Día tras día, padres angustiados esperan frente a centros de entrenamiento policial en el sur de Tailandia noticias de sus hijos, detenidos en el marco de la represión a la insurgencia separatista, que recrudeció en las zonas fronterizas con Malasia.
En el país funcionan unos 20 de estos centros en los que son retenidos sin cargos presuntos rebeldes con fines de "reeducación", dijeron a IPS fuentes militares.
Detrás de los inocuos muros de estos centros en las provincias de Narathiwat, Yala y Pattani, se oculta una realidad perturbadora, un vacío legal que constituye el instrumento clave del gobierno tailandés para aplastar a la insurgencia malaya musulmana en este país del sur de Asia.
Durante tres semanas, Ismael Siraco, de 47 años, visitó a diario el centro de Yala, esperando obtener la libertad de su hijo Sabri. Desconsolado, la mirada se le perdía en los arreglados jardines, el campo de fútbol vacío y el estanque con lotos en flor.
Para este agricultor de Sungai Padi, sur de Narathiwat, a unas dos horas de automóvil de Yala, el día de suerte fue el 22 de abril, cuando le informaron que su hijo sería liberado.
El reencuentro puso fin a la incertidumbre que vivió tras la detención de Sabri en una comisaría de esta ciudad el 28 de marzo, y su posterior traslado al centro de entrenamiento.
"Primero Sabri fue acusado de asociación criminal. Luego lo acusaron de otra cosa, de asesinar a un policía fronterizo. Después, cuando pregunté por qué seguía detenido, me dijeron que por matar a un civil", explicó Siroco.
Sabri forma parte de un grupo de 19 malayos musulmanes arrestados por un lapso indefinido y sin defensa legal. Tras ser puesto en libertad, negó a IPS haber cometido alguno de esos delitos.
"No sé por qué me detuvieron. También arrestaron a uno de mis amigos y lo soltaron poco después", comentó.
Las tres semanas las pasó en aislamiento en una celda con las luces siempre apagadas, y en largos interrogatorios conducidos por funcionarios no uniformados que buscaban vincularlo con la insurgencia.
"Me interrogaban desde las nueve de la mañana hasta las 12 del mediodía, y luego cinco horas en la tarde", relató nervioso Sabri. "No hubo apremios físicos, pero el tono era fuerte. Seguían repitiéndome que yo había estado involucrado en un plan para asesinar a un policía".
El arresto de Sabri sin formularle cargos ni participación de un juez es sólo uno de muchos casos similares que vive la comunidad malaya de fe musulmana, que es mayoritaria en las provincias del sur de Tailandia, un país predominantemente budista.
La práctica de arrestar a hombres y muchachos y recluirlos en dependencias de la policía y del ejército comenzó el año pasado, como un intento de Bangkok de "reeducar" a los musulmanes sospechosos de participar en los actos violentos de los últimos dos años por los que han muerto más de 1.200 personas.
Pero su efecto educativo en la población local puede verse en los ojos de los padres y otros familiares reunidos fuera de los centros de detención, bajo el atento control de soldados fuertemente armados, una escena familiar en los países que conducen "guerras sucias" contra grupos rebeldes o donde son frecuentes las desapariciones de personas.
Un funcionario de la inteligencia militar tailandesa que no quiso dar su nombre dijo a IPS que había unos 20 de estos centros de detención en el sur, en Bangkok y en la central provincia de Lop Buri. "Los arrestamos para cambiarles su forma de pensar. A los que se les encuentra un vínculo con los ataques, se los acusa, y a los otros se los libera", explicó.
El número de musulmanes varones detenidos en estos campos sigue siendo una incógnita. Activistas por los derechos humanos estiman que puede haber hasta 900 personas. Muchos fueron arrestados en el marco de las disposiciones de un duro decreto de emergencia que el gobierno tailandés impuso en julio del año pasado y que se sumó a la ley marcial impuesta en estas tres provincias en enero de 2004.
Las familias de las aldeas cercanas a las plantaciones de caucho y a los arrozales viven con el temor de que sus hijos, hermanos o esposos puedan "desaparecer".
En una aldea de la localidad de Yaha, los padres de un joven de 24 años recuerdan que su hijo fue introducido a la fuerza en un vehículo cuando salía de una tienda y nunca más se supo de él. En otra casa vecina, un hombre de 40 años fue secuestrado a las dos de la madrugada.
La Asociación de Jóvenes Musulmanes de Tailandia, que ha comprobado el deterioro de los derechos humanos en esta zona, tiene una lista con 21 nombres de malayos musulmanes desaparecidos desde enero de 2004.
"Amparándose en el decreto de emergencia, el ejército tiene más poder para introducirse en viviendas particulares y escuelas, sorprendiendo en situación por demás vulnerable a las personas", señaló Ananchai Thaipratan, médico y miembro de esta organización.
Esta semana, el jefe del ejército tailandés, general Sonthi Boonyaratglin, confirmó el temor de los grupos de defensa de los derechos humanos locales e internacionales acerca de la existencia de "listas negras" utilizadas para las redadas.
Boonyaratglin admitió que las listas eran utilizadas para arrestar sospechosos en las provincias de lengua malaya, informó el miércoles el diario en inglés The Nation. De una lista de 300 nombres a la que tuvo acceso el periódico, varias personas fueron detenidas y asesinadas, muchas en circunstancias dudosas, indica el artículo.
En octubre del año pasado, las listas negras en Narathiwat, Pattani y Yala contenían unos 4.000 nombres.
Activistas de derechos humanos señalan que las listas recuerdan la guerra contra las drogas desatada en 2003 y que causó un aluvión de asesinatos. Más de 2.500 personas murieron en circunstancias misteriosas, y muchas de ellas figuraban en listados de supuestos delincuentes vinculados a las redes de narcotráfico.
La sucesión de hechos violentos en el sur enfrenta a unos 30.000 efectivos militares tailandeses contra supuestos militantes malayos musulmanes, si bien ningún grupo ilegal se ha adjudicado responsabilidad en acciones armadas. Este es el último capítulo de un conflicto separatista que lleva décadas.
Los enfrentamientos se enmarcan en una larga historia de discriminación hacia la minoría malaya musulmana, conformada por unos dos millones de los 64 millones de habitantes de Tailandia.
Esa discriminación se expresa en varios ámbitos como la cultura, la lengua, la religión y las oportunidades económicas.
Las tres provincias del sur fronterizas con Malasia formaron parte del reino musulmán de Pattani hasta su anexión en 1902 por Siam, como se conocía entonces a Tailandia.
Es muy posible que este conflicto se intensifique pues el gobierno insiste en "utilizar la fuerza para resolver el problema", explicó a IPS el politólogo de la Universidad Príncipe de Songkhla, Piya Kittavorn, el principal centro de enseñanza de Pattani.
"El pueblo se está volcando hacia los separatistas", añadió.
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