Estados Unidos comparecerá, por primera vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, ante un organismo internacional que examinará el apego a las normas de la convención contra la tortura durante las acciones que desde entonces libra en su lucha contra el terrorismo.
El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) formulará este viernes una serie de preguntas a una delegación de 30 funcionarios enviados por Washington, mientras que las respuestas de éstos se conocerán en la audiencia prevista para el lunes próximo.
Antes de concluir este período de sesiones, que se extiende desde el 1 al 19 de este mes en Ginebra, el Comité divulgará sus recomendaciones a Estados Unidos, Corea del Sur, Georgia, Guatemala, Perú, Qatar y Togo sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en vigor desde 1987.
Espero que el tribunal escuche cuidadosamente, formule preguntas sólidas y presente recomendaciones convincentes, confió a IPS la directora en Washington de Human Rights Watch (HRW), Jennifer Daskal, quien viajó a Ginebra para seguir el proceso del caso estadounidense.
Las principales organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos humanos, como HRW con su sede en Nueva York, han criticado las orientaciones y los métodos de la lucha antiterrorista de Estados Unidos y en particular las prácticas de torturas contra detenidos, gran parte de ellos en situación ilegal.
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Representantes de 13 de esas entidades internacionales de la sociedad civil mantuvieron este jueves un encuentro con los 10 expertos independientes que integran el comité de la ONU para aportar sus puntos de vista y la información que han recogido de las víctimas de esos abusos.
El Comité que supervisa periódicamente el cumplimiento de los preceptos de la Convención contra tortura por parte de los 141 estados que hasta ahora la han ratificado, ya ha recibido 247 informes de esos países.
Esas cifras demuestran que no existe, por parte de los organismos de derechos humanos de la ONU, un ensañamiento inquisitorial contra Estados Unidos, expuso Mariette Grange, representante de HRW en Ginebra.
El informe que se discute este fin de semana es el segundo que presenta Washington, aunque esta vez lo ha hecho con cinco años de retardo, puntualizó la activista.
Uno de los aspectos de la política estadounidense respecto a la tortura que más incomoda a HRW es la redefinición del concepto de ese abuso, que supuestamente pretenden introducir las autoridades de Estados Unidos.
Daskal explicó que ciertos funcionarios de Estados Unidos se rehúsan a reconocer que los simulacros de asfixia en el agua cometidos contra detenidos constituyen actos de tortura.
El propio asesor legal del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, John B. Bellinger, evitó responder la semana pasada a un interrogatorio periodístico que le solicitaba una clasificación precisa de ese abuso como tortura, aseguró Daskal.
Ese mismo tratamiento cruel contra detenidos fue aplicado, bajo el nombre de "submarino", por las fuerzas represivas de las dictaduras militares que dominaron varios países de América Latina durante las décadas del 70 y del 80, recordaron los activistas.
Otro tema que preocupa a HRW es el de detenciones incomunicadas y en prisiones secretas. El Comité ha pedido a Estados Unidos que revele donde están esos prisioneros y el número de los capturados en esas condiciones.
Daskal recordó que en sus informes anuales sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado estadounidense ha condenado a otros países, como Belarús, Egipto o Pakistán, por practicar las detenciones en condiciones de incomunicados y por perpetrar las desapariciones forzadas de personas.
Ahora Estados Unidos afronta un interrogatorio por esas mismas cuestiones ante el Comité contra la tortura, apuntó la representante de HRW.
Las organizaciones de derechos humanos mostraron inquietud también por la impunidad de los perpetradores de los delitos de tortura, por cuanto no asumen la responsabilidad jurídica ni rinden cuentas ante la justicia.
Un estudio efectuado por HRW con la institución Human Rights First y el Centro por los Derechos humanos y la Justicia Mundial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York examinó los castigos y las medidas disciplinarias aplicadas a los autores de abusos contra detenidos en custodia estadounidense en Afganistán, Iraq y en la base de Guantánamo, Cuba.
En unos 330 casos se denunció que personal militar y civil estadounidense había cometido abusos o inclusive había asesinado a detenidos.
Esos casos afectaron a unos 600 agentes estadounidenses, entre los cuales se produjeron mas de 460 detenciones.
Sólo 54 militares, menos de 10 por ciento del total de involucrados, fueron declarados culpables por tribunales militares. De ellos, únicamente 40 merecieron condenas de prisión, aunque apenas un número reducido recibió penas prolongadas.
Muchas de las sentencias establecieron condenas por menos de un año de prisión, inclusive en casos de graves abusos, remarcó Daskal
El gobierno estadounidense de George W. Bush ha tomado con seriedad esta audiencia ante el Comité contra la tortura, como lo demuestra el número elevado de funcionarios que envía, procedentes de los departamentos (ministerios) de Estado, Defensa, Justicia, e Interior, dijo la activista.
Sin embargo, la ausencia de representantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), es notoria, observó.
Daskal comentó a IPS que un resultado positivo del examen de la conducta de Estados Unidos sería una recomendación del Comité de la ONU a las autoridades Washington para que pongan fin a muchas de las prácticas abusivas denunciadas por las organizaciones de derechos humanos.
De la misma manera, el tribunal debe recomendar a Estados Unidos que facilite el acceso a los prisioneros recluidos en lugares secretos y también que ofrezca garantías diplomáticas de que no se transfieren detenidos a países donde la práctica de la tortura es habitual, insistió la representante de HRW.
