El conflicto interno en Costa de Marfil afecta cada vez más el registro de recién nacidos y la expedición de documentos de identidad en las áreas norteñas, controladas por grupos rebeldes. Hay 3,5 millones de personas indocumentadas, y muchas de ellas deberán votar en los comicios de octubre.
Desde el fallido golpe de Estado de 2002, este país de África occidental está dividido en dos, el norte controlado por rebeldes y el sur por el gobierno, separados por un área neutral patrullada por efectivos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tropas francesas.
En la intentona golpista, soldados norteños amotinados tomaron las armas para protestar contra la supuesta marginación de la zona norte.
A pesar de que las oficinas gubernamentales cerraron en el norte después del 19 de septiembre de 2002, IPS pudo saber que funcionarios siguen efectuando registros en varias ciudades y áreas rurales controladas por los rebeldes. En esos lugares se expiden certificados de nacimiento provisorios y documentos para los estudiantes que deben rendir exámenes en las zonas supervisadas por el gobierno.
Sin embargo, esos documentos no son reconocidos por las autoridades del sur. Lesson Sanogo, un estudiante de la Universidad de Abidjan-Cocody, y Yédé Silué, una maestra de Guiembé, en el norte, dijeron a IPS que debieron tramitar otros certificados de nacimiento en Abidjan cuando les fueron rechazados los expedidos en zonas controladas por los rebeldes.
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En Costa de Marfil, el registro de recién nacidos es irregular desde hace décadas.
La escasez de inscripciones, especialmente en el norte, se debe a la falta de práctica y conciencia de la población sobre su importancia, según Abou Coulibaly, un legislador de la norteña circunscripción de Korhogo.
Yéo Alama, agricultor de la aldea de Fonnovogo, responsabilizó del problema a la indiferencia de los funcionarios municipales. Esa indiferencia desalentó a los campesinos a tramitar partidas de nacimiento o documentos de identidad.
"Trasladarse varios kilómetros en bicicleta o en auto y soportar demoras y postergaciones reiteradas sin llegar a obtener el documento desanima a los vecinos", explicó Alama a IPS.
"Además, el aldeano debe dejar las tareas del campo para obtener una partida de nacimiento, que no reviste importancia a sus ojos", agregó.
Pero el asunto adquirió un significado especial cuando el 18 de este mes comenzó un proyecto piloto de una semana en varias regiones para otorgar a los ciudadanos sus documentos de identidad como parte de la preparación de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de octubre.
En este país de 18,2 millones de habitantes, 3,5 millones no tienen documentos, y de éstos, cerca de dos millones están en el norte, según el Instituto Nacional de Estadística.
Hay informes de que miembros del grupo Jóvenes Patriotas, que apoya al presidente Laurent Gbagbo, intentaron perturbar una de las primeras audiencias en Abidjan para establecer si era posible entregar documentos de identidad, alegando que inmigrantes podrían burlar el proceso para conseguir documentos de manera ilegal.
Durante mucho tiempo, Costa de Marfil fue destino elegido por inmigrantes de países más pobres, como Burkina Faso y Malí. Éstos, que hoy conforman buena parte de la población de este país, se ocupan en labores que los marfileños desprecian.
Las dificultades económicas provocadas por la caída de los precios de las materias primas a fines de los años 90 desencadenaron actitudes xenófobas.
La Constitución reformada en 2000 por el general Robert Gueï —que había accedido al poder mediante un golpe de Estado en 1999— determinó que los postulantes a la Presidencia debían ser nacidos en el país e hijos de padres marfileños, en un intento de evitar que se presentara a los comicios de ese año el líder de la oposición, Alassane Ouattara, de quien se decía tenía padres extranjeros.
Finalmente Gbagbo triunfó en las elecciones de 2000, y por la presión internacional, accedió en 2005 a utilizar los poderes que le otorga la Constitución para autorizar la candidatura de Ouattara.
La enmienda fue posteriormente revocada.
El plan piloto para expedir documentos de identidad coincide con los esfuerzos para reunir a rebeldes y fuerzas gubernamentales con vistas al desarme.
Empero, en un documento publicado el 25 de este mes por la organización internacional Human Rights Watch, con sede en Nueva York, se afirma que los bandos —los rebeldes ahora llamados Nuevas Fuerzas, el ejército y las milicias progubernamentales— siguen violando los derechos humanos.
"Los continuos abusos y la impunidad que los ampara despiertan dudas sobre la posibilidad de que las elecciones se desarrollen pacíficamente en la segunda mitad del año", señala el informe "Porque ellos tienen las armas, yo no tengo nada: El precio de la impunidad permanente en Costa de Marfil".
"A menos que se tomen medidas contra la impunidad, puede repetirse la situación de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2000, cuando la violencia política, étnica y religiosa se cobró cientos de muertos y heridos", sostuvo Human Rigths Watch.
