Un actor impensable, el Banco Mundial, parece haber reencauzado el debate entre Argentina y Uruguay por la construcción de dos fábricas de celulosa en la orilla uruguaya de un río limítrofe. La cuestión ambiental vuelve a estar en el centro de la escena.
Un análisis sobre los riesgos ambientales de estas fábricas, encargado por la Corporación Financiera Internacional (CFI, miembro del Grupo Banco Mundial) a un panel de dos expertos independientes, sugiere numerosas correcciones a los estudios anteriores.
El panel analizó los informes presentados por las empresas y aceptados por el gobierno uruguayo y el Estudio de Impactos Ambientales Acumulativos Uruguay – Plantas de Celulosa, encargado por la propia CFI a consultores externos y publicado en diciembre de 2005.
Si la CFI acepta las observaciones del panel para otorgar el financiamiento y las garantías solicitadas por las empresas que construyen las dos plantas, tendría que disponer correcciones al estudio de impacto ambiental acumulativo.
Además, las firmas (la finlandesa Botnia y la Empresa Nacional de Celulosa de España, ENCE) deberían revisar y ajustar sus proyectos, lo que podría alterar los plazos de las obras.
Y el gobierno uruguayo, que aún está digiriendo el contenido del documento, debería efectuar cambios a sus estimaciones y exigencias ambientales.
El lunes, la Corporación dijo que "anunciará en unos días un detallado plan de acción para atender las recomendaciones del panel" y que estaba "en conversaciones con las compañías sobre cómo atender las recomendaciones de los expertos".
La CFI evalúa si financia una parte de la construcción de las plantas de Botnia y ENCE, cuyos montos sumados ascienden a 1.800 millones de dólares.
Además, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), también del Grupo Banco Mundial, estudia si otorgará seguros contra riesgo político para la planta de Botnia.
"Ni la CFI ni MIGA tomarán una decisión acerca de seguir adelante con el financiamiento hasta que el periodo de consultas del estudio de impacto acumulado se haya completado", agregó la Corporación.
El informe de los especialistas Wayne Dwernychuk y Neil McCubbin, de la consultora canadiense Hatfield, tiene una virtud nada despreciable en un conflicto binacional que lleva casi tres años: fue bien recibido por los dos gobiernos, pero también por los ambientalistas uruguayos.
Es "infinitamente más serio" que el estudio de impacto acumulativo que había encargado la CFI y que los dos de las empresas, dijo a IPS el activista Ricardo Carrere, coordinador del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y miembro del grupo ecologista Guayubira.
Dwernychuk y McCubbin analizaron toda la documentación disponible, así como las críticas del gobierno argentino, ciudadanos, activistas y científicos de los dos países y representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, la ciudad argentina que es epicentro de la resistencia a las fábricas.
Los especialistas concluyen que las afirmaciones de que los estudios "no han suministrado suficiente información sobre la propuesta de diseño, procedimientos de operación y monitoreo ambiental de las plantas son en general válidas".
En cambio, consideran que las preocupaciones sobre "daños ambientales catastróficos carecen de sustento y son irracionales".
El nuevo análisis no cuestiona la ubicación de las dos fábricas, muy próximas una de otra y a orillas del río Uruguay, ni el uso de la tecnología de dióxido de cloro (ECF por sus siglas en inglés) para blanquear la celulosa, materia prima del papel.
El informe niega que la técnica TCF (siglas inglesas de "totalmente libre de cloro"), reclamada por los ambientalistas, sea la única aceptable, pero señala que varias de sus ventajes ambientales podrían obtenerse "si se modifica el diseño de la planta a una versión 'ECF-light' en la que la cantidad de dióxido de cloro utilizada es relativamente baja".
Pero los especialistas critican que el estudio acumulativo encargado por la Corporación "omite brindar una justificación sólida para la selección de ECF versus la opción TCF".
Este es un aspecto delicado, puesto que los procesos industriales a base de cloro generan subproductos organoclorados persistentes y peligrosos, como las dioxinas y los furanos, a cuya exposición la ciencia atribuye mayores riesgos de cáncer y malformaciones congénitas.
"Las referencias a dioxinas/furanos en los vertidos de las plantas parecen haber sido manejadas algo a la ligera. Estos compuestos son de significativa preocupación para el público en general y deben ser plenamente analizados. Dejar de lado el tema mediante la conclusión de que ambos compuestos estarán en 'niveles indetectables' es inaceptable", señalan los expertos canadienses.
