La imagen de Estados Unidos ante la comunidad internacional sufrió otro revés, con la publicación del nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la entrega de prisioneros por la guerra contra el terror a países conocidos por practicar la tortura.
La secretaria de Estado (canciller) estadounidense, Condoleezza Rice, y su equipo afrontaron esta semana críticas cada vez más duras de parte de numerosos expertos en derechos humanos.
El nuevo informe, presentado el día 5, se titula "Bajo el radar: Vuelos secretos a la tortura y la desaparición" y describe operaciones encubiertas de Estados Unidos en que personas son arrestadas o secuestradas, transferidas y mantenidas en secreto o entregadas a países donde han sido sometidas a torturas y otros maltratos.
La lista de Amnistía incluye docenas de destinos de vuelos para realizar "entregas extraordinarias" de prisioneros ("extraordinary renditions", en inglés).
La organización también confeccionó un índice de aerolíneas privadas con permiso para aterrizar en bases militares estadounidenses en todo el mundo.
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Amnistía dice tener registros de casi 1.000 vuelos directamente vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la mayoría de los cuales usaron espacio aéreo europeo.
Alega que estos vuelos fueron llevados a cabo por aviones que "parecen haber sido operados permanentemente por la CIA a través de empresas tapadera".
Dado que Estados Unidos admitió que usa las entregas —un hecho ampliamente informado en la prensa internacional—, es probable que el nuevo informe de Amnistía complique aún más los esfuerzos de Rice por "ganar los corazones y las mentes" de árabes y otros musulmanes.
En las últimas semanas, Rice se reunió con una variedad de organizaciones musulmanas en Estados Unidos y en el exterior. Su punto de vista sobre la "guerra mundial contra el terror" a veces fue respetuoso, a veces escandaloso, y también acusatorio, escéptico y apasionado.
Por ejemplo, en una reciente reunión con musulmanes británicos, Rice oyó quejas sobre las políticas de Estados Unidos en Iraq, el trato de los israelíes hacia los palestinos y el centro de detenciones administrado por Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba.
Delegados de esas organizaciones estuvieron presentes en casi todos los lugares a los que fue la secretaria durante lo que fue calificado como una visita conciliadora.
Muchos le dicen a Rice que el gobierno de George W. Bush debería comprometerse con el nuevo gobierno del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en Palestina, porque fue elegido en un proceso democrático respaldado por Washington.
El descontento con las políticas de Estados Unidos también complicó el trabajo de la subsecretaria de Estado Karen Hughes, a quien el propio Bush le encomendó mejorar la imagen de su país en el mundo musulmán.
En su visita a Gran Bretaña, Rice y Hughes defendieron el uso de la prisión en Guantánamo, donde algunos sospechosos de terrorismo han sido retenidos durante años sin mediar juicio.
Rice dijo que Estados Unidos no quiere mantener esa cárcel abierta más tiempo del necesario, pero agregó: "Si la alternativa es liberar a las personas para que vuelvan a la calle y puedan hacer daño de nuevo, eso no lo vamos a hacer."
"Estados Unidos reconoce que hay preguntas sobre la política exterior estadounidense", dijo Rice, pero pidió a los musulmanes que den crédito al gobierno de Bush por poner fin a seis décadas de respaldo a dictadores en Medio Oriente para comenzar a promover la democracia.
Prácticamente todas las encuestas de opinión pública realizadas en Europa, Asia y Medio Oriente muestran cada vez más hostilidad hacia Estados Unidos y una caída en picada de la aprobación a sus políticas exteriores.
Es improbable que el informe de Amnistía mejore la situación.
El estudio detalla los destinos y propiedad de aviones específicos vinculados con la transferencia ilegal de personas entrevistadas por la organización de derechos humanos.
Por ejemplo, se sabe que un avión particular que aterrizó un centenar de veces en la bahía de Guantánamo. Otro llevó a un secuestrado en Italia desde Alemania hasta Egipto. Amnistía dice que hubo 488 aterrizajes o despegues registrados entre febrero de 2001 y julio de 2005.
