Con el único deseo de avanzar en su «guerra mundial contra el terrorismo», Estados Unidos avala y aun promueve medidas antidemocráticas en los regímenes más represivos del planeta, como el de Egipto.
El país de África septentrional constituye un ejemplo clásico.
La semana pasada, ignorando críticas de activistas locales de derechos humanos, Egipto extendió la Ley de Emergencia, con más de 20 años de antigüedad, que faculta al gobierno para arrestar y mantener recluida a una persona sin necesidad de presentar acusación judicial.
Además, el gobierno del presidente Hosni Mubarak se negó a moderar sus pretensiones de reducir la independencia del ya débil sistema judicial.
Estos acontecimientos dejan en claro cómo la "guerra contra el terrorismo" promueve medidas contra la gobernanza y la sociedad civil, que podrían ser poderosas herramientas contra los verdaderos terroristas que Egipto pretende derrotar.
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El país africano fue sacudido el mes pasado por nuevos atentados terroristas en una zona turística sobre el mar Rojo. Al menos 18 personas murieron y otras 80 resultaron heridas tras la explosión de bombas en dos cafeterías y un supermercado del oriental balneario de Dahab.
"La promoción de la democracia y la cooperación en la guerra contra el terrorismo están con frecuencia en conflicto entre sí, y Estados Unidos no ha mostrado disposición a presionar por democracia a muchos regímenes que considera clave" en su campaña, dijo a IPS Samer Shehata, experto del Centro para Estudios Árabes Contemporáneos de la Universidad de Georgetown.
Washington "necesita a estos regímenes para tener información de inteligencia sobre organizaciones terroristas, y en algunos casos para la cooperación y la coordinación en acciones como las 'entregas' (renditions) extrajudiciales" de prisioneros, indicó.
Las "entregas" consisten en el envío de sospechosos de terrorismo detenidos por Estados Unidos a gobiernos que tienen antecedentes de abuso contra islamistas radicales, lo cual constituye una violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Tortura.
"Con frecuencia, el costo que Estados Unidos debe pagar es no poder presionar a estos regímenes en cuestiones como los derechos humanos, el estado de derecho, la corrupción y la democratización", añadió Shehata.
Tras los comicios presidenciales del año pasado en Egipto, a los que muchos consideraron fraguados, jueces exigieron que se les permitiera investigar informes sobre irregularidades en la votación, casos de violencia contra ciudadanos y jueces que observaban el acto electoral y falsificación de sufragios.
La respuesta del gobierno fue despojar a seis jueces de su inmunidad para que fueran interrogados por la policía, abriendo así la puerta a la acusación penal por difamación e injurias.
Activistas escribieron una carta al primer ministro Ahmed Nazif en la manifestaron "preocupación por varias violaciones de derechos humanos ocurridas con renovada fuerza en los últimos meses en Egipto, y, en particular, por las repetidas restricciones a la libertad de expresión y opinión sufridas por diferentes grupos de la sociedad civil".
El destino de los magistrados detenidos permanece en el limbo político y judicial.
Egipto adoptó su Ley de Emergencia en 1981, en respuesta al asesinato del antecesor de Mubarak, Anwar el Sadat (1970-1981), y ha sido usada para detener a más de 30.000 personas indefinidamente y sin cargos.
Mubarak renovó la ley cada tres años desde entonces. Organizaciones de derechos humanos calculan unas 15.000 personas languidecen hoy en las cárceles egipcias sin acusaciones formales.
La norma expresamente permite a las autoridades mantener detenidos hasta seis meses a cualquier individuo sin necesidad de acusarlo ante la justicia.
Expertos legales explicaron que, en la práctica, el gobierno técnicamente cumple la ley, pues formalmente libera a los prisioneros cuando termina el plazo, para volverlos arrestar sin siquiera dejarlos salir del centro de detención.
En efecto, la ley es una ofensiva del gobierno contra toda oposición y contra la libertad de prensa.
En la última campaña presidencial, la primera en la historia del país que permitió candidaturas múltiples, Mubarak prometió repetidamente revocar el estado de emergencia y promover una nueva ley antiterrorista.
