El Partido Comunista chino se dispone a construir en el próximo lustro «una nueva zona rural socialista», lo que marcará por primera vez en 15 años un viraje en las prioridades de gasto, esta vez de lo urbano a lo rural.
El programa —a consideración de la sesión legislativa anual del Congreso del Pueblo, iniciada el domingo— se concentra en elevar el nivel de vida de los 800 millones de campesinos del país, cuyos ingresos se estancaron a pesar de años de vertiginoso crecimiento económico nacional.
Los dirigentes de Beijing esperan estimular hasta 2010 el consumo rural y reducir la dependencia de las exportaciones y el elevado gasto en infraestructura urbana.
Aumentar el gasto en la empobrecida área rural china constituye una política de "importancia histórica", dijo el primer ministro Wen Jiabao en su discurso nacional en la apertura del Congreso este domingo.
"Debemos reafirmar nuestra determinación de reorientar la prioridad del gobierno hacia la inversión en infraestructura para áreas rurales. Es un importante cambio político", dijo Wen a los casi 3.000 delegados que asistieron a la sesión legislativa anual en el Gran Hall del Pueblo en Beijing.
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Los campesinos chinos, que ayudaron a los comunistas a llegar al poder en 1949, disfrutaron de un notorio incremento en el nivel de vida tras las reformas rurales de 1979, que abolieron las comunas populares y sacaron de la pobreza a más de 200 millones de personas.
Pero luego del movimiento prodemocrático de Tiananmen, en 1989, que se expandió por casi 100 ciudades chinas, el gobierno se concentró en elevar los ingresos de la población urbana y a aplacar sus quejas.
El ingreso anual en las zonas rurales es, en promedio, de unos 2.400 yuanes (300 dólares), mientras que en las ciudades asciende los 8.000 yuanes (1.000 dólares).
Pero la diferencia real en materia de riqueza entre el vasto interior rural y las ciudades es mucho mayor de lo que sugieren las cifras.
La Academia China de Ciencias Sociales calculó que el ingreso urbano promedio es unas siete veces superior al de las áreas rurales, si se incluyen beneficios como la educación superior y la disponibilidad de atención médica para los habitantes de las ciudades.
La brecha existente entre la población rural y la urbana continúa alimentando el descontento, con protestas en el campo sin precedentes. Según el Ministerio de Seguridad Pública, en 2005 hubo 87.000 disturbios públicos, seis por ciento más que en 2004.
Las protestas más difundidas y violentas tuvieron su origen en confiscaciones ilegales de tierra de cultivo para desarrollo inmobiliario y otros proyectos, pese a la demanda del gobierno central de que los funcionarios locales terminaran con los abusos.
Más de 40 millones de agricultores fueron desplazados de su tierra y la cantidad crece más de dos millones por año. Los cultivadores desposeídos figuran hoy entre los más pobres del país, y su súplica desesperada desató brotes de violencia, a veces con resultados trágicos.
En diciembre, varios cientos de campesinos de la aldea de Dongzhou, en la meridional provincia de Guangdong, que estaban protestando contra las confiscaciones de tierra del gobierno local para un proyecto de central eléctrica, fueron dispersados con fuego de armas automáticas. El enfrentamiento resultó en al menos 30 víctimas, algunas de ellas fatales.
Y el 14 de enero, varias personas fueron heridas y una adolescente golpeada hasta la muerte en enfrentamientos entre aldeanos y policías en una disputa por la tierra en la aldea de Panlong, también en la provincia de Guangdong.
"Necesitamos ver claramente las dificultades y problemas en la vida económica y social" del campo, dijo el primer ministro en su informe sobre el trabajo del gobierno el domingo.
"Algunos conflictos profundamente arraigados que se acumularon con el tiempo todavía tienen que ser resueltos, y han surgido nuevos problemas que no pueden ser ignorados", agregó.
"La gran brecha entre las ciudades y el campo ya no es sólo un problema de los campesinos y las zonas rurales", dijo el profesor Xu Yong, experto rural en la Universidad de Huazhong Shifan. "Hemos tenido éxito en la industrialización inicial del país, y ahora cada industria y cada ciudad debería tomar parte en la construcción de las nuevas áreas rurales".
Xu figura entre los 200 dirigentes comunistas y expertos rurales que participaron en febrero en una deliberación de la Escuela Central del Partido, luego de la cual se anunció que el desarrollo de las áreas rurales será la tarea más importante que China deberá afrontar en los próximos cinco años.
El programa urge a incrementar el gasto en técnicas agrícolas, infraestructura rural y servicios sociales para los residentes rurales del país.
Para implementar el nuevo plan, este año el gobierno asignó 42.300 millones de dólares al gasto rural, dijo el primer ministro en su discurso. Esto supone un aumento de 14,2 por ciento en relación a 2005. El plan supondrá una desaceleración de 1,5 puntos porcentuales del enorme crecimiento económico chino, de nueve a 7,5 por ciento anual.
El gobierno ya había anunciado algunas políticas de aliento al ingreso rural, como la abolición de centenarios impuestos y subsidios a los cultivos de cereal.
Beijing también prometió canalizar fondos del gobierno central hacia las arcas de las municipalidades, pues se espera que la eliminación de gravámenes agrícolas eleve la deuda pública de localidades y provincias.
Wen Jiabao anunció la ampliación a partir del año próximo a todo el país de la cancelación de matrículas para la educación obligatoria en las empobrecidas provincias occidentales y centrales de China.
La educación en zonas rurales son dos de las mayores causas de déficit de los gobiernos locales. En su discurso, Wen Jiabao prometió efectuar reformas institucionales contra la burocracia, para mejorar la gobernanza rural.
Los críticos dijeron que la prueba real del compromiso del gobierno para ayudar a los pobres de las áreas rurales radica en la disposición de Beijing de dar un paso más y permitir la privatización de la tierra cultivable.
En la actualidad, los agricultores sólo pueden arrendar la tierra por entre 25 y 30 años, y fácilmente pueden volverse víctimas del abuso por parte de funcionarios oficiales cuando sus terrenos son confiscados para proyectos industriales o de desarrollo.
