El primer ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, rehúye discutir una reforma del marco jurídico relacionado con el aborto, a pesar de que una reciente encuesta revela la inconformidad de la población con las leyes actuales.
Durante la visita de la primera ministra de Jamaica, Portia Simpson-Miller, a fines del mes pasado, su par de Trinidad y Tobago declaró algo que los trinitenses sabían de sobra.
Impulsado por la afirmación de Simpson Miller acerca de que como dirigente política, nunca "teme decir o dudar que el Dios Todopoderoso es mi amo y señor", Manning señaló a la prensa que todos saben cuánto influyen sus creencias religiosas en su forma de hacer política.
"Todo el mundo sabe que soy cristiano, no es ningún secreto. Todo el mundo sabe que me gusta actuar estrechamente con el Dios Todopoderoso y que mi espiritualidad es el aspecto más importante de mi" persona, agregó.
Dios "me dice exactamente cómo pensar y cómo actuar", agregó.
Manning no ha ido tan lejos como su contraparte jamaiquina, quien instruyó a su gabinete para designar a líderes religiosos como presidentes o integrantes de los directorios de todos los organismos estatales. En cambio, sí se aseguró que toda polémica vinculada a la religión quedara en suspenso.
Manning ya advirtió que un borrador de 139 páginas sobre política de género que busca "promover la equidad de género, igualdad, la justicia social y el desarrollo humano sostenible en Trinidad y Tobago" no refleja la política de su gobierno.
"De hecho, en el documento hay ciertas recomendaciones que el gobierno no apoya ni apoyará", señaló. No cabe ninguna duda en lo que se refiere a la revisión de "todos los asuntos relativos a la interrupción del embarazo".
El aborto está permitido por ley sólo cuando está en juego la salud de la madre, y el procedimiento requiere de la aprobación de dos médicos.
El aborto inducido está prohibido por la ley de Delitos contra las Personas.
Los seguidores del movimiento por la libre opción Defensores de la Paternidad y Maternidad Seguras: por el Mejoramiento de la Equidad Reproductiva (Aspire, por sus siglas en inglés), afirman que muchos ciudadanos no creen que la actual legislación sea efectiva en la prevención del aborto y hacen campañas para reformarla.
Este mes, Aspire publicó los resultados de una encuesta nacional titulada "Conocimiento y percepción del aborto y su marco jurídico en Trinidad y Tobago", según la cual, 69 por ciento de las 918 personas encuestadas consideraron que debía revisarse la legislación existente, mientras que 66 por ciento la hallaron ineficaz.
La encuesta realizada por la empresa Caribbean DMS Limited durante el último trimestre de 2005, suministró datos empíricos que respaldan los argumentos sostenidos por Aspire.
La organización dijo que la encuesta, que forma parte de su campaña "Respeta mi Opción", indicó que 50 por ciento de los encuestados dijeron conocer a alguien que se había practicado un aborto y que el mismo porcentaje estaban a favor de la libre opción o defendían el aborto en algunas o en todas las circunstancias, ante casos de violación, incesto, o cuando peligraba la vida o la salud de la madre.
La responsable de comunicaciones de Aspire, Cedriann Martin, informó que según una investigación realizada a partir de los registros hospitalarios oficiales de 1999, se estimaba que cada año entre 3.000 y 4.000 admisiones en los hospitales públicos se debían a abortos practicados en condiciones insalubres que le costaban al país al menos un millón de dólares.
"Durante los últimos seis años Aspire ha recordado a Trinidad y Tobago que unas 4.000 mujeres han sido hospitalizadas por interrupciones de embarazo en condiciones peligrosas", señaló Martin.
Al pensar en quiénes se practican abortos, "muchos se imaginan una mujer soltera y egoísta, 'fácil' e irresponsable y que por lo tanto no merece empatía, ni reforma legal ni asistencia para la interrupción" de su embarazo, agregó.
Sin embargo, "nada más lejos de la realidad. Mujeres casadas y madres se practican abortos. Algunas de ellas con problemas de pareja no optan por la maternidad. La razón de una mujer para poner fin a un embarazo nunca es evidente", explicó.
"Esto demuestra la magnitud del problema", señaló la abogada Lynette Seebaran-Suite, presidenta de Aspire, quien agregó que el gobierno de Manning se ha negado a discutir el asunto.
Las estadísticas para la región de América Latina y el Caribe indican que por cada aborto en buenas condiciones que se realiza en una dependencia pública, dos más se realizan en condiciones antihigiénicas..
Hace dos años, el investigador jamaiquino Fred Nunes dijo en esta capital durante una conferencia organizada por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y la Asociación de Medicina General de Trinidad y Tobago, que este país era uno de los que tenía la mayor proporción de abortos.
Estadísticas extra oficiales revelan que 45 de cada 1.000 mujeres, entre 15 y 44 años, se han practicado un aborto. Nunes estima que aproximadamente 20.000 mujeres abortan clandestinamente por año en este país.
Este investigador sostuvo que los países con un marco jurídico más flexible mostraron guarismos menores, tales como Holanda (5,3 por 1.000), Canadá (12 por 1.000), Gran Bretaña (14,2 por 1000) o Estados Unidos (27,3 por 1.000).
Aspire ha promovido un documento titulado "Proyecto Embarazo, Opción de las Mujeres". Seebaran-Suite explicó que éste habilitaría a las mujeres a solicitar la interrupción del embarazo por cualquier razón durante el primer trimestre, mientras que durante el segundo sólo lo podrían hacer amparándose en una de las seis categorías que incluyen violación, incesto, graves defectos del feto o falla de la anticoncepción.
Además, sostuvo que esperaba de la encuesta un "punto de partida" para reformar el marco jurídico sobre el aborto y que sus resultados dieran al gobierno "cierta comodidad" para discutir su alcances y la posibilidad de reformarlo en este país de 1,3 millones de habitantes.
Seebaran-Suite también dijo esperar que cuando el gobierno se vea "confrontado a la realidad de los casos particulares, muestre una actitud diferente".
El ex director ejecutivo de la Asociación de Planificación Familiar de Trinidad y Tobago, Emile Elias, pidió al gobierno que tomara una postura definitiva sobre la reforma de la ley del aborto durante la ceremonia en que se dieron a conocer los resultados de la encuesta.
"Le pido al gobiernoà, que tome el teléfono y llame a las organizaciones (no gubernamentales)à y les diga, queremos darles nuestro apoyo en el trabajo que están realizando", declaró.
"Hagamos que cada niño que nazca sea un niño deseado", añadió.
Elias también citó una encuesta de hace 30 años, según la cual ocho por ciento de las 3.000 madres a las que se les había preguntado si su último embarazo había sido planificado, había respondido negativamente.
"Ustedes no querrán esperar 30 años para que el problema evolucione en familias disfuncionales", agregó. (
