Amnistía Internacional urgió a las autoridades de Indonesia a impedir o retrasar la inminente ejecución de tres hombres condenados hace seis años por homicidio premeditado e incitación a la violencia.
Fabianus Tibo (60), Dominggus da Silva (42) y Marinus Riwi (48), cuya ejecución está prevista para esta semana, fueron sentenciados en abril de 2001 por muertes registradas en violentos choques entre cristianos y musulmanes la oriental ciudad de Poso en mayo de 2000.
La prensa local informó que la policía de Sulawesi, la isla del archipiélago indonesio donde se ubica Poso, preparó cuatro pelotones de 11 tiradores experimentados cada uno para concretar los fusilamientos.
Entre 2000 y 2001, en Poso y sus alrededores se registraron disturbios y enfrentamientos violentos entre cristianos y musulmanes que se cobraron 1.000 vidas.
Funcionarios del gobierno lograron un acuerdo de tregua en diciembre de 2001, aunque persistieron hechos de violencia esporádicos.
Los tres condenados aseguran saber quienes son los verdaderos responsables de lo sucedido en Poso, pero señalan que las autoridades no oyeron su versión.
Los abogados defensores afirmaron el mes pasado que poseían nuevas pruebas de la inocencia de sus clientes y solicitaron la reanudación de las investigaciones, informó Amnistía. Esa evidencia demostraría la responsabilidad de otras 16 personas en la instigación a la violencia en Poso.
El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono rechazó en noviembre el pedido de clemencia. Poco después, la Fiscalía General declaró que los condenados serían ejecutados en un corto plazo.
Desde entonces, activistas por los derechos humanos musulmanes y cristianos de Indonesia y de todo el mundo se han manifestado en defensa de los tres hombres.
En las últimas semanas, el caso atrajo la atención de numerosas organizaciones locales e internacionales, defensores de los derechos humanos y líderes religiosos, incluido el ex presidente y popular clérigo musulmán Abdurrahman Wahid, conocido como Gus Dur.
Estos grupos han pedido reiteradas veces a las autoridades que suspendan o al menos posterguen la ejecución para abrir paso a una investigación más profunda.
A principios de la semana pasada, más de 500 personas convocadas por diversas organizaciones no gubernamentales se manifestaron en Yakarta para pedir la anulación de la sentencia. Amnistía Internacional realizó un llamamiento al presidente Yudhoyono, para que revocara la sentencia de muerte que pesa sobre los tres hombres.
"Este caso pasó a ser urgente luego de la confirmación de que Riwi, da Silva y Tibo serían ejecutados esta semana", dijo a IPS el lunes Francesco Guzzardi, investigador y asistente de campaña de Amnistía en Indonesia.
"Estamos tratando de hacer todo lo posible para presionar al gobierno de Indonesia para que interrumpa o al menos postergue las ejecuciones", agregó.
Funcionarios de Amnistía temen que el juicio de 2001 no haya sido justo.
Esta organización informó que había manifestantes con piedras fuera del juzgado pidiendo la pena capital para los tres hombres, y que sus representantes legales recibieron intimidaciones y hasta amenazas de muerte. Incluso se colocó una bomba en la casa de uno de ellos.
"Los abogados afirman que la nueva evidencia mostrará que Tibo, da Silva y Riwu no orquestaron los disturbios, y que, en cambio, fueron testigos clave de la instigación de las 16 personas, cuyos nombres fueron remitidos por sus abogados a la jefatura de policía", anunció Amnistía.
La organización de derechos humanos con sede en Londres también está preocupada porque el sistema judicial que condenó a los tres hombres a muerte tomó la decisión "contraviniendo los estándares y garantías internacionales" que regulan la aplicación de la pena capital.
"Incluso los sistemas judiciales más competentes corren serios riesgo de cometer errores cuando aplican la pena de muerte. Las autoridades han reconocido ampliamente la necesidad de reformar el sistema judicial del país, y Amnistía Internacional se congratula de los importantes pasos que están dando para afrontar los problemas inherentes al sistema", señaló esta organización en su declaración.
Guzzardi dijo que Aministía "reconoce la necesidad" de procesar y condenar los crímenes serios como el asesinato, advirtió que la pena de muerte no es la solución.
"No existe evidencia clara que la pena capital sea efectiva a la hora de evitar los crímenes que cualquier otro castigo", dijo. Se cree que más de 66 personas están condenadas a muerte.
Luego de la aplicación de la condena de muerte de dos hombres en mayo de 2001, las autoridades indonesias se impusieron una moratoria sobre las ejecuciones hasta 2004. Entre 1994 y 2000 no las hubo.
En octubre de 2005, el parlamento indonesio ratificó la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que promueve el derecho a la vida. Sin embargo, no ratificó el Segundo Protocolo Facultativo de la Convención ICCPR. (