El nuevo informe señala que Estados Unidos "está manipulando arreglos comerciales para poder transferir a personas en violación del derecho internacional". La secretaria general de Amnistía, Irene Khan, opinó que eso demuestra cuán lejos llegará el gobierno de Bush "para ocultar estos secuestros".
Khan añadió que "la multiplicidad cruel y calculada de abusos conmociona. Las personas capturadas estuvieron sujetas a varios tipos de abusos a los derechos humanos cometidas por varios gobiernos que actuaron en connivencia, y todo esto fue envuelto en silencio y engaño".
La organización urgió al sector de la aviación a asegurarse de que las compañías aéreas no arrienden sus aviones en circunstancias en que puedan ser usados para efectuar entregas de prisioneros.
Específicamente, llamó a los gobiernos a insistir en que ningún vuelo de avión o helicóptero en misiones de servicios de inteligencia sea declarado "estatal", sin considerar si son realizados empleando aeronaves civiles.
También propuso prohibir el uso de espacio aéreo y aeropuertos para entregar prisioneros e investigar activamente presuntos casos de entregas; y revelar todo el alcance de estas prácticas y el destino de aquellos cuyo paradero todavía se desconoce.
George Hunsinger, profesor del Seminario Teológico de la Universidad de Princeton, quien está organizando una campaña nacional religiosa contra la tortura, dijo a IPS que "la tortura subcontratada a otros regímenes es el equivalente moral de practicarla nosotros mismos".
"¿Cómo ingresamos a la liga de los torturadores más despreciables del mundo? ¿Dónde está la protesta? ¿Qué le está sucediendo a nuestro país?", se preguntó.
Egipto fue uno de los principales destinos para víctimas de entregas. El primer ministro de ese país señaló en 2005 que Estados Unidos transfirió a Egipto a entre 60 y 70 detenidos.
Un ex agente de la CIA con experiencia en la región cree que "cientos" de detenidos pueden haber sido enviados por Estados Unidos a prisiones en otros países de Medio Oriente.
Estados Unidos reconoció la captura de alrededor de 30 detenidos "de alto valor" cuyo paradero se desconoce, y la CIA está investigando unas tres docenas de casos adicionales de "entregas erróneas" en que las personas fueron detenidas sobre la base de evidencias equivocadas o confusión sobre los nombres.
Las críticas a la práctica de las entregas no se limitan a los funcionarios de Estados Unidos.
En Gran Bretaña, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes acusó a ministros de no cumplir con su responsabilidad de averiguar si ese país fue cómplice de la política de Estados Unidos.
El gobierno británico admitió que 200 vuelos de la CIA sospechosos habían utilizado el espacio aéreo británico.
En un informe muy crítico de la actitud del gobierno hacia los abusos de derechos humanos, miembros del comité dijeron que no les habían contado la historia completa pese a meses de intentarlo. Y convocaron a Straw a presentar evidencias sobre el asunto nuevamente.
Antes, el Consejo de Europa nombró a cinco países que fracasaron en explicar qué pasos estaban dando para que las personas no fueran detenidas y maltratadas a través de entregas.
Mientras, continúan las críticas de parte de líderes religiosos y de derechos humanos en Estados Unidos.
Brian J. Foley, profesor de la Escuela de Leyes de Florida, dijo a IPS que las entregas son "un síntoma de la gran enfermedad que aqueja a nuestra nación: el secreto".
"Necesitamos más que sólo a Amnistía Internacional para arrojar luz sobre estas prácticas. El pueblo estadounidense debe pararse y demandar conocimiento y responsabilidad", agregó.
Y Angelina Fisher, de la organización Human Rights First, expresó a IPS que "el fracaso de Estados Unidos en abordar las acusaciones sobre entregas extraordinarias de prisioneros debilita su declarado compromiso con la Convención Contra la Tortura y plantea serias preguntas sobre el respecto a los principios de cooperación internacional".
Fisher fue una de las principales autoras de un informe sobre las entregas publicado por el colegio de abogados de la ciudad de Nueva York y el Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global de la Escuela de Leyes de la universidad de esa ciudad.