El mandatario recibió el respaldo entusiasta de organizaciones de derechos humanos, de periodistas y de abogados e incluso de partidos políticos opositores.
La Organización Egipcia para los Derechos Humanos y la Asociación de Derechos Humanos para la Asistencia de Prisioneros también exhortaron al gobierno a que considerara las demandas del Sindicato de la Prensa Egipcia para reformar las leyes que rigen la actividad periodística.
Todas esas organizaciones manifestaron preocupación por las cláusulas sobre difamación y subrayaron la necesidad de "despenalizar las ofensas vinculadas a la prensa para garantizar la libertad de expresión y la democracia en el país".
Dos periodistas fueron días atrás multados y sentenciados a un año de prisión por "difamación", y cientos de casos similares estarían hoy ante la justicia.
La respuesta del presidente egipcio fue promover una extensión de dos años más de la Ley de Emergencia, con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios del gobernante Partido Democrático Nacional. La moción fue aprobada por 237 votos contra 91.
El mayor bloque opositor en el Parlamento, 88 miembros de la organización proscripta Hermandad Musulmana, elegidos el año pasado, asistieron el domingo a la asamblea legislativa llevando brazaletes negros en señal de protesta contra la Ley de Emergencia.
La Hermandad Musulmana, que funciona también como movimiento social, es la voz principal del Islam en este país de 70 millones de habitantes, la gran mayoría fieles de ea religión.
"Nunca usaremos la Ley de Emergencia contra el pueblo egipcio. La usaremos sólo para proteger a los ciudadanos y enfrentar a las células terroristas que no han sido aún sofocadas", dijo Nazif en el Parlamento.
Tras aprobación de la norma, las autoridades detuvieron de inmediato a varias decenas de jóvenes opositores que habían desplegado carteles con frases como: "No a la Ley de Emergencia" y "Juntos contra la extensión de la Ley de Emergencia".
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos expresó desilusión porque las elecciones en Egipto no fueron lo libres y justas que esperaba, pero al mismo tiempo Bush elogió al gobierno de Mubarak por su apoyo incondicional a la "guerra contra terrorismo".
El mandatario estadounidense ha expresado sentimientos similares hacia otros países con nefastos antecedentes en materia de derechos humanos pero que respaldan su campaña bélica internacional, como Arabia Saudita, Azerbaiyán, Jordania, Kazajstán, Libia, Pakistán y Yemen.
Estas naciones continuamente reciben evaluaciones negativas en el informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos.
"Estados Unidos entra en un terreno débil cuando se enfrenta con gobiernos que reclaman poderes excepcionales para encarar la amenaza del terrorismo, ya que también él se atribuyó esas licencias", dijo a IPS el director de Programas Internacionales de la organización humanitaria Human Rights First, Neil Hicks.
"Estados Unidos intervino en Egipto en favor de determinados prisioneros y por preocupaciones específicas en materia de derechos humanos, pero el gobierno de Bush es débil en sus comentarios sobre el contexto general", sostuvo.
"La Ley de Emergencia socavó los progresos democráticos y de derechos humanos en Egipto durante décadas", añadió.
Por su parte, Mary Shaw, de Amnistía Internacional, señaló que, durante muchos años, la organización "ha informado sobre los numerosas violaciones a los derechos humanos cometidos por Egipto y otros países a los que el presidente Bush elogia como aliados en la 'guerra contra el terrorismo'".
"Y, en los últimos años, Amnistía ha tenido que informar similares abusos, como tortura y detenciones indefinidas, cometidos también por Estados Unidos. La democracia y la verdadera libertad no pueden prosperar mientras continúen estas prácticas", dijo a IPS.
"La guerra contra el terrorismo no debe ser usada como excusa para negar los derechos humanos o ignorar los abusos. De otra manera, los que luchan contra el terror ganarán en realidad una batalla contra la libertad. Esta guerra se tiene que pelear sólo con pleno respeto a los derechos humanos de todos", subrayó.
