Estados Unidos concluyó este lunes su defensa ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que en los próximos 10 días divulgará sus opiniones sobre las alegadas prácticas de ese delito cometidas desde que Washington inició la guerra contra el terrorismo.
"Es evidente que (la delegación estadounidense) tiene una construcción bien elaborada para justificar todo lo que Estados Unidos está haciendo", comentó Fernando Mariño Menéndez, integrante del Comité que tiene a su cargo la relatoría del caso de ese país.
El Comité concluirá sus tareas el 19 de este mes, cuando distribuirá las recomendaciones a Estados Unidos y a los demás países examinados durante su actual de período de sesiones: Corea del Sur, Georgia, Guatemala, Perú, Qatar y Togo.
Mariño Menéndez estimo que "tenemos material de sobra" para redactar las observaciones finales sobre Estados Unidos. Una delegación de casi 30 altos funcionarios estadounidenses respondió a preguntas de los miembros del Comité durante las audiencias celebradas el viernes y este lunes.
El Comité es uno de los "órganos de los tratados", como se denomina a los cuerpos encargados de supervisar el acatamiento de los Estados partes de los acuerdos multilaterales sobre derechos humanos concertados bajo el amparo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
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En este caso, se trata de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establecida en 1987 y que hasta ahora cuenta con las ratificaciones de 141 estados.
Mariño Menéndez adelantó que el cuerpo opinaría sobre "todos y cada uno" de los problemas que afectan a Estados Unidos en materia de tortura.
El dictamen versará sobre los presos ilegales de la base militar estadounidense en la bahía cubana de Guantánamo, de las prisiones secretas y de los vuelos incontrolados sobre Europa y África de aviones que transportan detenidos, dijo el relator.
Las recomendaciones se ocuparán también de la situación en las cárceles comunes de Estados Unidos y del sentido de las leyes vigentes en el país, agregó.
El jefe de la delegación estadounidense, John B. Bellinger, reconoció que los puntos de vista del Comité merecían respeto, pero puntualizó que la Convención no otorgaba al cuerpo la potestad de "emitir opiniones legales vinculantes" sobre la naturaleza de las obligaciones de Estados Unidos.
Bellinger ratificó que todos los funcionarios del gobierno de su país y de las agencias subordinadas tenían prohibido ejecutar acciones de tortura, en todo momento y en cualquier lugar en que se encontraran.
En respuesta a una pregunta del relator, Bellinger dijo que Estados Unidos estaba trabado en un conflicto armado "real, no retórico" con la organización terrorista Al Qaeda (a la cual Washington acusa de los ataques de septiembre de 2001 contra su territorio), sus militantes y sus defensores.
El funcionario, asesor legal del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, aclaró que su país no se consideraba a sí mismo involucrado en un "estado de conflicto armado internacional" con cada grupo terrorista en el mundo.
Mariño Menéndez comentó que "yo nunca les había oído decir tan claramente que eso es un conflicto armado internacional. Por primera vez lo han dicho".
Como jurista, "francamente me parece dudoso" que exista la figura de un conflicto armado internacional con una organización privada, comentó el relator a IPS.
"Es una calificación que ellos (Estados Unidos) han hecho de modo unilateral. Se puede hablar quizá de un conflicto armado en Afganistán, como han indicado. Pero en el resto, es dudoso", insistió Mariño.
La delegación estadounidense admitió que el empleo de instrumentos de electrochoque o aparatos paralizantes por parte de las fuerzas de seguridad del país ha causado varios decesos de personas.
Con respecto a otro método de tortura, el simulacro de asfixia de prisioneros, conocido también como "submarino" y que consiste en introducir la cabeza del detenido en un recipiente de agua, los funcionarios estadounidenses aseguraron que en los manuales actualmente vigentes no estaba autorizado.
Bellinger recordó que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaró este fin de semana su deseo de clausurar la prisión instalada en la base naval de Guantánamo.
"El presidente no desea mantener la cárcel de Guantánamo por más tiempo del necesario y agradecerá la asistencia de otros países en ese sentido", dijo.
Mariño Menéndez interpretó que a Estados Unidos le agradaría que muchos de los casi 500 detenidos en esa prisión fueran recibidos por países determinados. "Pienso que no quieren proceder penalmente contra esos prisioneros", opinó.
El dilema que afronta Estados Unidos en Guantánamo es "los incrimina o los deja en libertad, porque no hay una tercera opción". Tenerlos indefinidamente para averiguar datos secretos en cierto momento ya no tiene sentido, arguyó el relator.
