Confinado a una silla de ruedas por esclerosis múltiple, el estadounidense Richard Paey cumple una pena de 25 años en una prisión del meridional estado de Florida por «traficar» medio gramo del analgésico OxyContin.
Sin embargo, el fiscal reconoció que Paey nunca vendió ningún medicamento. Desde que está en prisión, recibe más analgésicos que antes.
El OxyContin contiene un analgésico opioide muy potente y adictivo llamado oxicodona. Su compra requiere en Estados Unidos la presentación de una prescripción médica documentada.
Por otra parte, William Hurwitz, pionero en la medicina del dolor, fue enjuiciado y acusado de violar la Ley de Substancias Controladas, aprobada con la pretensión de reducir los ilícitos por el uso de drogas.
Hurwitz cumple una condena de 25 años en una prisión, y debe pagar una multa de dos millones de dólares.
Estos son apenas dos casos entre cientos: la DEA, agencia antidrogas del gobierno de Estados Unidos, se ha dedicado a perseguir con fervor a médicos que prescriben analgésicos y a los pacientes con dolores crónicos que los consumen para poder llevar una vida normal.
Cientos de médicos fueron procesados por delitos que van desde fraude contra el seguro de salud hasta homicidio premeditado. Los investigadores también confiscaron viviendas, consultorios y cuentas bancarias de los profesionales, dejándolos sin recursos para su defensa.
En marzo de 2004, la administradora de la DEA, Karen Tandy, dijo al Congreso legislativo que los agentes antidrogas lograron revertir "el desvío de OxyContin, como lo evidencia la reducción en la tasa de incremento de las prescripciones y la estabilización de su venta".
El término "desvío", en este caso, se refiere a la utilización de medicamentos con propósitos ilícitos. El abuso en la prescripción representa casi 30 por ciento del total de problemas relacionados con drogas en Estados Unidos, un desafío cercano al de la adicción a la cocaína.
A veces, pequeños narcotraficantes terminan vendiendo esos fármacos en las calles.
Desde mediados de los años 90, e intensificado a partir de 2001, la DEA, organismo dependiente del Departamento (ministerio) de Justicia, desarrolla acciones agresivas tendientes a erradicar el "desvío" de analgésicos que requieren prescripción médica.
La DEA se ha concentrado particularmente en el OxyContin, que es objeto de intensas campañas de marketing promovidas por su fabricante, la firma farmacéutica Purdue Pharma.
En 2001, la DEA lanzó una campaña llamada "Plan de Acción OxyContin". La agencia considera que el plan es necesario debido al abuso de fármacos que requieren prescripción, fundamentalmente entre los jóvenes.
Esta agencia, asociada con otros organismos del Estado y autoridades locales, emplea métodos como investigaciones encubiertas, confiscación de bienes y apelación a informantes. Su objetivo, asegura, es perseguir la transgresión a la Ley de Sustancias Controladas.
Pero los críticos advierten que la DEA se ha ensañado con los médicos, agudizando un problema generalizado en el sistema de salud estadounidense: la falta de tratamientos contra el dolor.
En consecuencia, profesionales bien intencionados han sido objeto de investigaciones que ponen en peligro sus carreras. Varios de ellos y muchos de sus pacientes ya han sido condenados a prisión.
La DEA asegura apuntar contra los "médicos criminales", y que sus esfuerzos para evitar la venta de fármacos que requieren prescripción no tienen ningún efecto sobre el tratamiento legítimo del dolor.
La comunidad médica dedicada al alivio el dolor desconfía de esas afirmaciones.
Las autoridades dicen que el programa de la DEA ha tenido un efecto aterrador sobre los médicos dedicados a reducir el dolor de pacientes crónicos en dolor, que dejan de ejercer su especialidad para dedicarse a otras menos riesgosas, lo que deja a sus pacientes sin tratamiento ni medicación.
La revista neoyorquina Village Voice informó que las escuelas universitarias de medicina están recomendando a sus alumnos que eviten definitivamente la práctica del tratamiento del dolor.
Paradójicamente, la campaña de la DEA surge en un momento de grandes avances en la materia. El dolor crónico hace la vida intolerable, a veces imposible, a entre 50 y 70 millones de estadounidenses.
