Cirujanos británicos especializados en transplantes y activistas de derechos humanos consideraron insuficientes las nuevas medidas de China contra el tráfico ilegal de órganos de prisioneros ejecutados.
El gobierno chino introducirá nuevas regulaciones a partir del 1 de julio prohibiendo la venta de órganos humanos y requiriendo permisos escritos de los donantes.
Las nuevas medidas fueron anunciadas en marzo luego de una serie de denuncias hechas por grupos de derechos humanos sobre la extracción de órganos a prisioneros ajusticiados sin el consentimiento previo de éstos o de sus familias.
Sin embargo, la organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres, y la Sociedad Británica de Transplantes (BTS, por sus siglas en inglés) temen que poco cambiará con estas nuevas disposiciones.
Mientras se siga aplicando la pena de muerte en China, la práctica de tráfico de órganos continuará, alertaron.
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"Le damos la bienvenida a esta iniciativa, pero nuestra posición sobre el uso de órganos de presos sigue siendo la misma. Dada la naturaleza de la pena de muerte, habrá pocos casos, o ninguno, en que el prisionero que espera su inminente ejecución voluntariamente dé su consentimiento para que le extraigan luego los órganos", dijo a IPS la portavoz de Amnistía Saria Rees-Roberts.
La BTS añadió en abril su voz a las crecientes críticas contra esta práctica, cuando señaló en su sitio web que existe una "acumulada evidencia" de que órganos de prisioneros chinos ejecutados son extraídos para transplantes sin autorización.
La Sociedad "condena sin reserva cualquier actividad que viole los derechos humanos de un individuo o involucre la coerción a una persona para donar sus órganos. La denunciada relación entre las unidades de transplantes, las autoridades que regulan las ejecuciones y la disposición de órganos es algo poco ético", señaló a IPS el presidente del Comité de Ética de la BTS, Stephen Wigmore.
Entre esa evidencia está la aportada por el sitio web Bek-Transplant.com, producido en Beijing con información sobre transplantes en China, en el que se admite que los órganos ofrecidos proceden de "personas ejecutadas".
Más de 3.000 ejecuciones fueron documentadas en China el año pasado por Amnistía, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor.
En marzo de 2004, un miembro del Congreso Nacional del Pueblo, el parlamento chino, reconoció que ese país ejecuta unas 10.000 personas al año.
El sitio Bek-Transplant abiertamente ofrece órganos para extranjeros. El costo de un transplante de riñón para un ciudadano no chino es de 70.000 dólares, y el de hígado es de 12.000 dólares, incluyendo el costo del órgano. Los pagos son hechos directamente en los centros médicos donde se realice la operación.
Aunque se desconoce el número exacto de órganos extraídos de reclusos, el sitio admite que podrían tratarse de miles. Los clientes son tanto extranjeros como ciudadanos chinos.
"Sabemos que los japoneses y los coreanos son los principales clientes, pero hay personas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y de países árabes que han ido a China en busca de transplantes", dijo Wigmore.
Muchos de los pacientes que viajan a China por lo general están desesperados, pero "cualquier acción que cause el descrédito de la práctica de los transplantes debe ser condenada", añadió.
Wigmore expresó confianza en que "mejorando la conciencia pública sobre las prácticas en China se podrá disuadir a las personas de ir allí y reducir así la demanda de órganos y el incentivo financiero de esta actividad".
"Esperamos que otras sociedades médicas y gobiernos apoyen la posición que hemos tomado y hagan su propia presión a China para detener esto", dijo.
El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos del movimiento espiritual disidente chino Falun Gong ha documentado esta práctica. El grupo informó en su sitio web que muchos de sus miembros son asesinados por sus órganos en el hospital de Sujiatun, al que llama "campo de concentración". Los cadáveres luego son cremados.
"Es sabido que órganos humanos del campo de concentración de Sujiatun son vendidos a hospitales, que a su vez los revenden al mercado internacional. En el pasado, muchos miembros de Falun Gong fueron torturados hasta la muerte y algunos de sus órganos fueron extraídos", señaló el movimiento en su sitio en Internet.
Allí se incluyen los casos de varias víctimas, entre ellas Yang Ruiyu, una mujer de la oriental ciudad de Fuzhou.
"En la mañana del 19 de julio de 2001, alrededor de las 10.00 a.m., Yang fue sacada a la fuerza de su trabajo. Ella fue torturada hasta la muerte el 22 de julio. Su cadáver fue enviado bajo custodia policial hasta el crematorio. A su esposo y a su hija no les permitieron acercarse al cuerpo. Se dijo que tenía un agujero en un costado tan grande como un puño", señaló el movimiento.
Wigmore admitió que se han logrado avances, pero insistió en que la práctica está lejos de acabarse.
"Un sitio web creado en China que representaba a los hospitales que realizan esos transplantes vendidos al exterior fue clausurado. Otro que hacía lo mismo pero desde Japón dejó de trabajar por unos días", señaló.
La BTS espera que la presión política al gobierno chino haga que se adopten políticas más efectivas, y aseguró que la Sociedad seguirá de cerca el tema.
Amnistía ha condenado esta práctica desde que la constató por primera vez en 1993.
La pena de muerte se sigue aplicando en China como castigo a 68 delitos, entre los cuales hay varios no violentos, como el fraude impositivo, el soborno y la malversación de fondos del Estado.