El estudio acumulativo señalaba que "… el reemplazo total de cloro elemental por dióxido de cloro produce la disminución de dioxinas y furanos en el efluente hasta niveles indetectables", lo cual podría ser cierto dependiendo del nivel de detección que se utilice.
Pero en ese estudio "no existe indicación de cuál es ese nivel de detección", a saber "partes por millón, o partes por trillón o partes por cuatrillón", añaden los expertos.
Por tanto, recomiendan a los encargados del estudio acumulativo aclarar a qué unidades se hace referencia y brindar "prueba de que se producirán 'niveles indetectables' de dioxinas/furanos si se mantiene esa afirmación" en la versión final.
Botnia, ENCE y el gobierno uruguayo han asegurado que las dos fábricas cumplirán con las mejores técnicas disponibles (BAT, por sus siglas en inglés) para la industria de la celulosa.
El informe replica que "en muchos casos en los documentos presentados por las compañías o los consultores de la CFI no se evidencia que, en función del diseño e instalación, dichas características existirán en la planta o se tendrán las especificaciones adecuadas".
El análisis revisa 24 características de las BAT y encuentra que los proyectos de Botnia y ENCE sólo cumplen con cinco, según la información disponible.
Además, "no existe el listado completo de vertidos en el entorno natural en las cercanías de las plantas", advierten los especialistas.
Tampoco "parecería haberse hecho una revisión independiente de las estimaciones de descargas de contaminantes presentadas por las compañías", añaden.
Tras analizar las principales debilidades de los tres estudios, los especialistas realizan casi 70 recomendaciones críticas, tanto para la etapa de construcción como para el posterior periodo de funcionamiento. Entre ellas piden investigaciones de campo biológicas, químicas y físicas del río y varios tipos de monitoreos continuos y periódicos.
El activista Carrere dijo que, más allá de las observaciones técnicas, el informe es relevante "políticamente", pues señala a los autores de los estudios anteriores que en muchos casos "no sabían de lo que estaban hablando" cuando afirmaban que las fábricas no tendrían casi impacto.
En su opinión, el Banco Mundial puso pies de plomo en el proceso para aprobar la financiación por el conflicto binacional desatado.
La "MIGA no puede dar garantías contra riesgo político cuando hay dos países en disputa" y una controversia que ha tenido una gran repercusión internacional y que podría poner en riesgo el prestigio del Banco, opinó Carrere.
La semana pasada finalizó sin acuerdo un intento de negociación entre Buenos Aires y Montevideo, y el conflicto se reinstaló en toda regla, incluida la retórica nacionalista de las dos partes.
Argentina cuestiona la forma en que Uruguay autorizó la instalación de las plantas, asegurando que violó tratados binacionales, y anunció que retomaba su intención de llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
Activistas argentinos volvieron a bloquear dos pasos internacionales con Uruguay, repitiendo una medida que mantuvieron durante 45 días en el último verano austral, denunciada por Montevideo como ilegal. También las autoridades uruguayas planifican recurrir a tribunales regionales o a La Haya.
En este contexto, el informe de la CFI vuelve a poner en el centro de la escena las objeciones ambientales, pero acompañadas del riesgo de que los proyectos se queden sin la preciada financiación.
La prensa argentina informó este martes que el banco holandés ING había desistido de considerar un préstamo a Botnia para la construcción de su fábrica en Uruguay.
"Todo lo que implique mejorar la calidad y los controles es bienvenido por el gobierno uruguayo", dijo a IPS una fuente cercana al Poder Ejecutivo, quien valoró que el estudio de Dwernychuk y McCubbin es favorable en los tres aspectos cruciales para Montevideo: que las fábricas se construyan, que no se cambie su emplazamiento y que se mantenga la tecnología ECF.
La fuente indicó además que el costo para dar satisfacción a las recomendaciones sería de uno por ciento del valor de los proyectos.
Mientras, fuentes de la empresa Botnia dijeron a IPS que tomaron contacto con el documento el lunes por la noche y no estaba previsto aún un pronunciamiento.
La cancillería argentina recibió el estudio con entusiasmo, pues acoge buena parte de los reclamos argentinos.
