El Comité contra la Tortura de la ONU formuló observaciones críticas a Estados Unidos, en un tono de singular energía, por abusos perpetrados por funcionarios de ese país en su lucha antiterrorista y también en la represión interna.
El organismo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) reclamó la clausura de la prisión de bahía de Guantánamo, ubicada en la base naval que Estados Unidos detenta en la isla de Cuba y donde se llegó a encerrar a más de 500 personas, en su mayoría sin causa abierta ni acceso a defensa legal.
En sus recomendaciones, el cuerpo integrado por 10 expertos independientes no remunerados, emplaza a Washington a responder en un año sobre la existencia o no de prisiones secretas en distintas partes del mundo, como se denuncian, y, de confirmarse, informar si se cerraron.
La mayoría de las observaciones indicadas en el documento divulgado este viernes por el Comité guardan relación con los problemas surgidos en la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, en el contexto de la lucha antiterrorista lanzada por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Pero también se ocupan de denuncias de violaciones a la Convención en prisiones y centros de detención de personas acusadas de delitos comunes en el mismo territorio de Estados Unidos.
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El Comité espera en ese sentido, que Estados Unidos le informe dentro de un año a más tardar si ha desterrado la tortura de la actuación de la policía de la nororiental ciudad de Chicago. Ese problema "se arrastra desde ya hace muchos años y no se ha logrado solucionar todavía", señaló el relator del informe sobre ese país, el jurista español Fernando Mariño Menéndez.
El número de recomendaciones dirigidas por el Comité a Estados Unidos "es muy elevado", dijo Mariño a IPS.
"Los hechos abordados a causa de la guerra en Iraq, la lucha antiterrorista, la situación en Guantánamo, en Afganistán (donde permanece una coalición de fuerzas militares liderada por Estados Unidos), son episodios de gran trascendencia", evaluó.
"Los miembros del Comité contra la Tortura nos hemos esforzado por establecer principios sobre aspectos que quizá hasta ahora nunca habíamos enfocado", apuntó.
Por esos antecedentes, "creo que va a ser un caso paradigmático, muy importante", resumió.
El dictamen de los expertos polemiza con Estados Unidos, al afirmar que la Convención, en vigor desde 1987, se aplica también en tiempos de conflictos armados, contra la opinión sostenida por los representantes de ese país.
Las estipulaciones del tratado rigen no sólo para el territorio de Estados Unidos sino también en cualquier otro que esté bajo control efectivo de Washington, remarcó el documento.
A diferencia de lo que argumentan los funcionarios estadounidenses, el Comité afirmó que las desapariciones forzadas de personas constituyen un crimen de torturas y por tanto esa práctica deber ser erradicada, como establece la Convención.
Respecto de ese punto, el Comité recordó a Estados Unidos que los lugares secretos de detención están prohibidos por la Convención. El director del Comité Internacional de la Cruz Roja, el suizo Jacobo Kellenberger, denunció la semana pasada en Washington que a los funcionarios de ese organismo se les negaba el acceso a esos centros.
El gobierno de Estados Unidos "haría bien en atender lo que todos sus amigos e instituciones independientes están diciendo. Es hora de instalar la vigencia del derecho en la lucha contra el terrorismo", dijo a IPS Reed Brody, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Por su parte, la organización Human Rights First (HRF) aplaudió las recomendaciones del Comité y urgió a Washington a "tomar medidas inmediatas para implementar la enmienda McCain" como primer paso.
El proyecto de John McCain, senador del gobernante Partido Republicano que fue ocho años prisionero de guerra en Vietnam, prohíbe a los funcionarios militares y de inteligencia de Estados Unidos infligir tratos crueles, inhumanos o degradantes a sus prisioneros.
"Lo más chocante es el efecto dañino de las políticas y prácticas de detención e interrogatorio de Estados Unidos en los esfuerzos para la protección de los derechos humanos en todo el mundo", dijo a IPS Gabor Rona, director de asuntos legales internacionales de HRF.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional indicó este viernes en un comunicado que el gobierno de Bush "debería cerrar inmediatamente Guantánamo, como acaba de recomendar la ONU, y liberar a sus prisioneros o conducirlos a juicio en tribunales adecuados, en territorio continental estadounidense".
También Mariño subrayó, a propósito, que una de las recomendaciones del Comité expresa la convicción de que la prisión de Guantánamo debe ser cerrada definitivamente.
Precisamente, un portavoz de ese centro de detención informó que cuatro detenidos intentaron suicidarse en la noche de la víspera. Tres de ellos habían ingerido abundantes dosis de una medicina y el cuarto trató de ahorcarse, precisó la fuente.
Patrick Mutzenberg, activista de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) recordó a IPS que la delegación de 30 funcionarios enviada por Estados Unidos para seguir el proceso en el Comité de la ONU había argüido que en Guantánamo no se practican torturas ni otros malos tratos.
Pero los miembros del organismo de la ONU no fueron convencidos por esos argumentos y han reclamado el cierre definitivo de esa prisión, dijo Mutzenberg.
El dirigente de la OMCT resaltó el papel desempeñado en este proceso por las organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos. Una sólida delegación de esas instituciones asistió a los debates del Comité y aportó numerosas recomendaciones a los expertos, recordó.
Mariño coincidió en que esa fue una de las enseñanzas que le dejó este caso, pues comprobó "la gran importancia que tienen las organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos".
"Eso me ha gustado, pues me ha impresionado, de cierta manera, ver como la sociedad civil norteamericana (estadounidense) reacciona en todo caso activamente y sin trabas", dijo.
El debate del caso estadounidense también demostró "hasta qué punto ningún país democrático del mundo esta libre de situaciones difíciles, de recurrir a prácticas que disminuyen las garantías de derechos humanos e incluso las violan", dedujo Mariño.
También se aprecia que la lucha contra el terrorismo ha planteado tantas dificultades, que las democracias han violado estándares reconocidos universalmente. Lo han hecho de modo vergonzante y oculto, sostuvo el jurista.
El dictamen del Comité advierte de que en los temas de torturas y de tratos inhumanos "no hay excepción alguna". "Si son países civilizados, de estado de derecho y defensores de los derechos humanos, tienen que estar siempre a la vanguardia, y también los casos difíciles", remarcó.
* Con aportes de William Fisher (Estados Unidos)
