El Congreso de los Diputados de España reclamó de forma unánime este viernes elevar a 250 millones de euros anuales la ayuda al desarrollo de África (casi el doble que la actual), mientras el gobierno anunciaba un plan de seguridad integral para desalentar a los inmigrantes indocumentados.
El portavoz de la propuesta de asistencia, el diputado Carles Campuzano, señaló que además de lograr corresponsabilidad de los países de origen para controlar la inmigración "es necesario vincular la solución a la agenda de la ayuda al desarrollo".
El gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó este viernes un "plan de seguridad integral", en el que se involucra a siete ministerios para intensificar el control en las costas, constituir equipos policiales contra el crimen e impulsar el respeto de los derechos humanos.
Entre la noche del jueves y la mañana de este viernes arribaron a las españolas islas Canarias, situadas frente a la costa noroccidental de África, dos cayucos (embarcaciones más pequeñas que las pateras) con 161 adultos y dos niños a bordo, procedentes de la región africana subsahariana.
Estos se suman a los 358 menores de edad llegados en las últimas semanas. Según cifras oficiales, hasta el 21 de mayo arribaron a las costas canarias 7.616 inmigrantes procedentes del continente africano.
Ante estas sucesivas avalanchas de inmigrantes que arriesgan o mueren en esos viajes, organizaciones no gubernamentales, políticos y analistas señalan que la represión no las desalentará y reclaman medidas de otro carácter.
El analista Manuel Castells recordó que en los años 70 España tenía dos millones de emigrantes, la mayoría de ellos trabajando en otros países europeos. Pero con el desarrollo del país, no solamente regresó la mayoría de los emigrados, sino que se revirtió el flujo migratorio, que crece sin cesar y a pesar de todos los controles fronterizos y las leyes de deportación.
Según Castells "pensar en tratar la inmigración negando su realidad o pensando que se puede resolver a golpes es atávico, ignorante y, sobre todo, ineficaz". Por eso, no se debe "tapar con los dedos el estrecho de Gibraltar" sino pensar "en la gestión compartida de una economía global y una sociedad en la que nuestra identidad, nunca una esencia, pueda perdurar co-evolucionando con las demás".
Más dura fue la reacción de la Federación Panafricanista de España, que agrupa a 32 asociaciones de residentes de ese continente. Su consejero cultural, Amtumi Toasije, dijo a IPS que la entidad está "absolutamente en contra de la restricción al libre flujo de personas" y de las limitaciones, pues "ponen en peligro la vida de los inmigrantes que intentan entrar de cualquier forma".
Toasije invoca el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que "toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado".
Para él las desigualdades entre el Norte rico y el Sur en desarrollo fueron originadas por el neocolonialismo y "provocan que la gente se traslade fuera de su país buscando las riquezas que les han robado para vivir una vida digna con su familia".
Las cifras parecen confirmarlo. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 460 millones de personas tienen grandes dificultades para alimentarse, de ellos 50 millones sufren hambre crónica y 16 millones que viven en Etiopía, Kenia, Djibouti y Somalia perderán sus vidas si no reciben ayuda urgente. Otros 300 millones carecen de agua potable y de servicios básicos de saneamiento.
Frente a este panorama, Madrid decidió fortalecer la cooperación al desarrollo, reforzar las fronteras y firmar acuerdos con más países para que acepten la repatriación de sus ciudadanos que lleguen a España sin visas.
Las medidas fueron planteadas por el canciller Miguel Ángel Moratinos en la Mesa Redonda Ministerial sobre legislación antiterrorista en África Occidental y Central, celebrada el jueves y este viernes en Madrid, convocada por la Organización de las Naciones Unidas.
Al encuentro asistieron los cancilleres de España, Cabo Verde, República del Congo, República Democrática del Congo, Mauritania, Sierra Leona, Burundi, Benín, Angola, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Camerún.
En su intervención, Moratinos ofreció mayor cooperación, incluyendo ayudas para la formación profesional y la creación de empleos, con la condición de que se firmaran, de forma simultánea, acuerdos para la readmisión de ciudadanos de esas naciones que emigren a España sin visa.
Fuentes de la cancillería española señalaron que el planteamiento "en principio" fue aceptado por los ministros de Guinea Bissau, Guinea, Cabo Verde, Camerún y Sierra Leona. De concretarse el acuerdo, España podría repatriar a inmigrantes de esos países, al igual que ahora lo hace con los procedentes de Marruecos, Argelia, Libia y Túnez.
El problema de fondo sigue siendo el subdesarrollo y la dependencia económica de los países africanos, precisó este viernes el consejero de la Presidencia de Senegal, Serigne Diop, quien pidió más cooperación europea.
Mientras las declaraciones oficiales en Madrid procuraban calmar los ánimos en la Comunidad Canaria, diarios locales elevaron la inquietud al citar fuentes policiales según las cuales 30 por ciento de mil inmigrantes indocumentados analizados padecían de sida, sífilis, tuberculosis y hepatitis B y C, entre otras enfermedades.
El activista Carlos Arroyo, responsable en Canarias de la organización no gubernamental Médicos del Mundo y con 10 años de trabajo allí, desmintió a IPS esos resultados y aseveró que la proporción era de 0,30 por ciento, "el mismo que el resto de la población española".
La fuente policial citada por la prensa canaria es un sindicato "de policías, no de médicos", por lo que la afirmación carece de rigor científico, sostuvo.