Hasta hace unos 20 años, la medicina sabía poco sobre el tratamiento del dolor. Hoy, en cambio, se ha vuelto una especialidad médica reconocida y se estima que unos 5.000 médicos la practican en Estados Unidos.
El programa de la DEA también se aplica en un momento en que hay analgésicos más efectivos en el mercado y es más fácil que nunca obtenerlos gracias a la red mundial informática Internet.
El dilema de la DEA es diferenciar entre quienes recetan y consumen legítimamente y los traficantes de drogas. La tarea se dificulta por el hecho de que quienes investigan y formulan las denuncias judiciales no son médicos, sino abogados y funcionarios.
Antes de ser acusado, Hurwitz recomendó que la DEA "suspendiera las acusaciones en curso contra los médicos dedicados al tratamiento del dolor hasta que un panel de expertos reconocidos en el ámbito nacional haya revisado y concluido que había mala fe por parte del profesional".
La Asociación de Médicos y Cirujanos de Estados Unidos alertó en una carta dirigida al juez que atendió el caso Hurwitz que el profesional recibió su condena sobre la base del "testimonio de falsos expertos", lo que calificó de "atroz".
El caso de Hurwitz no es aislado. En todo Estados Unidos, varios médicos han sido juzgados, encarcelados o han perdido su licencia para ejercer la medicina por la misma causa.
Además de Hurwitz, Ronal McIver cumple una condena por 30 años, James Graves, una por 62 años, y Freddie Williams cadena perpetua por "desvío" de fármacos en 2002.
"Muchos doctores han sido juzgados y casi ninguno absuelto", sostuvo el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Florida del Norte, Ronald Libby, una autoridad en la materia.
"La mayoría de los abogados aconsejan a sus clientes que se declaren culpables" para obtener una sentencia más breve "y no ir a juicio", dijo Libby a IPS.
Richard Paey fue acusado de presentar múltiples prescripciones apócrifas de opioides para el tratamiento del dolor crónico. Vivía en Nueva Jersey, donde se atendía, pero luego se mudó a Florida. Allí no pudo conseguir un médico que le recetara analgésicos.
Temerosos de lo que califican como "un despliegue brutal de poder", la mayoría de los médicos, incluyendo los que se dedican al tratamiento del dolor, simplemente dejan de atender a los pacientes que sufren.
Aquellos aquejados de dolores suaves o moderados, que requieren de dosis más leves, aún consiguen asistencia, pero aquellos que necesitan dosis elevadas para que el tratamiento sea efectivo quedan desamparados.
La DEA afirma que solo investiga a menos del uno por ciento de los médicos que recetan OxyContin y otros fármacos incluidos en la Ley de Substancias Controladas.
La agencia informó que detuvo a 34 de los 963.385 médicos registrados en 2003 por vender opioides a adictos o traficantes de drogas a cambio de dinero, sexo u otros favores. Eso es menos de 0,001 por ciento de todos los especialistas habilitados.
Pero los críticos cuestionan estas cifras. "En 2001, la DEA investigó a 861 profesionales. Si utilizamos este guarismo en vez de las 34 detenciones quiere decir que más de 17 por ciento de los cerca de 5.000 médicos que tratan pacientes con dolor fueron investigados", dijo Libby.
Para apaciguar las críticas, la DEA le pidió a varios especialistas colaborar con funcionarios federales para elaborar pautas para los médicos que recetan opioides.
Esas pautas fueron publicadas en el sitio en Internet de la agencia, y muchos especialistas creyeron que si cumplían con las recomendaciones quedarían a salvo de la acción judicial. Pero esa ilusión resultó efímera.
A fines del año pasado, las directivas fueron retiradas del sitio de la DEA. La agencia argumentó que no se regía por ninguna norma o tipo de práctica a la hora de determinar qué médicos investigaba.
"Las relaciones entre los médicos y la DEA probablemente nunca fueron peores", dijo Alexander DeLuca, miembro de la Academia de Prevención de la Salud de Estados Unidos y miembro del directorio de la Red de Alivio del Dolor.
"El acatamiento de la norma no tiene cabida cuando médicos, trabajadores sociales y políticos de buena fe necesitan ponerse de acuerdo sobre el uso de fármacos y los problemas relacionados con el dolor en tanto que un asunto de salud pública y no penal", concluyó DeLuca.
