El nuevo gobierno de Liberia busca maneras de que las sanciones impuestas por la ONU sean levantadas para permitir al país explotar sus inmensos recursos madereros en beneficio de su pueblo, devastado por la guerra.
Esto tiene lugar luego de la aprobación de la Orden Ejecutiva Número Uno, que cancela todas las concesiones de tala efectivas desde el 2 de febrero, en conformidad con las condiciones estipuladas bajo la Resolución 1.521 (aprobada en 2003) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para levantar las sanciones a las exportaciones de madera.
La medida de la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf, en el poder desde enero, también ordena a la Autoridad Liberiana de Desarrollo Forestal dar pasos para potenciar su capacidad de administrar efectivamente los bosques del país y controlar la tala a pequeña escala luego de 14 años de guerra civil en la que los señores de la guerra y quienes los apoyaban saquearon su inmensa riqueza maderera.
John T. Woods, director de la Autoridad Liberiana de Desarrollo Forestal, dijo a IPS que con la cancelación de las concesiones de tala el gobierno liberiano cumplió todas las condiciones para una revisión de los acuerdos de concesión de la industria.
Los antiguos bosques de Liberia están entre los 25 puntos donde la biodiversidad está más amenazada globalmente. Antes de la guerra, un cinturón verde que se extendía a partes de Sierra Leona, Guinea, Costa de Marfil, Ghana y Togo abarcaba al país entero.
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Ahora, mientras que la Autoridad Liberiana de Desarrollo Forestal todavía tiene que inventariar lo que queda de los bosques, Global Witness —que realiza campañas para exponer el vínculo entre el saqueo de recursos naturales y el abuso a los derechos humanos— estima que la Oriental Timber Corporation (OTC), que tuvo la mayor concesión, cosechó hasta 10.000 hectáreas de bosque virgen cada mes.
El Consejo de Seguridad de la ONU había renovado las sanciones sobre la madera liberiana en diciembre pasado, por tercer año consecutivo, a causa del apoyo de la industria al ex presidente Charles Taylor (1997-2003), que recibió asilo en Nigeria.
Desde entonces, Taylor fue retenido en custodia por el tribunal de Sierra Leona que tiene a su cargo los casos de crímenes de guerra en Liberia. Este tribunal recientemente pidió a la Corte Penal Internacional, en La Haya, que sea sede del juicio al ex presidente.
Liberia, una nación de África occidental de alrededor de 3,5 millones de habitantes, tiene vastos recursos de caucho, madera, oro y mineral de hierro. Pero bajo el gobierno de Taylor una industria descontrolada brindó apoyo financiero y logístico al comercio ilegal de armas, impidió que las ganancias llegaran a los ciudadanos comunes y alimentó el conflicto en los países vecinos.
Antes de la guerra, los bosques generaron hasta 60 por ciento de las ganancias de moneda extranjera. Años de conflicto dejaron a hospitales, escuelas, redes de suministro eléctrico y oficinas completamente vandalizadas.
"Queremos que la ONU levante las sanciones a la madera, para que podamos revivir nuestra infraestructura", dijo Joseph Browne, un empleado público.
El gobierno, necesitado de efectivo, ahora establece la autoridad civil en todo el país, donde la inseguridad aumentó, con pandillas armadas que merodean aterrorizando a la población civil y saqueando los pueblos y aldeas.
Pese a la presencia de más de 15.000 cascos azules para garantizar la seguridad, el gobierno todavía no obtuvo control absoluto sobre el territorio forestal de Liberia y sus regiones fronterizas. Recientemente, efectivos militares del gobierno y de la ONU expulsaron a ex combatientes y a mineros ilegales de Sapo, el único parque nacional de Liberia, en el sudeste.
Las actividades de tala en Liberia estuvieron controladas por un pequeño grupo de empresas conocidas por emplear indiscriminadas prácticas de cortes de mejoramiento, sin preocuparse por su impacto ambiental o social.
Entre las más destructivas estuvieron OTC y la Royal Timber Corporation, ambas dirigidas por un amigo cercano del ex presidente, el holandés Gus Kouwenhoven, quien fue recientemente arrestado en su país por crímenes de guerra cometidos en Liberia. Otros incluyeron al Grupo de Compañías Mohammad, a Industrias Procesadoras de Madera Maryland y a la Compañía de Tala Woodland, todas presididas por asociados de Taylor.
Mientras que Woods, de la Autoridad Liberiana de Desarrollo Forestal, no reveló qué intentaba hacer con las empresas e individuos vinculados al mercado ilegal de armas, dijo que su objetivo ahora "es llevar a cabo programas de reforma forestal en el área del planeamiento para el uso de la tierra, la transparente asignación de concesiones y la administración de contratos de utilización forestal".
El gobierno dijo que los ejercicios de reforma, que comenzaron en febrero, serán completados para fin de año, y antes del comienzo de la próxima temporada de tala.
Actualmente, un comité para controlar la reforma forestal formula normas y regulaciones, y sensibilizará a las comunidades local e internacional en aldeas y sitios web sobre la determinación del gobierno a aplicar la buena gobernanza en la administración de recursos forestales.
Las reacciones a la cancelación de concesiones de tala han sido mezcladas. Eric Paasewe, presidente de la Asociación Nacional de Taladores, quien se manifestó contra OTC, dijo a IPS que "el gobierno canceló sin considerar el debido proceso de la ley".
Afirmó que había tenido que dejarles su Corporación UPA de importaciones y exportaciones, un negocio multimillonario de tala, a saqueadores, y huir del país en 2003 a causa de la creciente inseguridad luego que se negó a pagar grandes sumas que le demandaba el gobierno de Taylor.
Joseph Randolph, de la Asociación de Activistas por los Derechos Humanos, dio la bienvenida a esta decisión y dijo que la misma "pavimenta el camino para el apropiado gerenciamiento de los recursos e impide que su uso contribuya a generar conflicto en la región nuevamente por parte de los antipatriotas y belicosos liberianos".
