Organizaciones de indígenas y de derechos humanos de todo el mundo temen por la vida de cuatro indígenas mapuches presos en Chile, en huelga de hambre desde hace dos meses.
"Su salud decae seriamente. Pierden mucho peso. Sus funciones básicas comienzan a fallar, tienen periodos de conciencia intermitentes y cada vez les cuesta más hablar", dijo a IPS Reynaldo Mariqueo, de Enlace Mapuche Internacional, organización con sede en Bristol, Gran Bretaña.
Tres mapuches —Juan Huenulao y los hermanos Patricio y Jaime Morielo— y la simpatizante de la causa indígena Patricia Troncos permanecen presos desde 2001, condenados por iniciar el fuego que en diciembre de ese año arrasó 100 hectáreas de pinos en el sur de Chile.
El incendio en momentos en que los hoy presos protestaban, junto a otras siete personas, contra la ocupación de sus tierras ancestrales por parte de la compañía multinacional Forestal Mininco, en la comuna chilena de Ercilla.
El tribunal que los juzgó dictó sentencia rigiéndose por una ley antiterrorista dictada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y en el periodo democrático que le siguió.
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Los cuatro activistas fueron condenados a 10 años de prisión y obligados a pagar a la compañía más de 800.000 dólares como resarcimiento.
Los mapuches son un pueblo indígena cuyo territorio ancestral cubre parte de la región austral de América, hoy ocupada por Argentina y Chile.
De acuerdo con el censo de 2002, de los 15,6 millones de habitantes que tiene Chile, 700.000 son indígenas, la mayoría pertenecientes a esta etnia que reclama autonomía territorial y más derechos políticos, culturales y lingüísticos.
Además, los mapuches aseguran sufrir las consecuencias de la represión social y política, y la imposición de políticas de asimilación.
La Constitución chilena no reconoce explícitamente la existencia del pueblo mapuche. Chile tampoco ha suscripto algunos importantes tratados internacionales de derechos humanos, en especial el Convenio 169 de la OIT, que protege los derechos de los pueblos indígenas.
Los defensores de los mapuches piden un nuevo juicio para los cuatro prisioneros.
"La aplicación de una ley antiterrorista contra activistas mapuches que protestan por la protección de sus territorios ancestrales y en defensa del ambiente es una estrategia para intimidar, controlar y reprimir su legitimo derecho a reclamar", indicó Mariqueo.
"Además, el empleo de esta ley muestra una inclinación hacia corporaciones trasnacionales vinculadas con el gobierno que buscan explotar los recursos existentes en las tierras de estas comunidades", añadió.
El caso de estos cuatro prisioneros simboliza la lucha del pueblo mapuche, sostuvo Maniqueo.
"Si este fuera un caso aislado sería bastante malo, pero los mapuches han sido víctimas de discriminación social y legal durante décadas. También se le aplicó todo el rigor de la ley a otras personas disconformes por considerarlas terroristas, sugiriendo que las necesidades políticas de este pueblo constituyen un crimen", agregó.
La gran mayoría de los indígenas chilenos viven en viviendas inadecuadas, sufren malnutrición, analfabetismo, alcoholismo y tuberculosis y soportan una alta mortalidad infantil.
En un intento por resaltar la urgencia de la situación en que se encuentran las cuatro personas en huelga de hambre, Enlace Mapuche Internacional organizó una serie de protestas en varias ciudades de Europa la semana pasada.
Su principal objetivo fue conseguir la libertad de los huelguistas, pero con estas acciones también pretende crear conciencia sobre la situación de este pueblo.
Miembros de esta organización se reunieron con integrantes del parlamento europeo en Bruselas la semana pasada en procura de una resolución contra Chile por las violaciones a los derechos humanos contra los mapuches.
"Esta resolución cuenta con el apoyo del Partido Verde y otros más con la esperanza de que se adopte como un tema urgente, poniendo especial énfasis en la preservación de la vida de los cuatro huelguistas. Al adoptar esta resolución, el parlamento respaldará también el estándar universal de derechos humanos" en este país, indicó Maniqueo.
Esta organización intercedió ante la presidenta chilena Michelle Bachelet arguyendo que debe ser sensible a la situación, pues como socialista sufrió la persecución de la dictadura del Augusto Pinochet.
Pero aún no hubo respuestas.
"Las manifestaciones pacíficas en Chile han sido reprimidas violentamente, con heridos y detenidos entre la población mapuche", informó Maniqueo.
"La única respuesta oficial llegó la semana pasada, cuando el gobierno emitió un comunicado declarando que no utilizaría más esta ley antiterrorista en este tipo de casos contra los mapuches", indicó.
La Organización de Naciones y Pueblos Sin Representación, institución internacional que reúne a pueblos indígenas, respalda las demandas de los prisioneros políticos mapuches en huelga de hambre.
Este grupo también le solicitó a Bachelet que urja "la revisión de los juicios políticos emitidos por los tribunales chilenos, para que retire los cargos arbitrarios e ilegales contra los mapuches y asegure la liberación inmediata de los prisioneros políticos".
