Expertos aplauden la decisión del gobierno de Chile de brindar atención integral a víctimas de maltrato familiar, aunque alertan de los enormes desafíos pendientes tanto en el país como en América Latina, donde 50 por ciento de las mujeres han sido agredidas en algún momento de su vida.
Una de las primeras medidas tomadas por la presidenta Michelle Bachelet, tras asumir el cargo el 11 de este mes, impone que desde el próximo año el sistema público de salud se preocupará de los daños físicos y mentales ocasionados por la violencia doméstica.
El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Hernán Monasterio, explicó al hacer el anuncio que este año se estudiará el universo de personas que podrían demandar este servicio, que incluirá un seguimiento de los casos más graves y su rehabilitación, para así poder comenzar a implementarlo en 2007.
"La violencia de género es un problema de salud pública, porque no solamente compromete la salud de la mujer y de su familia sino que sus efectos se extienden hacia toda la comunidad", señaló a IPS Marisa Matamala, encargada de género y salud de la representación en Chile de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
La médica señaló que "la OPS ha venido trabajando desde hace bastante tiempo con Fonasa para avanzar en dirección" a proteger a las víctimas, precisando además que el proyecto contempla el trabajo mancomunado de un grupo de ministerios, servicios gubernamentales, poderes del Estado y organizaciones de la sociedad civil.
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Entre ellos, los ministerios del Interior, de Educación, de Planificación, de Trabajo y de Vivienda, el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), los tribunales de justicia y las agrupaciones ciudadanas que contribuyen a dar visibilidad el problema y dar acogida a las personas maltratadas.
El Fonasa, por lo pronto, estudia la forma de atenuar las secuelas físicas dejadas por las agresiones, como cicatrices, desfiguraciones, ausencia de piezas dentales y daños óseos o articulares, las que demandan atención especializada.
La ministra de Salud, María Soledad Barría, destacó la iniciativa gubernamental, advirtiendo que en Chile en promedio cada semana muere una mujer a causa de agresiones propinadas por su pareja, ex pareja o familiares hasta tercer grado. El año pasado fueron 56 las asesinadas en el ámbito doméstico.
María, de 46 años, es una de las que estuvo a punto de engrosar la lista de los llamados "femicidios". Casada durante una década y ya con 12 años de separada, cuenta que los celos y la falta de comunicación fueron minando la relación hasta que su vida se vio amenazada.
Su marido se buscó una amante, empezó a salir todos los fines de semana con amigos y no tardó en agredirla física y psicológicamente. "Me decía que era fea, gorda, hedionda y que lo engañaba con otra persona", narró a IPS María, una ama de casa y madre de tres hijos.
Durante dos años le propinó diariamente golpes de puño y patadas y trató de asesinarla varias veces. "Me arrastraba por el piso tomada del pelo, me amenazó con una pistola, me tiró encima una estufa prendida. La última vez que me pegó quedé toda marcada y mi cuñada me llevó a denunciarlo", recuerda la mujer.
"No lo acusaba por miedo a que me matara y porque no tenía dinero para mantener a mis hijos", agregó María, quien sufrió una profunda depresión luego de que su marido abandonó la casa donde vivían, presionado por un dictamen judicial. Ella y sus hijos quedaron dañados emocionalmente, por lo que debieron asistir a numerosas terapias psicológicas.
Cifras del Ministerio del Interior confirman que las mujeres son las principales víctimas de la violencia doméstica en Chile, ya que en 2005 concentraron 88 por ciento de los casos de agresión familiar.
En 95 por ciento de los casos se trató de violencia psicológica o lesiones leves. En tanto que el grupo más afectado por lesiones físicas graves fue el de los niños. También las denuncias de maltrato formuladas por hombres aumentaron significativamente, como lo indica el hecho de que pasaron de 4,4 por ciento en 1999 a 8,6 por ciento el año pasado.
En Chile, las mayores tasas de denuncias por violencia familiar corresponden a zonas rurales con gran presencia masculina y con alto índice de consumo de drogas y alcohol.
A pesar de que han aumentado las denuncias, todavía muchas mujeres chilenas son vencidas por el miedo: Soledad es una de ellas.
Desde que se casó, hace 14 años, sufre de maltrato psicológico de parte de su esposo alcohólico. "Me dice que no me quiere, que soy una prostituta, que no me maquille porque me veo fea. Una vez me echó de la casa y a nuestro hijo le dice que él no es el papá", confiesa esta secretaria, de 39 años.
"Estoy juntando plata para irme de la casa, pero siento que no voy a poder salir adelante sola. Siempre he tenido la esperanza de que dejará de emborracharse. Nunca he pensado en denunciarlo", aseguró.
"El problema es semejante en todos los países de la región, sólo cambian los abordajes dependiendo de los matices internos", advirtió Matamala.
En México, Guatemala y El Salvador, por ejemplo, el femicidio se ha vuelto una práctica sistemática, lo cual establece una diferencia con el resto de los países latinoamericanos, "a pesar de que América Central ha sido una de las regiones que ha trabajado con mucho énfasis por parte de los gobiernos y la OPS", aclaró.
En Perú, Bolivia y Brasil se ha avanzado notablemente en políticas públicas de atención integral, en formación de recursos humanos, en protocolos para casas de refugio, agregó.
No obstante, a juicio de la representante de la OPS/OMS, "todos los países deben mejorar la articulación intersectorial, asignar más recursos, fortalecer las políticas de prevención y capacitación y potenciar el nexo entre los servicios del Estado y las organizaciones no gubernamentales, para complementar la acción preventiva con la atención integral".
De igual forma, la representante de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Adriana Gómez, dijo a IPS que la iniciativa del gobierno chileno "viene a llenar un vacío en el sistema de salud", pero que su éxito dependerá de la "convocatoria que se haga a las organizaciones de la sociedad civil que tienen vasta experiencia en el tema".
La educación es otro efectivo mecanismo de prevención, destacó Matamala, ya que se puede utilizar "para erradicar el sexismo en la construcción de los roles masculino y femenino y para lograr el fortalecimiento de las mujeres, impidiendo la subordinación y la aceptación de la violencia como un castigo".
Precisamente, uno de los ocho objetivos de desarrollo para el milenio acordados en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas es la promoción de la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
"Pero la insuficiencia más básica es la falta de sistemas de información integrados a nivel regional, que puedan informar tanto de la magnitud del problema como de los avances registrados", indicó la profesional.
En estos momentos, la OPS promueve la creación de un llamado Observatorio Regional para la Violencia de Género, que incluiría a representantes gubernamentales, expertos y organizaciones de la sociedad civil.
