Las autoridades de Sudán y activistas de derechos humanos están enfrascados en una discusión que parece no acabar nunca. ¿Acaso en este país se ejecuta a menores de edad condenados a muerte?
La mayoría de los sudaneses jamás se enteraron del drama de Nagmeldin Abdallah. Es imposible entrevistarlo en la cárcel del este de Sudán donde espera el resultado de una apelación judicial que podría salvar su vida. Abdallah está condenado a muerte.
A pesar de la poca notoriedad que alcanzó su caso dentro de este país, el joven logró cierta fama en círculos de activistas de todo el mundo, pues dejó al descubierto, al menos, el complejo andamiaje legal de la pena capital en Sudán.
Abdalla asegura que tenía 15 años cuando fue condenado a muerte por asesinar a un vendedor de verduras en 2003. Pero las autoridades afirman que el joven firmó una confesión según la cual tenía 20 años cuando asesinó al verdulero.
De todos modos, el gobierno de Sudán asegura que las condenas a muerte de menores jamás se ejecutan. Los tribunales podrán dictar una sentencia, pero las autoridades prefieren entregarlo luego a sus padres en régimen de libertad bajo palabra.
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Sin embargo, esta rutina preocupa a organizaciones de derechos humanos. En primer lugar, la mera condena a muerte de menores viola tratados internacionales firmados por Sudán. En segundo lugar, algún día un menor condenado podría terminar en el cadalso.
Amnistía Internacional lamenta la condena de Abdallah y suele destacar su caso en su campaña contra la pena de muerte en Sudán.
Por otro lado, según el gobierno, la peculiar combinación de antiguas leyes coloniales británicas y códigos de la shariá (ley islámica) que constituyen la base del sistema legal sudanés dificultan la ejecución de cualquier condena a la pena capital.
Al parecer, el artículo 36-2 de la constitución admite la ejecución de menores por los delitos denominados "hudud" por la shariá. Estos delitos son el asesinato, el adulterio y la apostasía, es decir abandonar el Islam para abrazar otra fe o un estilo de vida secular.
¿Por qué "al parecer"? Porque los funcionarios judiciales sudaneses aseguran que esa interpretación se debe a un error de traducción.
"La pena de muerte no debe imponerse a una persona menor de 18 años o que haya alcanzado los 70, excepto en casos de justo castigo o hudud", indica la versión en inglés del artículo.
"Esto es confuso", dijo a IPS el presidente del Colegio de Abogados de Sudán, Fathi Khalil. "Pero en árabe, a nosotros nos queda claro que los menores no pueden ser ejecutados." El idioma oficial de Sudán es el árabe.
Amnistía y otras importantes organizaciones de derechos humanos advierten, por su parte, que la constitución admite la ejecución de menores e identificaron a cuatro condenados a muerte.
En un informe divulgado el año pasado, Amnistía informó que los menores en Sudán son condenados a muerte en contravención con cuatro tratados internacionales de derechos humanos que prohíben tanto la sentencia como la ejecución.
Luego de numerosas consultas, IPS no pudo hallar evidencia de que se haya aplicado el castigo contra ningún menor en Sudán, incluidos los cuatro identificados por Amnistía.
Funcionarios admiten que los menores pueden haber sido "sentenciados", pero, de hecho, no son realmente ejecutados, aseguran. En una apelación, incluso, pueden ser entregados a sus padres o lograr una conmutación de la pena.
Khalil dijo creer que Sudán es objeto de una campaña de desprestigio contra los países islámicos en general. Occidente percibe al Islam como una religión más cruel e injusta que las otras, explicó.
"A Amnistía no le gusta Sudán. Escriben sobre Sudán sin venir aquí", dijo el abogado.
El representante de Amnistía Theo Murphy dijo a IPS, entrevistado por correo electrónico, que la organización no divulgará el nombre de ningún menor ejecutado, sino sólo el de los cuatro que han sido sentenciados.
Organizaciones sudanesas de derechos humanos emitieron acusaciones similares, pero tampoco demostraron que haya ejecución de menores en este país.
El Centro de Derechos Humanos y Desarrollo Ambiental de Sudán ha documentado ejecuciones de menores, aseguró el abogado de la organización Amir Mohamed Suleiman.
Consultado sobre la falta de divulgación de esos casos, Suleiman explicó que la compañera suya a cargo del asunto está en Gran Bretaña. Y señaló una montaña de archivos sobre el escritorio de la mujer: le insumiría semanas encontrar los registros allí, dijo.
De todos modos, Sulaiman recordó el caso de una niña de 15 años condenada a muerte en el sur de Sudán por adulterio. Tras la apelación, la condena quedó conmutada a 75 latigazos.
