Las víctimas del peor desastre de contaminación industrial de la historia de Japón, un derrame de mercurio en la meridional ciudad de Minamata hace más de 50 años, todavía aguardan una compensación del gobierno.
"Pasan los días sin que podamos obtener medicamentos, compensación financiera y, sobretodo, el reconocimiento del Estado de que es responsable por el enorme sufrimiento que causó a su gente. Esto último es la parte más difícil", dijo a IPS Masami Ogata, una víctima de 48 años.
A Ogata, quien vive en Minamata, le diagnosticaron un alto nivel de contaminación con mercurio. Los análisis de cabello revelaron 226 partes por millón (ppm), muy por encima del límite máximo de 50 ppm, considerado normal por la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, el gobierno de la provincia de Kumamoto, en cuya jurisdicción está Minamata, sigue negándose a reconocer oficialmente su caso.
Ogata es una de las 3.800 personas que viven en zonas afectadas y cuyos reclamos quedaron en suspenso luego de un juicio de gran repercusión en 2004 que debilitó el criterio oficial utilizado para el reconocimiento de estos casos en 1997, aunque sigue siendo rechazado por el gobierno nacional de Japón.
"El rechazo del gobierno a aceptar los estándares dispuestos por los médicos durante el pleito nos depara un futuro sombrío", dijo Ogata, quien sufre ataques epilépticos y sufre cada vez más de entumecimiento de sus manos, síntomas típicos de una enfermedad que se conoce como de Minamata, dijeron médicos.
Sus abuelos y sus padres sufrieron angustiosamente hasta su muerte debido a que sus cerebros se ablandaron a consecuencia de la ingestión de pescado contaminado con el mercurio arrojado por las fábricas químicas de Chisso al mar de Yatsushiro, que rodea pequeños poblados pesqueros en la sudoccidental isla Kyushu.
Su hermana, que sí es reconocida como víctima de Minamata, no puede llevar una vida normal y necesita los cuidados permanentes de los miembros de su familia.
El escándalo se volvió un problema nacional a principios de los años 60, provocando protestas en todo el país a medida que las informaciones sobre enfermedades neurológicas, imágenes de personas convulsionando o niños paralizados se convertían en crudos mensajes acerca de la vulnerabilidad de la población y el ambiente a causa de la codicia empresarial.
Los defensores de las víctimas presentaron en los tribunales documentación que demostraba la negativa del gobierno a obligar a la empresa Chisso a interrumpir el vertido de sustancias contaminantes en el río Minamata, desde 1958 a 1968, e incluso después de que esta enfermedad fue descripta en 1960.
A pesar del reconocimiento oficial de la enfermedad de Minamata, el 1 de mayo de 1956, la firma causante de la tragedia pudo seguir contaminando hasta 1968 y evadió su responsabilidad hasta 1973.
En 1995, el gobierno japonés pidió disculpas a las víctimas por el excesivo tiempo que demoró en alcanzar un acuerdo. Chisso fue obligada a pagar 23.000 dólares a cada víctima, mientras que los gobiernos provincial y central debieron pagar los gastos médicos de los pacientes no certificados. Unas 10.000 personas aceptaron.
La Corte Suprema de Justicia finalmente estableció en 2004 la responsabilidad parcial del gobierno central por el mal de Minamata.
El resarcimiento ha sido lento y no muy alentador para los médicos que reclaman mayores investigaciones sistemáticas, que eviten los vacíos legales por los cuales las autoridades se niegan a pagar compensaciones.
El médico Shiego Ekino, destacado experto de la Universidad de Kumamoto, quien respalda a los activistas, señaló que se necesita un hospital dedicado a conducir investigaciones sobre la enfermedad para suministrar un tratamiento adecuado a las víctimas.
"Es un asunto urgente para Japón y para el resto del mundo", sostuvo Ekino, en conferencia de prensa, refiriéndose a la necesidad imperiosa de combatir los casos de contaminación ambiental que actualmente afectan a decenas de miles de personas en muchos países donde las políticas de desarrollo económico están por encima de los asuntos de salud pública.
También informó que la mayor parte de las investigaciones sobre Minamata, que brindaron evidencia fundamental a los enfermos durante los pleitos, dependen de los fondos suministrados por los propios activistas.
Debido a que la pelea por los resarcimientos tuvo varias idas y venidas y a que los enfermos de mayor edad se están muriendo, los activistas juraron que continuarían con la lucha para obligar a que el gobierno acepte totalmente su responsabilidad y promover leyes que protejan a las personas ante la contaminación ambiental.
"Minamata nunca desaparecerá y es mejor que el gobierno lo acepte", señaló Katsuya Kosaka, portavoz del Grupo de Erradicación de la Enfermedad de Minamata con sede en Kyoto, en la conmemoración el 1 de este mes del 50 aniversario de la tragedia.
Dadas las dificultades para conseguir evidencia médica, Kosaka y otros defensores de esta causa comenzaron a considerar esta enfermedad como una violación de los derechos humanos debido a la falta de apoyo estatal en la seguridad de la salud pública.
También comenzaron a promover la prohibición de pescar en el mar contaminado que suministra recursos a más de 200.000 personas en la zona.
En tanto, la Dieta (parlamento) de Japón adoptó una resolución días antes, tendente a impedir la reaparición de problemas de salud causados por la contaminación industrial y realizó un llamado al gobierno para que se ocupe de las víctimas de la enfermedad de Minamata junto con los organismos públicos locales.
A pesar de que el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi se disculpó oficialmente, antes de la conmemoración, por los prolongados lapsos que manejó el gobierno, ni él ni ninguno de sus predecesores siquiera han visitado la zona del desastre.
No queda claro si las tardías medidas, que ahora se han anunciado, aliviarán la lucha de las víctimas por el reconocimiento de su drama y en busca de resarcimiento estatal.
"Si el gobierno se responsabiliza por Minamata significará que admite el fracaso ante la gente. Nuestro sufrimiento es la gran sombra del milagro económico de posguerra que vivió el país", señaló Ogata. (