La Secretaría General de la ONU, acusada de mala administración y corrupción, brindará consejos y orientación a su personal en materia de ética.
La Oficina de Ética de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), creada en enero, se comprometió a proteger a los denunciantes de irregularidades ante posibles represalias por informar sobre fraudes y corrupción dentro del foro mundial.
Tunku Abdul Aziz, consejero especial de la Oficina de Ética, dijo a la prensa el jueves que en el pasado se esperaba que los funcionarios de la ONU "meramente cumplieran con las reglas y regulaciones que rigen su servicio".
Pero ahora serán "persuadidos y alentados a ir más allá del mero cumplimiento" de sus obligaciones "y a comprender la verdadera naturaleza del servicio público, con todo lo que eso implica", señaló Tunku, cofundador de la filial malasia de Transparencia Internacional.
También enfatizó que la nueva oficina no será otra capa de la burocracia de la ONU.
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Según las pautas presentadas por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, "todas las oficinas y el personal cooperarán con la Oficina de Ética y brindarán acceso a todos los registros y documentos solicitados por ella".
Las excepciones serán los registros médicos, que no están disponibles sin expreso consentimiento del funcionario involucrado, y registros de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS) sujetos a requisitos de confidencialidad.
Annan dijo que un ingrediente clave de cualquier organización exitosa es "una cultura ética y responsable que domine a su personal, desde lo más alto a lo más bajo de su escalafón".
Desafortunadamente, "en años recientes quedó claro que demasiado a menudo estos patrones elevados no nos alcanzaron", indicó.
Desde que Annan asumió el cargo, en 1997, alrededor de 40 funcionarios fueron objeto de despido sumario a causa de irregularidades. El trabajo de uno de ellos se relacionaba con las compras.
Además, más de 100 cascos azules y funcionarios civiles que participaba en operaciones de paz de la ONU fueron o bien destituidos o bien expulsados, y varias unidades militares completas fueron repatriadas a sus países de origen, mayormente por cargos de explotación sexual.
Bajo el nuevo sistema de declaración de ingresos de los funcionarios, el valor de los obsequios que los funcionarios de la ONU se verán obligados a informar a la organización se reducirá de 10.000 dólares a 250 dólares.
Consultado sobre los "formularios de revelación financiera" que los altos funcionarios deben completar, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo la semana pasada que alrededor de 80 por ciento ya lo habían hecho.
Deberán cumplir con esa obligación, entre otros, "directores, personal de compras, personal con acceso a información sobre cuentas o financiera, y cualquier otro que cada oficina ejecutiva de departamento considere apropiado", agregó.
Además del secretario general y su vice, funcionarios de tercer y cuarto rango incluyen a alrededor de 125 subsecretarios generales y secretarios generales asistentes.
El requisito de la declaración patrimonial se extenderá también a directores y otros funcionarios con acceso a "información financiera delicada". Un total de unos 1.300 empleados de la ONU estarán sujetos a esta disposición.
La ONU está en el centro de escándalos como el de corrupción por el programa humanitario para Iraq Petróleo por Alimentos y los "actos absolutamente inadmisibles de explotación sexual por parte de algunos de nuestros soldados de paz", dijo Annan en marzo, en su informe sobre la reforma del foro mundial.
La semana pasada, los senadores estdounidenses Tom Coburn, Jeff Sessions y James Inhofe escribieron una carta a la secretaria de Estado (canciller) de ese país, Condoleezza Rice, urgiéndola a condicionar el pago de aportes a la ONU a la concreción de reformas administrativas.
"Antes de pedir a los estadounidenses millones de dólares para el corrupto sistema de compras de la ONU, es imperativo que sepamos que los esfuerzos de buena fe para una reforma se implementan, comenzando, primero y por sobre todo, con una transparencia completa, usando un sitio web", señaló la carta.
Los tres senadores urgieron al gobierno de Estados Unidos a no pagar su cuota de un proyecto de la ONU de 1.700 millones de dólares —el Plan Capital Maestro— para renovar y restaurar el sexagenario edificio de la Secretaría, en Nueva York.
"El Plan Capital Maestro es un importante proyecto gerenciado dentro del mismo sistema de compras corrupto que dio pie al escándalo del programa Petróleo por Alimentos y muchos otros que ahora salen a la luz", dijeron los senadores a Rice.
Dado que a legisladores y medios de comunicación se les negó reiteradamente acceso a contratos e información sobre ellos, señalaron, nadie sabe el real alcance de los escándalos a propósito de las compras, que entre otras cosas involucraron sobornos y nepotismo.
La carta también indicó que pese a la noticia de que ocho empleados de ventas —que no se nombra— fueron puestos bajo licencia administrativa y a las acusaciones de dos funcionarios, "la ONU se niega a divulgar detalles en torno a estos incidentes o difundir cualquier informe o auditoría".
Hasta ahora, dijo, hay compañías directamente involucradas en el escándalo de ventas, pero todavía están listadas como contratistas activas de la ONU.
"Por estas razones, la ONU debe tener una transparencia plena y significativa con sus contratos y presupuestos de compras antes que podamos acordar iniciar la financiación de este proyecto de compras por 1.700 millones de dólares", puntualizó la misiva.
