Cada cuatro minutos una mujer o una niña es violada en México. Si resulta embarazada, difícilmente pueda ejercer el derecho legal de abortar, por una infinidad de obstrucciones administrativas y la negligencia de las autoridades.
A escondidas y con miedo, muchas terminan abortando en clínicas clandestinas. No se sabe cuántas mujeres buscan esta salida, pero según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2005, se practican hasta un millón de abortos por año, lo cual equivale a 30 por ciento de los embarazos anuales en este país.
"Las mujeres embarazadas por violación quedan atrapadas entre la apatía y la mala voluntad de las autoridades, que ven el derecho al aborto como un asunto de mera teoría", dijo a IPS la investigadora Marianne Mollmann, autora del informe "Víctimas por partida doble, obstrucciones al aborto legal por violación en México", difundido este martes por la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
Como en casi toda América Latina (a excepción de Cuba), el aborto es ilegal en México. Pero la pena (de uno a seis años de prisión) es condonada cuando la vida de la madre corre peligro o cuando el embarazo es producto de una violación.
En su estudio, que incluye múltiples y crudos testimonios recogidos entre octubre y diciembre de 2005, HRW demanda al Estado mexicano garantizar el derecho al aborto en casos de violación y ampliarlo a embarazos por incesto o estupro.
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"Después mi papá me llevó a una casa de huéspedes (…) y ahí me dijo que me quitara toda mi ropa y mi papá se quitó toda su ropa (…) y mi papá me empezó a acariciar en las piernas y todo el cuerpo, y me penetró y me dolió (…) Y después de esta ocasión ya fue cada semana en que mi papá me llevaba a hoteles diferentes y ahí teníamos relaciones", señala uno de los testimonios de una joven de 16 años, recogidos en el informe.
"Quiero manifestar que yo no quiero tener el hijo que estoy esperando, porque no lo voy a querer siendo de mi papá (…) y por eso yo quiero que me ayuden a abortar", añadió la menor ante autoridades judiciales, que finalmente le negaron el aborto aduciendo que se trataba de un incesto y no de violación..
HRW reclama en el estudio, entregado al gobierno de Vicente Fox, criminalizar toda forma de violencia doméstica contra niñas y mujeres, incluyendo el abuso sexual de padres contra sus hijas.
Este llamado se suma a otros realizados por organizaciones no gubernamentales e incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alarmadas por la cantidad de violaciones, abortos ilegales y casos de violencia familiar en este país de más de 100 millones de habitantes.
Denunciado y sometido a un proceso de más de dos años en la CIDH, el Estado mexicano asumirá este miércoles el compromiso de compensar económicamente a Paulina Rodríguez, quien en 1999, con 13 años, quedó embarazada en una violación.
Rodríguez quiso practicarse un aborto, pero varias autoridades le negaron ese derecho. El caso fue presentando ante la CIDH y ahora el gobierno de México deberá reiterar de manera pública que una mujer violada tiene derecho a un aborto y que la obstrucción a ejercerlo es sancionable.
"En el caso de Paulina, el Estado actúa y eso es bueno, pero hay cientos de Paulinas más cada año y ellas no tienen derechos", dijo Mollmann.
Debido al marco legal mexicano, que autoriza el aborto tras una violación, "se hizo el informe, pero también porque este país tiene algún liderazgo regional y tiene jale (carisma) político. Sabemos que la problemática es relevante en la región, así que esperamos que este documento cree algún debate", apuntó.
Para "muchas sobrevivientes de violaciones" el acceso efectivo "a procedimientos seguros de aborto se vuelve virtualmente imposible como resultado de la existencia de un laberinto de obstáculos administrativos y —especialmente— de la negligencia y obstrucción de las autoridades".
El documento relata que en muchos distritos no hay procedimientos para autorizar y llevar a cabo un aborto por violación, en otros los trámites son largos y complicados, y a menudo los funcionarios judiciales o de salud pública desalientan o desinforman abiertamente a las mujeres.
Además, rige un sistema "encubierto" de prestación de servicios legales de aborto en los hospitales públicos, marcado por el secretismo, la ausencia de registros y la utilización de personal trasladado de otros centros de atención, lo que acentúa la estigmatización de la práctica.
"En el centro de esta cuestión se encuentra el fracaso generalizado del sistema judicial mexicano para aportar soluciones válidas a la acuciante situación de violencia doméstica y sexual, incluidos el incesto y la violación marital, existentes en el país", añade.
Rocío Corral, directora del no gubernamental Centro de Apoyo a la Mujer "Margarita Magón", de la capital mexicana, dijo a IPS que el informe de HRW recoge una problemática "real y terrible contra la que las autoridades hacen poco o nada".
"Lo que pasa con el aborto legal por violación es que muchas autoridades lo niegan anteponiendo sus creencias religiosas y el machismo. Pero ojalá esto cambie tras conocerse el documento, se abra sin cortapisas la información sobre el tema y que las mujeres estén enteradas", dijo la directora del Centro, que brinda apoyo a mujeres víctimas de violencia.
Según una encuesta citada por HRW en su informe, 74 por ciento de las mujeres mexicanas de bajos ingresos ignora que el aborto reviste carácter legal en ciertas circunstancias.
"De estos temas hay que hablar abiertamente en México, hay que informar para que todos sepamos los derechos de las mujeres y que los exijamos", señaló a IPS José Manuel López, presidente del Centro de Orientación y Prevención de la Agresión Sexual, en la central ciudad de Guadalajara, la segunda más poblada de México.
En una entrevista con HRW, recogida en el informe, López relató sus propias experiencias sobre el agravio a las víctimas de violación por parte de autoridades policiales y judiciales.
"Llega una mujer muy humilde, ya grande (anciana), para denunciar una violación. Se levanta (el fiscal que tomaba la declaración) y dice: 'Ay viejita, ¿cómo se te ocurre que te voy a creer que te violaron? Mira, fulanito (hablando a uno de sus colegas), ¿a ti se te antoja violarla? Y se alteró tanto (la anciana) que se dio la vuelta y se fue sin denunciar la violación", relató López.
Mollmann sostiene que en México "parte de la cultura indica que cuando se denuncia una violación, las autoridades presumen la inocencia del violador y la culpa de la violada". Se trata de una muestra más de la violencia que hay contra las mujeres, sostuvo.
Aunque en los 31 estados del país y en la capital el aborto por violación está autorizado, hay otras normas que son cuestionadas.
En siete estados no se penaliza la violencia doméstica, mientras que en 17 sólo se sanciona la violencia "reiterada" en la familia. En 13 estados, las relaciones sexuales con menores seducidos (estupro) sólo son consideradas delito si el o la menor era "casta" u "honesta" al momento de la violación.
En la mayoría de los distritos, el incesto es definido como una relación "consensual" entre padres e hijos o entre hermanos. Bajo este parámetro, se considera que ese acto es un delito contra la familia y no contra la integridad física del niño o niña. Así, las víctimas de incesto pueden ser sancionadas del mismo modo que sus padres o hermanos mayores.
HRW "espera que nuestro informe llegue a los oídos que se requieren y que México tome las medidas necesarias para terminar con la violencia contra las mujeres y garantizarles el derecho pleno a abortos gratuitos y seguros", señaló la autora de del informe.