El abogado Shakir Hassan, ex funcionario del Ministerio de Justicia, dijo a IPS que esas apelaciones son comunes. "En caso de duda acerca de la edad, se beneficia al condenado. Si hay sospechas, la sentencia se reduce", afirmó.
Hassan y Khalil admitieron que es posible el error, y que algún menor podría sufrir la ejecución. "Todos los países cometen errores. ¿Qué sucede en Gran Bretaña y en Estados Unidos?", preguntó.
Amnistía y otras organizaciones postulan la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. En Gran Bretaña, la pena capital quedó abolida en 1965.
De todos modos, Suleiman y el también abogado Alí Agab insistieron, en declaraciones a IPS, en que la ejecución de menores es común en Sudán. Semanas después, después de reiterados pedidos de IPS para que identificara a menores ejecutados, Agab se retractó.
Por su parte, Suleiman identificó a Abel Aziz Omer Hamed, ejecutado, según él, en diciembre pasado, pero no dio más detalles a pesar de los insistentes pedidos.
No todas las organizaciones de derechos humanos condenan a Sudán. Algunas ofrecen interpretaciones disímiles de la de Amnistía sobre la pena capital, e incluso sobre la aplicación de la shariá.
Ghazi Suleiman, reconocido como el introductor de la lucha por los derechos humanos en Sudán, pasó buena parte de su trayectoria pública en la cárcel por denunciar abusos.
De todos modos, ha defendido el sistema legal sudanés, pues, según él, no está basado tanto sobre la shariá como sobre el derecho británico, uno de los remanentes de la era colonial, concluida en 1956.
De hecho, apenas cuatro de las 185 secciones del Código Penal sudanés están "islamizadas", es decir, inspiradas por la shariá. Estas secciones se refieren al asesinato, el adulterio y el robo.
"En mi vida como abogado profesional, nunca vi un caso de ejecución de menores", dijo Ghazi Suleiman. "No tenemos shariá."
El abogado defiende hoy a un grupo de hombres del sur de Sudán en un caso que podría concluir con una sentencia a la pena capital. Se los acusa de instigar disturbios en mayo de 2005 que terminaron con la muerte de 14 policías y 20 civiles.
Entre los acusados figuran tres menores de 18 años, que, según informó Ghazi Suleiman, fueron liberados y quedaron bajo la custodia de sus padres luego de demostrada su edad.
Pero el caso de Nagmeldin Abdallah se destaca como una muestra de la injusticia en Sudán, pues se ubica en el medio de muchas fronteras jurídicas.
Abdallah fue sometido a proceso desde mayo de 2003 sin contar con abogado, a pesar de que el derecho a la asistencia legal está consagrado por el derecho sudanés.
El joven dijo a las autoridades que había perdido su certificado de nacimiento, y fue entonces examinado por un médico que determinó que se trataba de un adulto.
En una declaración firmada, Abdallah aseguró que tenía 20 años y confesó el asesinato del verdulero, de 35. Fue condenado a muerte en 2003.
El padre de Abdallah inició una apelación, sin éxito. En noviembre, conoció al abogado Rifaat Makkawi, del Centro Popular de Asistencia Legal.
Abdallah le dijo a Makkawi que tenía apenas 15 años cuando mató al verdulero, que no contó con representación de un abogado y que la confesión fue extraída bajo tortura.
También admitió haber cometido el asesinato, pero con un motivo: el verdulero había abusado sexualmente de él. No mencionó ese dato en el juicio porque su padre estaba presente, aseguró.
"De acuerdo con su cultura, Abdallah no es un criminal. Si alguien hubiera abusado sexualmente de mí, yo habría hecho lo mismo", dijo el abogado, cuya estrategia se concentra en demostrar que el condenado es menor de edad.
"Cuando llegaron al tribunal de apelaciones comenzaron a usar el argumento de la edad", dijo el jefe del gubernamental Consejo Asesor de Derechos Humanos de Sudán, Abdul Moneim Taha. "Entregaron al tribunal un certificado."
Fue entonces que comenzó el fuego cruzado de acusaciones entre la acusación y la defensa.
Moneim aseguró que el certificado es falso y que fue emitido sólo después de que el padre de Abdallah firmó una declaración jurada según la cual su hijo nació el 7 de noviembre de 1987.
Mekkawi replicó que el certificado es copia fiel de archivos estatales que los fiscales ni siquiera se tomaron el trabajo de revisar en el primer juicio.
Moneim dijo que tres médicos determinaron que Abdallah era un adulto.
Mekkawi respondió que su cliente fue examinado por un único médico que se limitó a echarle un vistazo.
El caso de Abdallah está hoy en proceso de revisión. Su destino aún pende del delgado hilo de la justicia.
