Un discreto acuerdo extrajudicial entre el gobierno de Estados Unidos y un ciudadano egipcio echa un manto de secreto sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la guerra contra el terrorismo.
Elmaghraby había asegurado que fue golpeado y que se le negaron alimentos tras ser arrestado después de los atentados que el 11 de septiembre de 2001 acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y Washington.
El ciudadano egipcio aseguró en su demanda que fue violado con una linterna mientras era mantenido en confinamiento solitario sin acceso a abogados, y luego deportado por delitos menores, sin vinculación con el terrorismo, tras nueve meses de detención.
Hace más de seis meses, el juez federal de distrito a cargo del caso había ordenado a altos funcionarios del gobierno estadounidense de la época, entre ellos el ex fiscal general John Ashcroft, brindar testimonio en torno de la demanda de Elmaghrabi.
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Un detalle del juicio que merecía destaque pasó prácticamente desapercibido para los grandes medios de prensa estadounidenses: el juez había rechazado el argumento del gobierno según el cual el estado de emergencia nacional eximía a la presidencia de cumplir con ciertas regulaciones.
Expertos en derecho advertían entonces que el proceso podía convertirse en un punto de inflexión en la polémica jurídica sobre las facultades presidenciales en la guerra contra el terrorismo.
El acuerdo extrajudicial no establece un precedente legal, pues el gobierno no admitió haber obrado ilegalmente, pero podría ser significativo a la luz de las múltiples demandas judiciales y desafíos de legisladores a la autoridad del presidente para actuar sin autorización del Congreso legislativo.
Entre los muchos cuestionamientos formulados a la guerra contra el terror declarada por el presidente George W. Bush figura su convencimiento de que el Poder Ejecutivo goza, sin siquiera solicitar autorización judicial o legislativa, de las facultades de detener indefinidamente a supuestos terroristas sin acusarlos ante un juez, y de ordenar la vigilancia de comunicaciones telefónicas y electrónicas, aun a ciudadanos estadounidenses.
La demanda de Elmaghrabi acusaba a Ashcroft y a Robert S. Mueller III, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal), de conspirar personalmente para violar los derechos de inmigrantes musulmanes detenidos sobre la base de su raza, religión y nacionalidad.
Entre otros acusados figuraban funcionarios del Buró de Prisiones y guardias del Centro Metropolitano de Detenciones en la zona de Brooklyn, ciudad de Nueva York.
El gobierno apeló el fallo del juez John Gleeson, quien dijo que los argumentos de Ashcroft carecían de base legal o constitucional.
"Los desafíos únicos y complejos de aplicación de la ley y seguridad de nuestra nación luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 no garantizan la eliminación de remedios para las violaciones constitucionales de las que se acusa aquí", escribió el magistrado.
Un segundo demandante es el pakistaní Javaid Iqbal, cuyo caso continúa. Elmaghrabi e Iqbal alegaron que no se les permitió cuestionar ante la justicia su confinamiento en una celda aislada.
Ashcroft alegó ante el juez Gleeson que el gobierno no está obligado a seguir regulaciones que permitan a supuestos terroristas presentar demandas ante la justicia, dada la amenaza que representan.
Elmaghraby e Iqbal aseguraron encontrarse entre docenas de hombres musulmanes capturados en Nueva York tras el 11 de septiembre de 2001 y retenidos durante meses en un centro federal de detenciones en Brooklyn. Luego, fueron absueltos de cualquier vínculo con el terrorismo.
La oficina del Inspector General (contralor) del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó en varios informes el maltrato a detenidos árabes y musulmanes recluidos en Brooklyn tras el 11 de septiembre. Diez guardias y supervisores del centro carcelario fueron sancionados.
En documentos judiciales, los abogados del gobierno dijeron que los ataques del 11 de septiembre crearon "factores especiales", incluyendo la necesidad de disuadir futuros actos terroristas, cuya importancia sobrepasa el derecho de los demandantes a entablar juicio.
Una demanda colectiva presentada en nombre de cientos de otros detenidos tras el 11 de septiembre está pendiente ante el mismo juez.
Los abogados que representan tanto al demandante egipcio como al pakistaní describieron el resultado como significativo.
"Este es un acuerdo sustancial y muestra por primera vez que el gobierno puede ser responsabilizado por los abusos ocurridos en Abu Ghraib, la bahía de Guantánamo y prisiones en Estados Unidos", dijo uno de los abogados.
El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Florida Brian J. Foley consideró que el acuerdo era "un paso en la dirección correcta".
"Luego del 11 de septiembre, el gobierno fue injusto con las personas que detuvo por más tiempo del necesario, para luego aplicar leyes no relativas a la amenaza terrorista, tales como las migratorias", dijo Foley a IPS.
"No puede encerrar a personas y amenazarlas como si fueran criminales, a menos que tenga una base razonable para creer que lo son. Por cierto, no se puede encerrar a alguien para averiguar si es un criminal", agregó.
Después de los atentados muchas "personas fueron encerradas al parecer solo sobre la base de su raza y religión. Nuestro gobierno debería compensar a todas esas personas detenidas más tiempo del necesario. Trató a inocentes como si fueran criminales cuando la mayoría estaban ahí porque querían vivir en este país", agregó.
Otro abogado que habló con IPS a condición de no que no se revelara su identidad dijo que "a menudo los demandados llegan a un acuerdo, pero no reconocen su responsabilidad. Es por razones estratégicas: el demandado no quiere que esa admisión sea usada contra ellos en otra instancia".
"El demandado puede decir que acordó porque no quería pelear, porque le daba fastidio o porque podría verse obligado a revelar información que quiere mantener en secreto", explicó.
Por lo tanto, "este caso no puede ser tomado técnicamente como una admisión de responsabilidad por parte del gobierno, pero, ciertamente, hace que el gobierno parezca menos que inocenteà y así es como la mayoría de los observadores, correctamente, lo tomarán", agregó.
Desde la ciudad egipcia de Alejandría, Elmaghraby, de 38 años, dijo al diario The New York Times que, aunque con reticencias, había decidido llegar a un acuerdo porque está enfermo, endeudado y a punto de someterse a una cirugía por una enfermedad de la glándula tiroides agravada por el trato que recibió en prisión.
Elmaghrabi atendía su propio puesto en un mercado de pulgas, los fines de semana en el barrio neoyorquino de Queens.
En total, 762 personas que no tenían ciudadanía estadounidense fueron arrestadas en las semanas posteriores al 11 de septiembre, la mayoría por violaciones a las leyes de inmigración.
Elmaghraby e Iqbal figuraban entre los 184 identificados como "de alto interés", hasta que el FBI los declaró desvinculados de toda acción u organización terrorista. Prácticamente todos eran musulmanes o procedían de países árabes.
Según el Inspector General del Departamento de Justicia, esta dependencia —equivalente a una fiscalía general— a menudo no logró distinguir entre sospechosos de terrorismo y personas que simplemente eran capturadas.
Las liberaciones tardaban meses porque eran consideradas de "baja prioridad". Mientras, abundaban denuncias de golpizas, humillaciones sexuales y registro ilegal de conversaciones entre abogado y cliente, según uno de los informes.
Elmaghraby e Iqbal terminaron declarándose culpables de delitos menores no vinculados con el terrorismo: fraude con tarjetas de crédito y posesión de documento y cheques falsos. Pero dicen haber confesado con el único objetivo de escapar de los abusos.
