La universidad, factor tradicional de reproducción o ampliación de la desigualdad social en Brasil por consolidar la elite de los más ricos, es llamada ahora a operar en sentido opuesto: abrir sus puertas con preferencia por los pobres, negros e indígenas.
Un polémico sistema de cuotas en vías de aprobarse en el Congreso legislativo reserva por lo menos la mitad del cupo de todas las universidades federales, es decir las mantenidas por el Ministerio de Educación, a los alumnos procedentes de la enseñanza secundaria pública, que son una inmensa mayoría de la población estudiantil, pero se convierten en minoría en las universidades estatales.
Las instituciones federales, que ofrecen la mejor enseñanza superior del país, además de gratuita, acogen a 122.000 nuevos alumnos cada año, la mayoría provenientes de escuelas privadas, que son mejores que las públicas impartiendo educación primaria y secundaria.
El proyecto de ley aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados determina que, de la mitad de ese cupo destinado a los pobres, se asegurará a los afrodescendientes e indígenas una cuota proporcional a su población en el estado donde se ubique la universidad, según los datos del censo oficial.
La aprobación de ese sistema solo dependía de una confirmación del Senado, donde el trámite es más rápido. Pero los rectores rechazaron el plazo fijado, hasta 2010, para implantar el sistema en sus universidades y exigieron 10 años.
Una negociación promovida por el Ministerio de Educación entre los directivos universitarios y los movimientos estudiantiles y étnicos terminó en un acuerdo salomónico. Las cuotas deberán estar plenamente vigentes a partir de 2012. La implantación será gradual, empezando con 12,5 por ciento para alumnos de la red pública en 2007 y ampliándose anualmente para alcanzar 50 por ciento dentro de seis años.
El proyecto así reformado depende ahora de nuevas votaciones en la cámara baja y Senado, pero nada es seguro. La iniciativa acentuó la polémica que se prolonga desde la década pasada sobre la validez y eficacia de esa "acción afirmativa" o "discriminación positiva", como vía para superar la desigualdad que somete a la población negra a la pobreza más aguda.
Brasil, con más de 184 millones de habitantes, está en el lugar 65 del Índice de Desarrollo Humano medido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 175 países. Pero ese es un promedio que oculta las diferencias entre la población afrodescendiente, que ocuparía la posición 107, y la blanca, en el puesto 46, según Marcelo Paixao, coordinador del Observatorio Afrobrasileño y profesor de economía en la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Adoptar criterios raciales es inconstitucional, arguyen opositores, recordando que la selección para la universidad debe basarse en el mérito. La solución sería mejorar la calidad de la enseñanza pública para poner a los pobres en condiciones de igualdad para competir con los alumnos de escuelas privadas, opinan muchos.
No hay inconstitucionalidad, porque no se excluye a nadie y todos se someten a la selección, y se trata de combatir la desigualdad y la pobreza, contrarrestan juristas como Fabio Comparato, de la Universidad de Sao Paulo.
Las cuotas son absolutamente necesarias en un país donde los negros casi no existen en las universidades públicas, afirmó a IPS Geraldo Rocha, coordinador de proyectos en el no gubernamental Centro de Articulación de Poblaciones Marginadas. En el noroccidental estado de Bahía, donde los negros son mayoría, solo alcanzan tres por ciento de los estudiantes universitarios, ejemplificó.
Pero no bastan las cuotas. Experiencias como la de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, que adoptó el sistema hace algunos años, no obtuvieron buenos resultados porque muchos negros tuvieron que abandonar los estudios por falta de condiciones económicas para permanecer, observó Rocha.
Son indispensables las becas u otras formas de ayuda que permitan a los estudiantes pagar el transporte desde su casa a la universidad, la comida durante las clases, libros y otros materiales escolares. "Sin eso el acceso a la universidad sigue siendo una ilusión", explicó.
En la defensa de la ley de cuotas se destaca la Unión Nacional de Estudiantes, que representa a los universitarios, y la organización católica Educación y Ciudadanía de Afrodescendientes y Necesitados, que realizó cursos de preparación a la universidad en comunidades negras y pobres, principalmente en la periferia de la meridional Sao Paulo.
Tales cursos, que mejoran el acceso a universidades públicas hasta ahora casi monopolizadas por las capas más ricas, y la ampliación de las becas gubernamentales para alumnos pobres en instituciones privadas son algunas iniciativas que están ampliando la cantidad de universitarios pobres.
Un reportaje del cuaderno juvenil Megazine, que publica el diario O Globo de Río de Janeiro, informó a fines de febrero que ya hay 23 universidades públicas, federales y estaduales, que ofrecen algún tipo de cuotas para negros, personas con deficiencias, mujeres e indígenas.
Es un movimiento creciente que culminaría con las cuotas de 50 por ciento en las universidades federales, la crema de la educación y la investigación académicas en este país.
Brasil registró en los últimos años un fuerte aumento de estudiantes universitarios, que en 2003 ya sumaban 3,88 millones, pero 70,7 por ciento de ellos estaban en instituciones privadas. La paradoja es que los pobres tienen más acceso a esas casas de estudio que a las estatales gratuitas.
Otra idea, que los alumnos de las universidades públicas también paguen su matrícula pues en su mayoría son ricos o de clase media, enfrenta un rechazo insuperable. La tendencia es entonces promover el acceso de los pobres a esas instituciones.
Pero el antropólogo Peter Fry, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, advierte sobre el riesgo de adoptar criterios raciales en la atribución de derechos y en la legislación, en un país que había avanzado mucho en una ideología sin razas. Puede producir un retroceso al fortalecer las creencias raciales, señaló.
