centros urbanos, principalmente saneamiento básico, agua potable, tenencia segura, tamaño y ubicación sin riesgo, hace parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por las Naciones Unidas (ONU). La meta mundial es alcanzar una significativa mejoría en la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020.
Unos mil millones de habitantes del planeta viven en tugurios, de los cuales 134 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, según una proyección a 2005 del Programa de Asentamientos Humanos de la ONU – Hábitat.
Precisamente este es uno de los temas que la comunidad internacional está debatiendo en el III Foro Urbano Mundial que finaliza este viernes en Vancouver, Canadá, donde también se está examinando la seguridad urbana y la inclusión del movimiento social urbano a través de iniciativas locales.
El Foro Urbano Mundial fue establecido por la ONU ante la preocupación surgida por la rápida urbanización del planeta y su impacto en las comunidades, ciudades, economías y políticas públicas. En 2002 se llevó a cabo el primer foro en Nairobi, luego la segunda versión, conocida como II Foro, se realizó en Barcelona en 2004.
"El problema de la carencia habitacional hasta el día de hoy no se ha solucionado completamente", advierte Pablo Cid, quien en 2005 realizó su tesis de titulación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la estatal Universidad de Chile sobre la vivienda social en este país de 15,6 millones de habitantes.
En contraste con la política de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) de erradicar hacia las periferias urbanas los tugurios, los gobiernos democráticos optaron desde 1990 por programas de intervención en los asentamientos habitacionales precarios con lo cual "se pretende dar una solución integral a la pobreza", agrega Cid.
En el puerto de Iquique, uno de los centros urbanos de mayor crecimiento en el norte de Chile, a 1.800 kilómetros de Santiago, se puso en marcha desde 1996 el proyecto de "Autoconstrucción Participativa de Viviendas", orientado a dar soluciones a los sectores más pobres.
El programa organizó a 14.000 familias para construir sus propias casas y, al mismo tiempo, en conjunto con el municipio, dotar a los nuevos barrios de infraestructura básica de alcantarillado, luz eléctrica y agua potable, además de un equipamiento comunitario que incluye puestos de salud, locales comerciales y talleres industriales y artesanales.
En los sectores costeros de la región de la Araucanía, 700 kilómetros al sur de la capital, la privada Fundación Instituto Indígena, en conjunto con la también privada Universidad Mayor y el Servicio de Vivienda Urbana, dependiente del Ministerio de la Vivienda, pusieron en marcha otra novedosa iniciativa habitacional.
Se trata de un programa de diseño arquitectónico participativo y autoconstrucción solidaria de viviendas sociales en comunidades lefkenche (gente de mar), la rama de la etnia mapuche que habita los bordes costeros y vive de la pesca artesanal y la recolección de algas y mariscos.
El objetivo es dotar a las comunidades indígenas de viviendas que mejoren su calidad de vida, respetando su cultura, "su particular forma de construir las casas, la relevancia que tiene cada parte de ellas y la cosmovisión que sustenta el hacer y el actuar de ellas", dijo a IPS Alejandra Fernández, encargada del área organizacional de la fundación..
En Uruguay, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), fundada en 1970, reúne en la actualidad a 330 cooperativas, de obreros industriales, trabajadores de servicios y empleados públicos y también de sectores informales surgidos como consecuencia de la pauperización del empleo.
Según los últimos datos, de 2004, gracias a Fucvam 16.000 familias cuentan con viviendas adecuadas. Se trata de hogares de ingresos bajos y medios (entre 200 y 500 dólares mensuales) de todas las regiones de este país de 3,3 millones de habitantes.
La práctica de esta red está basada en el esfuerzo voluntario, ya que las cooperativas están constituidas en su mayoría por trabajadores sin capacidad de ahorro, y por tanto participan a través del aporte de trabajo en la construcción de las viviendas y en la administración de las obras. Las casas, una vez terminadas, son adjudicadas por sorteo.
La tarea de Fucvam se concentra en el intercambio y en la sistematización de experiencias, así como en el apoyo de los grupos de base y las gestiones para facilitar el acceso al financiamiento oficial y privado. La administración de los fondos queda en manos de las propias cooperativas miembros de la federación.
Esta red, que sobrevivió a la represión del movimiento cooperativo durante la dictadura (1973-1985), ingresó en 1994 a la Coalición Internacional para el Hábitat, y gracias a una alianza estratégica con el Centro Cooperativo Sueco realiza una campaña de difusión de su modelo de construcción de viviendas por ayuda mutua en varios países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Nicaragua y El Salvador.
No menos importante es la disminución de los riesgos de las viviendas precarias. El Proyecto de Gestión de Riesgos de la no gubernamental Red Hábitat en Bolivia ha permitido crear un sistema de alerta comunitario en La Paz, situada a 3.650 metros sobre el nivel del mar.
Setenta por ciento de la población de La Paz habita en las laderas de un gran cañón que cruza la ciudad de norte a sur y atraviesa situaciones de riesgo durante las temporadas de lluvia, tales como deslizamientos, inundaciones, derrumbes y desbordes de los ríos.
La red instaló su oficina casi al pie de una montaña conocida como Cotahuma, al sureste de la ciudad, donde en los últimos 10 años ocurrieron 11 incidentes de deslizamientos de tierra, derrumbes de muros e inundaciones. En 1996 un deslizamiento mató a 27 personas y destruyó las viviendas de 80 familias.
En Cotahuma, que tiene 150.000 habitantes, la Red Hábitat organiza y capacita a los pobladores en tareas de alerta temprana, estimula la participación de voluntarios, apoya el funcionamiento de una red de comunicaciones para emergencias y promueve la organización en juntas vecinales para cuidar la vida de las personas.
Carlos Mendieta, comunicador de la red, señaló a IPS que el promedio de ingreso de las familias fluctúa entre 50 y 186 dólares mensuales, y de ahí la precariedad de las viviendas, construidas con adobes de barro mezclados con paja brava, que desafían los terrenos inclinados y las inclemencias climáticas.
Tanto en el caso de la red de alerta urbana en La Paz, como en el de las cooperativas de vivienda uruguayas y en las iniciativas chilenas de autoconstrucción, la participación comunitaria sobresale como columna vertebral y médula de su impacto.
* Con aportes de Franz Chávez (Bolivia) y Raúl Pierri (Uruguay)
+ Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (http://www.fucvam.org.uy) + Programa Chile Barrio (http://www.chilebarrio.cl) + Programa de Asentamientos Humanos de la ONU (http://www.unhabitat.org/programmes/guo/statistics.asp)
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