Bo Kyi pasó siete años y tres meses en las sórdidas cárceles del régimen birmano. Pero tuvo más suerte que su amigo Aung Kyaw Moe, golpeado hasta morir por los guardias porque se negaba a poner fin a una huelga de hambre.
Pero este sobreviviente de torturas y tratos crueles apenas podrá ver a muchos otros en su memoria, como Cho Gyi, activista y artista muerto luego de tres años de duras condiciones de detención en un campo de trabajos forzados en Mandalay, en el centro de Birmania.
Tras la publicación esta semana de un informe de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos birmanos (AAPP), el mundo conocerá un poco más una de las peores manifestaciones de la brutalidad de la dictadura militar: sus cárceles.
El estudio titulado "Ocho minutos de silencio: Muerte de defensores de la democracia tras las rejas", contiene escalofriantes relatos de 127 activistas que murieron torturados en las cárceles de este país en los últimos 16 años.
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"Queremos que el mundo se entere de las violaciones de derechos humanos que se cometen en cárceles y campos de concentración y que la comunidad internacional tome medidas. De lo contrario, la situación podría empeorar", dijo a IPS Bo Kyi, secretario de la AAPP con sede en la noroccidental ciudad tailandesa de Mae Sai.
De los 127 fallecidos, 90 murieron en prisión, ocho en interrogatorios en campos de concentración militares o dependencias policiales, cuatro en campos de trabajo forzado y "10 poco después de haber sido liberados". "Quince activistas desaparecieron y hasta el momento se desconoce su paradero", señala el informe.
El documento revela el costado más brutal del régimen, a menudo eclipsado por la situación de Aung Sang Suu Kyi, la líder prodemocrática y premio Nóbel de la paz, mantenida en detención domiciliaria más de 10 años en total en los últimos 17.
La junta militar birmana ha encarcelado a 1.156 personas por sus ideas políticas.
En Birmania existen más de 50 campos de trabajo forzado, 43 prisiones y muchísimos centros de interrogatorio en dependencias policiales y campos de concentración militares en todo el país.
"Nada es más revelador de la situación de los derechos humanos de un país que la existencia de presos políticos, que encarnan la negación de las libertades más elementales del ser humano, como la libertad de opinión y de reunión", escribió en uno de los prólogos del estudio Paulo Sergio Pinheiro, relator especial de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Birmania.
"Los tratos dispensados a estas personas reflejan el poco aprecio del gobierno por pueblo. Las acusaciones de confinamiento solitario de presos, de torturas, maltrato, alimentación deficiente, condiciones higiénicas por debajo de lo aceptable y la ausencia de atención médica adecuada son lugares comunes" en este país, añadió.
Lo sucedido este mes a Aung Hlain Win, de 30 años, es típico.
Tras ser raptado por unos hombres mientras cenaba en un restaurante de Rangún, fue trasladado a un lugar desconocido, donde fue torturado hasta la muerte en "una de las muchas salas de interrogatorios de Birmania" por pertenecer al partido de la oposición liderado por Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia", relata el informe.
Finalmente, "tres días después de su muerte, las autoridades informaron a su familia lo sucedido, fingiendo que la causa del fallecimiento fue una falla cardiaca y no la tortura".
La edad de los presos políticos no los salva de la muerte prematura, como le sucedió a Khin Maung, de 68 años, quien no resistió las sesiones de tortura sufridas en la cárcel.
Tampoco importa si es hombre o mujer, como lo revelan los escalofriantes detalles de las últimas horas de Naw Thin Su, una mujer de 27 años "brutalmente violada y torturada durante los interrogatorios en prisión", a pesar de que las autoridades aseguran que se trató de una muerte natural.
"Las personas arrestadas no estaban quebrantando la ley sino actuando de acuerdo a sus propias creencias. Quien exprese su opinión es considerado como una amenaza", dijo a IPS Soe Aung, portavoz de la red de organizaciones en el exilio Consejo Nacional de la Unión de Birmania.
El sistema judicial cedió a las presiones de la junta militar que gobierna este país de Asia sudoriental desde el golpe de estado de 1962.
"Desde antes del juicio se priva a los detenidos políticos de los derechos más elementales, como contar con un abogado. Los procesos se celebran en secreto, no están abiertos al público y carecen de garantías", dijo a IPS el secretario general del Consejo de Abogados de Birmania, Aung Htoo.
Htoo atribuye las condiciones inhumanas de vida en las cárceles a una ley "de protección del Estado", que terminó en 1975 con las relativamente buenas condiciones de vida de los presos políticos en los primeros 12 años de gobierno militar.
Antes de 1975, podían tener contactos regulares con sus familiares, pedir alimento a sus hogares, comunicarse con los compañeros, leer los periódicos o incluso ir a un hospital cuando estaban enfermos.
"Pero ahora ya no. La situación actual de las cárceles es la peor. Los presos políticos están aislados y sometidos a tratos crueles", indicó Aung Htoo.
Bo Kyi fue golpeado cada dos semanas con tubos de goma y pateado por sus celadores con botas del mismo material. Le pusieron grilletes de hierro y lo dejaron sin alimentos ni agua y sin dormir.
