El gobierno de Nigeria debe poner fin a la discriminación contra millones de «no indígenas» para asegurar la unidad del país e impedir la letal violencia entre grupos locales, advirtió la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Los "no indígenas" son ciudadanos que no pueden demostrar arraigo familiar en la comunidad en la que viven, explicó HRW en un informe de 64 páginas divulgado este martes en la capital de Estados Unidos.
El título del estudio elaborado por investigadores de HRW es significativo: "'Ellos no poseen este lugar': Discriminación del gobierno contra 'no-indígenas' en Nigeria".
La división legal entre comunidades "anfitrionas" y de "colonos" —diseñada para preservar las tradiciones y la identidad cultural de la mayoría de las más de 250 etnias de Nigeria— ha alimentado una creciente sensación de tensión y conflicto en muchas partes del país, según el informe
Tales políticas contribuyeron con un conflicto comunitario y religioso que ya se cobró más de 10.000 vidas y desarraigó a decenas de miles más desde el fin del régimen militar en 1999.
Estas cifras incluyen veintenas de muertes en febrero, como consecuencia de la violencia precipitada por protestas contra las caricaturas del profeta Mahoma publicadas en el periódico danés Jyllands-Posten el 30 de septiembre pasado y reproducidas luego por periódicos de otros países.
"Estas políticas marginan a millones de nigerianos y atizan el fuego de la violencia étnica y religiosa", dijo Peter Takirambudde, director de la oficina Africana de HRW. "El gobierno federal debe terminar con sus vergonzosos antecedentes de indiferencia, actuando de modo decisivo para erradicar esta discriminación."
La unidad y estabilidad de Nigeria se volvieron una creciente preocupación para muchos gobiernos, dado que se trata de la nación más poblada de África, el mayor contribuyente con las fuerzas de paz regionales y un importante exportador de petróleo, particularmente en un periodo de precios récord del crudo en los mercados internacionales.
Buena parte de la preocupación se concentran en la constante tensión entre las tres etnias mayoritarias de Nigeria —igbo, yoruba y hausa-fulani— y en el malestar de pequeñas comunidades del delta del Níger, rico en petróleo.
Pero HRW advirtió que las políticas discriminatorias están presentes en todo el país.
La población de cada estado y gobierno local de Nigeria se divide oficialmente en dos categorías: indígenas, que pueden rastrear sus raíces étnicas y genealógicas dentro de la comunidad de personas que, se cree, se asentaron allí originalmente, y quienes no pueden hacerlo.
Según el informe, la política fue originalmente diseñada para preservar la identidad única —incluso la cultura, las tradiciones y las instituciones tradicionales de gobierno— de pequeñas etnias en una nación de más de 130 millones de habitantes.
Pero este objetivo, según el texto, "fue distorsionado más allá del reconocimiento del Estado y de las políticas locales, a menudo careció de apoyo de ninguna ley u otra forma de justificación legal, que marginan y excluyen a los no indígenas de modos que no tienen nada que ver con la preservación de la identidad cultural y la autonomía".
Estas políticas incluyen negarles a los no indígenas acceso al empleo público, a la universidad y a las becas académicas. En algunos casos hubo una purga masiva de empleados públicos no indígenas, destituidos con el fin de crear más puestos de trabajo para los indígenas.
También están sujetos a prácticas discriminatorias menos formales, como barreras a la participación política y diferencias en el suministro de servicios básicos e infraestructura para sus comunidades, según el informe de HRW.
"Las políticas discriminatorias que favorecen a los indígenas a menudo reflejan una batería verdaderamente cínica de cálculos políticos", dijo Takirambudde.
"Muchos políticos nigerianos simplemente intentan quedar bien con sus votantes indígenas excluyendo a los no indígenas de las escasas oportunidades que deberían estar disponibles para todos", agregó.
Investigadores de HRW, que el otoño boreal pasado visitaron cuatro estados —el septentrional de Kano, el meridional de Delta y los centrales de Kaduna y Plateau— en los que la violencia entre grupos locales ha sido letal, hallaron que a menudo los funcionarios locales eran abiertamente despectivos en relación a los problemas que enfrentaban sus electores no indígenas.
"Uno está completamente descalificado de todo", declaró a HRW un joven no indígena en el estado de Kaduna.
Como consecuencia, los no indígenas son considerados de segunda clase, cuando teóricamente podrían obtener un estatus igualitario en sus propios lugares de residencia.
Pero para el creciente número de nigerianos que no pueden demostrar su carácter de indígena de absolutamente ninguna parte —por ejemplo, para individuos cuyos antepasados se mudaron a su actual lugar de residencia durante la época colonial—, la ciudadanía de segunda clase es un estatus permanente.
"Un nigeriano que no puede probar que es un indígena de alguna parte mediante un 'certificado de indigenidad' es discriminado en todos los estados de la federación y se le prohíbe el acceso a muchas oportunidades a nivel federal también", según el informe.
"Nos sentimos insatisfechos e infelices cuando las personas nos dicen que no somos de este lugar. Hemos estado aquí durante 200 años. Nuestros padres nacieron aquí y nosotros mismos también. No conocemos otro lugar más que éste, así que no tenemos otra parte al que ir", dijo a HRW un anciano hasua residente en Kaduna.
Además de su impacto directo en la vida de los no indígenas, las políticas de defensa de los indígenas empeoraron en todo el país la tensión entre comunidades, en particular tras la debacle económica de comienzos de los años 80.
"Como la pobreza y el desempleo se volvieron más extendidas y más severas en Nigeria, la competencia por las escasas oportunidades para asegurarse trabajos gubernamentales, educación superior e influencia política se intensificó drásticamente", según el informe.
"La pobreza en Nigeria asumió el carácter moral de la guerra, y esto es lo que uno ve reflejado en buena parte de la violencia étnica en este país", dijo a los redactores del estudio un portavoz de la Secretaría Católica del país africano.
En algunos lugares, incluyendo Jos y Yelwa, en el estado de Plateau, el conflicto étnico estalló entre grupos que discreparon en cuanto a quién podía reclamar estatus indígena.
En Kaduna, funcionarios locales alimentaron la tensión entre cristianos y musulmanes negándoles los certificados de indigenidad a personas que no comparten su religión.
El presidente Olusegun Obasanjo denunció públicamente las políticas indígenas, según el informe, pero su gobierno no presentó al parlamento ningún proyecto para prohibir las prácticas más perjudiciales.
En su informe, HRW exige una legislación que declare ilegal la discriminación del gobierno contra no indígenas en todos los asuntos que no son puramente culturales ni están relacionados con instituciones políticas tradicionales.
