El subsidio estatal al consumo de electricidad de los sectores más pudientes de India, sumado al robo de energía alentado por funcionarios corruptos, mantienen estancada la reforma prevista para el sector, según expertos.
"Una mejora sustancial en el suministro de energía podría no suceder en el futuro cercano a menos que se considere de manera adecuada el principal motivo de oposición a la reforma: los subsidios", a IPS dijo V. Santhakumar, investigador del estatal Centro de Estudios para el Desarrollo, con sede en el meridional estado de Kerala.
Santhakumar, autor del libro "Comprendiendo la oposición social a las privatizaciones", consideró incorrecta la percepción popular según la cual las reformas del modo en que se determinan las tarifas eléctricas perjudicarán a los pobres.
"Quienes no reciben electricidad no participan en la discusión sobre la reforma del sector energético. No les importa ni un punto de vista ni el otro", coincidió Shubhasis Gangopadhyay, director de la independiente Fundación para el Desarrollo de India.
Gangopadhyay atribuyó las dificultades para modificar el régimen de subsidios al hecho de que benefician a sectores de buen pasar económico y con posibilidades de hacer sentir su presión sobre las autoridades.
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"El gobierno gasta el dinero de los contribuyentes en subsidiar a los ricos y, por lo tanto, desvía recursos que podrían ser mucho mejor usados en programas que genuinamente ayuden a los pobres", agregó.
India no puede sostener su actual crecimiento económico de ocho por ciento anual a menos que la generación de electricidad se acompase a ese ritmo.
La Encuesta Económica oficial presentada por el gobierno en febrero señala que la escasez de electricidad en el país, en las horas de mayor consumo, se ubica en el entorno de 12 por ciento. La escasez promedio de cada jornada se sitúa en ocho por ciento.
Pero la señal más alarmante del estudio es la pérdida de producción asociada con la falta de electricidad: 67.000 millones de dólares anuales, casi ocho por ciento del producto interno bruto de India.
El gobierno aprobó leyes para mejorar el trabajo de los ineficientes y superpoblados consejos estatales de electricidad y también para controlar el robo de electricidad, a menudo disfrazado en registros oficiales como pérdidas en el proceso de transmisión y distribución.
Las empresas privadas también participan en diversas actividades del sector eléctrico.
Santhakumar atribuyó la oposición social y política a la reforma del sistema de electricidad a que buena parte de la energía se vende a precios subsidiados por debajo de los costos de producción.
"Cuando un servicio público es brindado con un alto subsidio a la mayoría de los residentes de ciertas zonas y la calidad de ese servicio es razonablemente buena, ¿por qué los beneficiados apoyarían su reforma?", preguntó retóricamente Santhakumar.
El experto señaló que India no podría seguir el ejemplo de Camboya, donde firmas privadas producen a altísimos costos la mayor parte de la electricidad.
"Reformas que podrían ser beneficiosas para gran parte de la población a menudo afrontan oposición social y política porque sus consecuencias no son comunicadas adecuadamente", afirmó Lynn Squire, presidenta de la no gubernamental Red Global para el Desarrollo.
El problema, agregó, no es sólo de India o del sector eléctrico.
"Tenemos que educar sobre las reformas no sólo a las gente común, sino también a políticos y a empleados de los consejos estatales de electricidad", opinó Madhav Godbole, ex presidente del Consejo de Electricidad del Estado de Maharashtra. Godbole no sugiere que la privatización sea la panacea para todos los problemas que afligen al sector eléctrico. "No hay una relación directa entre privatización y eficiencia", dijo Godbole, quien antes de retirarse de la actividad pública ocupó altos cargos de gobierno.
La clave es beneficiar con los subsidios a quienes más los necesitan. "Deben ser apropiadamente asignados desde el comienzo, porque una vez implementados resulta muy difícil eliminarlos", dijo Squire.
La distribución de electricidad fue privatizada hace más de cinco años en Nueva Delhi, pero los ciudadanos se han resistido con fuerza a los movimientos para aumentar las tarifas.
Las pérdidas en la transmisión y distribución —eufemismo que alude al robo de electricidad a gran escala— se han reducido, pero aun así se mantienen en niveles elevados, de entre 30 y 40 por ciento del total de la electricidad distribuida.
"La privatización en Nueva Delhi fue exitosa en términos financieros porque ayudó al gobierno local a reducir su presupuesto de subsidios entre 80 y 90 por ciento", dijo Partha Mukhopadhyay, investigador del independiente Centro para la Investigación Política.
Mukhopadhyay agregó, sin embargo, que persisten problemas, como la manipulación de medidores de energía en hogares acomodados y fábricas en la capital india. "Necesitamos una mejor regulación que conduzca a más transparencia y a una mayor responsabilidad", advirtió.
La participación de empresas privadas en la producción y distribución de electricidad no es algo nuevo en India. Durante medio siglo, empresas privadas suministraron energía a ciudades como Mumbai (ex Bombay) y Kolkata (ex Calcuta).
Por otro lado, la experiencia del país en materia de inversión extranjera directa en el sector eléctrico ha sido desastrosa a causa del involucramiento de la firma estadounidense Enron, en el centro de un gran escándalo por corrupción corporativa en su país.
Esa compañía instaló en los primeros años 90 el mayor generador de electricidad a gas del mundo, en Dabhol, sobre la costa occidental de India. El costo fue de unos 2.000 millones de dólares. Según diversas versiones, Enron sobornó a funcionarios para mejorar sus ganancias.
Cuando pareció que el acuerdo de compra de electricidad con Enron llevaría a la bancarrota al Consejo de Electricidad del Estado de Maharashtra, el gobierno local se negó a pagar. La central está cerrada desde 2001.
La empresa Dabhol está actualmente envuelta en una serie de disputas legales que involucran a sus promotores estadounidenses (Enron, General Electric y Bechtel) y a varios bancos, instituciones financieras y organismos gubernamentales de India.
