Si bien Chile registró avances en la defensa de los derechos humanos en 2005, según el informe anual de Amnistía Internacional, dirigentes locales de la organización señalaron este miércoles a IPS la existencia de situaciones críticas ligadas a leyes de impunidad y a los derechos de indígenas.
El capítulo chileno de la organización humanitaria no gubernamental con sede en Londres alertó sobre "señales contradictorias" venidas desde el Poder Ejecutivo y de la Justicia, criticando especialmente la aplicación en democracia de las cuestionadas leyes de Amnistía y Antiterrorismo, aprobadas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"En general, podemos decir que se han dado pasos sustantivos (en materia de derechos humanos en Chile), no hemos tenido retrocesos, pero sí hay señales que son contradictorias y eso hay que destacarlo", dijo a IPS Lorena Leiva, presidenta de Amnistía Internacional (AI)-Chile.
Una de esas señales cruzadas es la vigencia de la Ley de Amnistía, "que es un impedimento para lograr verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos", en esa época.
Esa norma fue invocada este mes por el juez Víctor Montiglio en el caso "Caravana de la Muerte", beneficiando a seis ex uniformados procesados.
Leiva también criticó la decisión del año pasado de la Corte Suprema de Justicia de establecer un plazo máximo de seis meses para investigar "desapariciones" y otras violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno militar, la cual fue suspendida en mayo, permitiendo que continuara la indagación de por lo menos de 150 casos.
En tanto, el ex presidente chileno Patricio Aylwin (1990-1994) dijo a IPS que está en contra de la aplicación de la Ley Antiterrorista en los casos en que se han visto involucrados integrantes de la etnia indígena mapuche, ya que establece severas penas de cárcel.
Aylwin participó en la noche de la víspera del acto de presentación en Santiago del Informe Anual 2005 de AI, divulgado ese mismo día en la sede central de Londres, con duros juicios sobre la conducta de las grandes potencias en materia de atropellos a los derechos humanos.
La Ley Antiterrorista fue invocada por el Ministerio del Interior en el caso de los tres indígenas y una simpatizante de la causa mapuche, condenados en 2001 a 10 años de prisión por el delito de "incendio terrorista" en un predio de la novena región de la Araucanía, los cuales decidieron manifestar su rechazo a la sentencia a través de una huelga de hambre.
El día 20, tras un receso de una semana, estas cuatro personas reanudaron el ayuno que sostuvieron por 63 días en la cárcel de Temuco, 670 kilómetros al sur e Santiago, arguyendo que no se cumplieron las condiciones pactadas con el gobierno de Michelle Bachelet para deponer la medida de presión.
Otro hecho cuestionado por los expertos fue el escándalo suscitado este mes por el reconocimiento, por parte del gobierno, de errores en la identificación de 48 restos de personas detenidas-desaparecidas, exhumados en 1991 del emblemático Patio 29 del Cementerio General, ubicado en la capital chilena.
El informe de AI, que escudriña la realidad de 150 países, destacó como hechos positivos en Chile en el último año, el procesamiento y arresto domiciliario de Pinochet por violaciones de los derechos humanos, y la extradición desde Argentina y posterior procesamiento de Paul Schäfer, ex jerarca y fundador Colonia Dignidad, un enclave de emigrantes alemanes en el sur del país.
Schäfer y otros ex jefes de la colonia fueron acusados de violaciones de los derechos básicos de las personas, infracciones a la ley de armas, maltratos y abusos sobre menores.
También se celebró el último informe entregado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada en 2003 por el entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006), con 27.000 casos documentados de víctimas, y el reconocimiento de la Armada de Chile de las torturas cometidas en el buque-escuela Esmeralda durante la dictadura.
De igual forma, se valoró la detención en noviembre pasado del ex presidente peruano Alberto Fujimori, acusado de actos de corrupción y violaciones de derechos humanos bajo su gobierno de 1990 a 2000, quien logró la libertad bajo fianza el día 18 mientras finaliza el juicio para su probable extradición a su país.
"A Amnistía Internacional le parece que el Poder Judicial ha dado una señal bastante contradictoria respecto de la libertad condicional de Fujimori por los peligros que esto puede acarrear. Con esta decisión, algo que era estrictamente judicial, pasa a tener un valor político y el gobierno tiene que poner sus límites", señaló Leiva.
La activista aludió así a la petición realizada este martes por Bachelet a la Corte Suprema de Justicia para evitar que el ex mandatario peruano siguiera emitiendo declaraciones políticas que, según la propia jefa de Estado, estaban afectando las relaciones entre ambos países vecinos.
Fujimori, tras quedar en libertad condicional, señaló en una tumultuosa ruda de prensa que sufre una "persecución política" desde su país y negó todos los cargos que se le imputan.
Mientras, el capítulo chileno de AI está impulsando una Agenda de Derechos Humanos con miras a la celebración de los 200 años de vida independiente del país, en 2010.
"Chile quiere ser un país desarrollado, pero el desarrollo no se puede lograr si no existe una real conciencia de los derechos humanos y eso significa compromisos claros de parte de la sociedad y el Estado chileno", planteó Leiva.
Uno de estos compromisos es ratificar todos los tratados internacionales que protegen y promueven los derechos humanos, especialmente los que van dirigidos a las comunidades más violentadas del país, como los pueblos indígenas, las minorías sexuales, los discapacitados y las mujeres, por nombrar algunos.
Entre los tratados aludidos por Leiva están el Protocolo Facultativo para Eliminar Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional.
También urge mejorar el sistema carcelario, ya que el informe señala que los presos siguen "padeciendo el hacinamiento, la falta de asistencia médica, las condiciones sanitarias deficientes y las infraestructuras inadecuadas de las cárceles".
"En estos momentos se está discutiendo la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y se están haciendo las consultas necesarias. Nosotros esperamos poder aportar a la seguridad carcelaria, cosa que no tenemos hoy, desde la perspectiva de los derechos humanos", señaló Leiva.
Finalmente Amnistía, la Agencia de Cooperación Oxfam e International Action Network on Small Arms están abocados a la campaña "Armas Bajo Control", a través de la cual promueven la existencia de un Tratado Internacional de Comercio de Armas.
Hasta 2005, en Chile habían registradas legalmente cerca de 650.000 armas pequeñas, sin embargo, no hay estudios consistentes sobre la dimensión del mercado ilegal.
