Cinco años después del escándalo que rodeó el juicio y la ejecución de Mariette Sonjaleen Bosch, una sudafricana blanca condenada por asesinato, activistas de derechos humanos dicen que la situación cambió muy poco en Botswana.
La justicia de este país de África austral, sin salida al mar, ordenó la ejecución en la horca de 39 personas desde que se independizó en 1966. Es una de las 35 naciones africanas que todavía mantiene e implementa la pena de muerte.
Botswana estuvo en el centro de las críticas internacionales en 2001, luego de que sus autoridades sentenciaron de modo apresurado a Bosch y dispusieron su ejecución en secreto.
Cinco años más tarde, las condenas rápidas, las ejecuciones precipitadas y el maltrato a familiares de los condenados —todos sellos distintivos del caso Bosch— continúan. "No hay absolutamente ningún cambio", dijo a IPS el portavoz presidencial Jeff Ramsay.
El "statu quo" seguirá intacto durante mucho tiempo, según Ramsay. Esta posición no es sorprendente, dado que el presidente Festus Mogae adhiere al retribucionismo, corriente del derecho penal que promueve castigos parangonables al daño ocasionado a las víctimas del delito.
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El último ejecutado en Botswana fue Modisane Ping, ahorcado el 1 de abril. Ping, hallado culpable de asesinar a su novia y al hijo de ésta, de seis años, era el único prisionero que quedaba en la fila de espera al cadalso.
El caso de Bosch no fue diferente, excepto por el componente racial del caso, dijo Ramsay. La mujer solo concitó la atención internacional por ser blanca, sostuvo.
Desde que Bosch fue ahorcada, Botswana ejecutó a cinco ciudadanos, incluido un sudafricano negro, Lehlohonolo Kobedi, condenado por asesinar a un policía. Ninguno de esos casos recibió la atención internacional que obtuvo la ejecución de Bosch.
Bosch fue declarada culpable de asesinato premeditado de su amiga Maria Wolmarans, con cuyo esposo, Tinnie, se casó luego. Fue ejecutada el 31 de marzo de 2001.
Apenas tres días después de la ejecución, el presidente Mogae manifestó en una conferencia de prensa: "Para nosotros fue un caso de asesinato y punto. Tal vez algún día ustedes nos convenzan" de otra cosa.
Hasta ahora, ese "algún día" del que hablaba Mogae no se vislumbra en el horizonte. El gobierno de Botswana no ha mostrado cambios en materia de pena de muerte. Y los activistas por su abolición no tienen ninguna señal de que alguien los esté escuchando.
"El Estado desconsideró flagrantemente los pedidos de una moratoria de ejecuciones o de abolición de la pena de muerte", dijo a IPS Alice Mogwe, directora del Centro de Botswana para los Derechos Humanos (Ditshwanelo).
Mogwe lamentó que el gobierno usara el color de Bosch para desviar la atención de la pena capital como problema de fondo. Sin embargo, señaló, la ejecución de la detenida, apenas dos meses después de que perdió la apelación, ayudó a ubicar el asunto en la esfera pública.
Ditshwanelo aboga por la abolición de la pena de muerte, según principios de derechos humanos acordados internacionalmente que reprueban toda forma de castigo cruel, inhumano y degradante.
El tramo final de la terrible —y cinematográfica— experiencia de Bosch comenzó a las seis de la mañana del viernes 30 de marzo de 2001, cuando se le informó que sería ejecutada al día siguiente.
Cuando su esposo Tinnie Wolmarans llamó a las autoridades de la prisión de máxima seguridad de Gaborone para acordar la hora de visita ese día, no se le informó de la inminente ejecución. Por el contrario, se le informó que había una inspección en la cárcel y que por lo tanto debería ir el lunes siguiente.
Wolmarans no imaginaba lo peor: el destino de su esposa ya había sido decidido y sería ahorcada a la mañana siguiente.
