Los agricultores blancos de Zimbabwe cuyas haciendas fueron expropiadas en los últimos años muestran cierta reticencia a retornar, ahora que el gobierno de Robert Mugabe admitió, implícitamente, que su reforma agraria fue un error.
En cambio, el presidente del mayoritariamente blanco Sindicato de Agricultores Comerciales (CFU), Doug Taylor-Freeme, señaló que parece haber "un ambiente propicio para avanzar".
El CFU considera que "éste es el momento adecuado para armar una base de datos y enviar las solicitudes de todos aquellos que deseen pedir tierras".
Ahora, todos los ciudadanos, incluidos los antiguos agricultores comerciales blancos, pueden solicitar tierras. Hasta ahora 500 de ellos lo han hecho, confirmó el mes pasado la ministra de Agricultura, Flora Buka.
Pero la organización no gubernamental Justicia para la Agricultura, con sede en Harare, indicó que son menos de 500, cifra que, incluso, está muy por debajo de los 4.300 agricultores blancos en actividad a fines de 2000.
En los primeros meses de 2000, veteranos de la guerra de independencia de los 70 y simpatizantes suyos encabezaron la ocupación de haciendas pertenecientes a la minoría blanca, supuestamente para rectificar el desequilibrio racial en la propiedad de la tierra heredado de la era colonial.
Posteriormente, las autoridades convirtieron las invasiones en un programa de acelerada reforma agraria por la cual se confiscaron millones de hectáreas.
Las ocupaciones comenzaron justo antes de las elecciones parlamentarias de 2000, los primeros comicios en que el gobernante partido Unión Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF) se enfrentaba a una oposición con serias posibilidades de derrotarlo.
El gobierno fue acusado de manejar la reforma agraria como una treta para conseguir apoyo en las urnas.
Estas elecciones estuvieron signadas por denuncias de abusos de los derechos humanos y fraude, al igual que dos años más tarde los comicios presidenciales.
Según el informe de Justicia para la Agricultura, muchos hacendados debieron emigrar hacia otros países de la región: unos 50 a Malawi, entre 35 y 45 a Mozambique, y entre 130 y 150 a Zambia. Otros emigraron a Botswana y Sudáfrica, y entre 12 y 15 se trasladaron hasta la relativamente lejana Nigeria.
El ministro de Agricultura, Joseph Made, niega que la oferta de retorno de los agricultores blancos formulada por el gobierno signifique un reconocimiento de fracaso de la reforma agraria falló.
Pero Justicia para la Agricultura contradice también esa visión. "Las haciendas se desmoronaron rápidamente después que las jerarquías se apropiaron de ellas. Es como el juego de la silla: cuando una se destruye, se pasa a la siguiente", sostiene el informe.
"La posesión de los predios no está asegurada, los contratos no son reconocidos, por lo que no se puede comercializar ni transferir la propiedad ni para cultivarla ni para invertir en ella, y las personas reubicadas dependen completamente del Estado. Tampoco se les suministra semillas, maíz o fertilizantes", señala el estudio.
Importantes figuras de ZANU-PF y de ámbitos del gobierno fueron acusados de hacerse cargo de algunas propiedades, las que no fueron ofrecidas a los desposeídos, como estaba previsto.
Este país, otrora considerado el granero de África austral, afronta una grave escasez de alimentos, atribuible, en parte, a la sequía, pero también a la reforma agraria.
Más de cuatro millones de los 13 millones de habitantes del país requieren asistencia alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La seguridad alimentaria general permanecerá en estado crítico este año a causa de las malas cosechas, informó en marzo la Red de Alerta Temprana de Hambrunas, una organización financiada por Estados Unidos.
"En el periodo 2005-2006 se registraron lluvias normales y a veces superiores a lo normal. Las previsiones para este año señalan una mejoría en la producción de maíz en comparación con la cosecha del año anterior, que alcanzó las 550.000 toneladas, aunque muy por debajo del promedio de los años 90", indica el informe.
La situación se agrava debido a la alta incidencia del VIH/sida en la población, que debilitó la producción agrícola. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la prevalencia de VIH supera el 20 por ciento de la población adulta.
La ocupación de las haciendas fue un factor clave en la debacle económica del país, según expertos. Entre otros males, Zimbabwe sufre una inflación de tres dígitos, una grave escasez de combustible y otros bienes básicos y un elevado desempleo.
Daniel Molokele, presidente de la red no gubernamental Organización de la Sociedad Civil Combinada, cree que los últimos anuncios del gobierno abren paso al optimismo.
"Ahora aceptan que fue un error garrafal echar a los agricultores blancos", dijo Molokele a IPS en la sede de la Organización en Johannesburgo.
Pero en lugar de aceptar la oferta de tierras, los zimbabwenses "deberán trabajar duro para que este gobierno desaparezca", sostuvo el agricultor Whitehead.
También urgió a los agricultores a esperar hasta que puedan negociar con una administración provisional que se encargue de organizar elecciones supervisadas por la comunidad internacional, con miras a convertir este país en un Estado de derecho.
"Tres de mis empleados fueron asesinados en 2002. Esa noche también me iban a matar. En lo que a mí concierne, no voy a volver a mi hacienda hasta que este gobierno no se vaya", señaló.
Al principio, los agricultores expropiados recurrieron a la justicia para desafiar la legalidad de la práctica, pero el gobierno acomodó la ley para legalizar las confiscaciones. Nunca se investigaron los ataques contra ellos.
Según la nueva política agraria, los hacendados se beneficiarán de contratos de 99 años de duración.
"Serán necesarios al menos cuatro años para que la agricultura comercial tenga un impacto en el país", dijo a IPS un agricultor que pidió no ser identificado, y que mencionó, también, las carencias de infraestructura, caminería, cañerías para el agua y postes de electricidad.
"Una vez que esto esté hecho, hay otros desafíos. Se necesitarán fertilizantes, equipamiento para la irrigación y químicos, todos los comercios que los vendían cerraron", añadió.
Lo que más preocupa a Whitehead es la falta de confianza entre los agricultores y el gobierno. "Se han roto muchas promesas. El gobierno ha dado marcha atrás y no podemos confiar", señaló.
Están surgiendo debates atravesados por conflictos raciales sobre la propiedad de la tierra en Namibia y Sudáfrica, donde se acrecientan las presiones para expropiar a los hacendados blancos con el fin de redistribuirla entre los desposeídos negros.
En Sudáfrica, el gobierno quiere entregar para 2014 a agricultores negros 30 por ciento de las tierras cultivables, confiscadas durante el apartheid, régimen de segregación racial en perjuicio de la mayoría negra, vigente en ese país hasta 1994.
Los activistas se quejan de que el proceso es muy lento. Hasta ahora, el gobierno les ha entregado menos de cuatro por ciento de las tierras disponibles.
El gobierno de Namibia planea reubicar unas 250.000 personas sin tierras y para ello comenzó a expropiar las haciendas de los blancos como parte de esta iniciativa. (
