La corporación alimentaria británica Vestey Group cedió al gobierno de Venezuela dos haciendas ganaderas con una superficie de 56.000 hectáreas, a cambio de retener otras ocho que suman 258.000 hectáreas, mediante un acuerdo presentado como modelo dentro de la reforma agraria en marcha.
Agroflora, la filial venezolana de Vestey, "no siente que pierde nada, sino que gana en confianza, y gana el país, al que aporta no sólo tierras sino producción", dijo a IPS la presidenta de la firma, Diana Dos Santos. La compañía, establecida hace un siglo en Venezuela, produce al año 9.000 toneladas de carne vacuna, precisó.
Venezuela, con una población de 26,5 millones de habitantes, tiene una cabaña estimada en 13 millones de vacunos e importa al año 72.000 toneladas de carne, según el Ministerio de Alimentación.
El acuerdo, anunciado el 22 de este mes, "muestra el camino que deben seguir los reales o supuestos propietarios, de diálogo y entendimiento. La compañía pudo optar por procedimientos judiciales, pero aceptaron los alternativos, negociar con el gobierno", destacó por su parte el ministro de Agricultura, Elías Jaua.
Con base en una ley de tierras que se promulgó en 2001, y que ha enfrentado a los ganaderos con el gobierno, los propietarios rurales están obligados a demostrar la cadena de títulos de propiedad de sus tierras hasta más allá de 1848, cuando la naciente república se dio una norma sobre terrenos ejidos y baldíos.
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Sin embargo, recordó Jaua, aun si se demuestra la propiedad de un fundo, pero éste se encuentra subutilizado, es requerido para un programa estratégico o soporta la presión social de familias que demandan tierras, el Estado está dispuesto a expropiarlo.
Es lo que ocurrió en el caso de Vestey. El gubernamental Instituto de Tierras (INTI) cuestionaba parcialmente la propiedad o el uso de la decena de hatos de la firma, y al final consolidó el reclamo sobre una sola propiedad, el hato San Pablo, en las llanuras de Apure, en el sur, de 43.000 hectáreas.
Allí "se instalarán 30 cooperativas con 900 trabajadores, se creará un centro de mejoramiento genético de ganado y la Facultad de Agronomía de la Universidad de los Llanos (estatal) tendrá un campo para sus experimentaciones", anunció Jaua.
Hace 15 meses, con apoyo del ejército, el gobernador del estado de Cojedes, en las llanuras centrales, Johnny Yánez, intervino otra finca de Vestey, El Charcote, de 13.000 hectáreas, gran parte de ellas invadidas por demandantes de tierra en la zona.
El ex presidente del INTI, Eliécer Otaiza, aseguró hace un año que Vestey no pudo demostrar la cadena de títulos de su propiedad en El Charcote más atrás del año 1850, y entregó cartas agrarias a 110 familias para que ocuparan parcelas de esa hacienda.
El gobierno no entrega la propiedad, sólo cartas que dan derecho a ocupar el terreno y explotarlo, "lo que no permite enajenarlo para obtener financiamiento bancario y desestimula al productor, que no tiene seguro el traspaso a sus hijos de la tierra que trabaja", comentó a IPS Jesús Salazar, docente de Agronomía en la Universidad Central.
En septiembre, el cuadro de confrontación dio un giro, cuando el presidente Hugo Chávez, mapa en mano, distribuyó ante las cámaras de televisión las 8.490 hectáreas de la finca La Marqueseña, en los sudoccidentales llanos de Barinas.
Chávez atribuyó 1.500 hectáreas para la familia Azpúrua, que poseía ese fundo, dejó 2.700 como zona boscosa protectora de una represa, y entregó el resto a una empresa de campesinos para cría de ganado, concediéndoles un crédito de 23 millones de dólares.
Vestey puso entonces las barbas en remojo, abandonó el litigio y aceleró las negociaciones con el INTI. En paralelo, pudo demostrar que sus títulos de propiedad sobre El Charcote proceden desde el siglo XVIII, bajo la colonización española.
Pero se impuso lo que Jaua llamó "compromiso social" con los ocupantes, y la finca quedó en manos del INTI. Vestey recibirá una indemnización de 4,2 millones de dólares por la tierra y las bienhechurías. El Instituto no toma ganado, maquinaria ni muebles.
Como contraprestación, el INTI certificará que los restantes hatos en manos de Vestey son "fincas productivas", no baldías o subutilizadas, o sea que estarán a salvo de intervenciones o expropiaciones por parte del gobierno.
"Esta es una negociación positiva para ambas partes", estimó Jesper Edelmann, ejecutivo de Vestey. "Agradecemos al INTI por entender nuestra perspectiva", agregó.
El actual presidente del INTI, Richard Vivas, se ufanó de que "mediante este método alternativo de solución de conflictos hemos recuperado 169.000 hectáreas, dentro de planes de rescate de 3,4 millones de hectáreas". Unos dos millones de hectáreas han sido atribuidas, desde 2003, a unas 160.000 familias en el campo.
En Venezuela son aprovechables por el agro 36 de los 91 millones de hectáreas de tierras que tiene el país, si se incluyen 15 millones de bosques maderables, dijo a IPS el decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central, Franklin Chacín.
Vivas dijo a IPS que el INTI posee suficientes estudios de catastro y suelos como para sostener sus tesis sobre propiedad y uso adecuado de la tierra, aunque un catastro minucioso sólo ha comenzado en dos pequeños estados del suroeste.
El campo principal de la polémica por la tierra son los llanos bañados por ríos afluentes del Orinoco, que ocupan un tercio del país y son tierras usadas para la ganadería y además reserva de acuíferos, recordó a IPS el docente de economía agraria Carlos Machado.
En otras regiones, como Yaracuy, zona de valles agrícolas al noroeste del país, confrontan campesinos ocupantes con propietarios de fincas pequeñas y medianas, varias de ellas propiedad de inmigrantes españoles.
Vivas aseguró que los programas de recuperación de tierras y asignación a familias para su labor "consideran el aspecto ecológico, de conservación de flora, fauna y acuíferos, e incluso su aprovechamiento con proyectos de ecoturismo".