Los funcionarios de la prisión no dejaron que su esposo y demás familiares la visitaran. Bosch pasó sus últimas horas escribiendo cartas a ser entregadas luego de su muerte. Esas fueron sus últimas palabras.
"Ellos no quieren que yo te vea", le escribió Bosch a su esposo.
"El anuncio deberá hacerse en la mañana del lunes 2 de abril de 2001, a cualquier hora a partir de las seis", señaló una nota manuscrita del comisionado de Prisiones y Rehabilitación, en un memorándum previo al ahorcamiento.
La familia se enteró de su ejecución del mismo modo que todo Botswana: a través de un boletín informativo oficial, dos días después de su ahorcamiento.
El caso de Bosch no es diferente de muchos otros que fueron ahorcados antes o después que ella. Su solicitud de clemencia al presidente Mogae nunca fue respondida. Tampoco lo fue la de Ping, ejecutado el mes pasado.
Activistas de derechos humanos continúan lamentando las ejecuciones secretas y apresuradas, las negativas a los pedidos de suspensión de la ejecución y el maltrato a los familiares de los condenados.
"El gobierno nunca ejerció la regla de piedad ni comunicó la negativa de los pedido hasta después de la ejecución", dijo Kgafela Kgafela, abogado especializado en derechos humanos.
Mogwe, la directora de Ditshwanelo, consideró aborrecible que el Estado continúe ejecutando personas en secreto, con lo que se castiga a los familiares, que no son responsables del delito condenado, agregó.
"Creemos que una falta de transparencia en los procedimientos es una seria amenaza a la democracia y a la gobernanza", dijo.
A propósito de la ejecución más reciente, Mogwe agregó que "las autoridades de la prisión se comportan de un modo innecesariamente cruel hacia los familiares, cuando ejecutan sentencias de muerte".
A los familiares que piden permiso para ver a los condenados, suele informárseles de "una inspección" y se enteran días después que la ejecución se concretó, relató.
Esto fue lo que ocurrió en los casos de Bosch, Kobedi y Ping.
"Muchos en Botswana ni siquiera saben que a los familiares no se les permite asistir al entierro de un prisionero condenado", dijo Mogwe a IPS. Tampoco visitar sus tumbas.
Mogwe también alegó que, pese a las muchas ejecuciones, la pena de muerte no redujo la cantidad de asesinatos en Botswana. "Se debería prestar mucha atención a las causas subyacentes del delito y a las soluciones", opinó.
Los registros policiales muestran que 1.500 personas fueron asesinadas en este país en los últimos cinco años. En los primeros cuatro meses de este año se registraron 47 homicidios.
Seema Kandelia y Nicola Browne, del Centro para los Estudios sobre la Pena Capital, dijeron en un taller regional de África austral celebrado en noviembre en Gaborone que abogan por una educación pública sobre la pena de muerte.
En una investigación presentada en ese taller, argumentaron que los gobiernos a menudo citan el apoyo de la ciudadanía como justificación para mantener la pena máxima. Ese apoyo puede disminuir con una educación apropiada, aseguraron.
"En todo nuestro trabajo, enfatizamos la importancia de presentar sentencias efectivas, proporcionales y humanas. De otro modo, existe el peligro de que los países recurran al próximo castigo draconiano: la vida entera", expresaron durante el taller.
Reconocieron, sin embargo, que el apoyo a las víctimas podría constituir una importante omisión en la retórica de los abolicionistas. Se trata de un asunto que suele ser explotado por los políticos.
"Hay una necesidad de apoyo a la víctima, pero eso también olvida los elementos de la justicia natural: consistencia y proporcionalidad", afirmaron.
Ramsay, el portavoz presidencial, señaló que en Botswana hay un abrumador apoyo a la pena de muerte.
Pero Bosch todavía puede atormentar al propio gobierno que puso fin a su vida. Nunca se declaró culpable y todavía hay muchos que opinan que el asesino de su amiga todavía está suelto.
En esta materia, "cuando se comete un error no se puede corregir", dijo su abogado, Edward Fashole Luke, hablando en un debate sobre la pena de muerte.
