Una fecha siniestra, el 15 de marzo, el idus cargado de malos presagios para los antiguos romanos, vio morir este año a una institución determinante en la historia moderna de los derechos humanos, y nacer al mismo tiempo, con renovada esperanza, a su sucesor.
Una, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, tendrá sus exequias el lunes 27 cuando celebre su última sesión, tras recoger méritos y descréditos en sus 60 años de vida. El otro, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) dará sus primeros pasos a partir del 9 de mayo, cuando sean elegidos sus 47 miembros.
Despreocupada de premoniciones, la Asamblea General de la ONU adoptó ese 15 de marzo la decisión de reformar el máximo organismo rector en el campo de los derechos humanos, resuelta a despojarlo así de la politización y de la parcialidad.
En cambio, un presentimiento distinto, de incertidumbre, predomina entre otros actores protagónicos de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, todavía prácticamente ignorantes de la suerte que les deparará el nuevo Consejo.
Las perspectivas se presentan sombrías para las organizaciones, máxime si se toma en cuenta el papel secundario que los 53 Estados miembros les han reservado en las ceremonias de clausura de la Comisión.
[related_articles]
Una sola organización gubernamental, en representación de toda la sociedad civil, podrá hablar en el acto, y la extensión del discurso será de apenas cuatro sucintos párrafos.
Pero a pesar de la brevedad, el orador no se privará de enrostrar a los gobiernos lo inaceptable del método elegido. Los defensores de los derechos humanos pedirán a los Estados que tomen nota de su decisión de no admitir un trato semejante en el futuro.
Esta referencia adquiere importancia porque ya ha comenzado el debate sobre el espacio que corresponderá a las organizaciones no gubernamentales en el nuevo Consejo, un organismo que la mayoría de la sociedad civil contribuyó a crear.
Las posiciones de los activistas no son homogéneas, aunque la inmensa mayoría coincide en reclamar que el Consejo otorgue a los mecanismos especiales, integrados por relatores, expertos y grupos de trabajo sobre temas y países, la misma trascendencia que tenían en la Comisión.
"Queremos saber si esos mecanismos independientes desempeñarán un papel destacado en el análisis de la vigencia de los derechos humanos que se hará durante las revisiones periódicas", especificó Eric Sottas, director de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
Sottas se refería a una de las innovaciones introducidas por la Asamblea General al encomendar al Consejo realizar un examen periódico sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
El director de la OMCT dijo a IPS que el sistema de revisión concebido por la Asamblea General permite que si una mayoría de miembros del Consejo se opone, quede frustrada la posibilidad de censura a un gobierno violador de esos derechos.
"No sabemos qué peso se reconocerá a los mecanismos especiales, integrados por expertos independientes. Por tanto, el riesgo de que se aplique un criterio selectivo en las condenas subsiste", insistió Sottas.
Tampoco sabemos cuál será el papel de las organizaciones no gubernamentales en ese proceso de revisión de las conductas de los Estados, lamentó. A pesar de eso, en el discurso que pronunciarán el lunes, las organizaciones independientes reafirmarán su voluntad de participación en el proceso que se inicia con el Consejo.
Otro aspecto del nuevo organismo que preocupa a dirigentes de la sociedad civil es la modalidad de elección de sus 47 miembros, seis menos que la Comisión. La resolución de la ONU establece que se elegirán de forma directa y universal en votación secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea General.
La composición estará basada en una distribución entre grupos regionales que otorga 13 puestos al Grupo de África, 13 a Asia, seis a Europa oriental, ocho a América Latina y el Caribe, y siete a Europa occidental y otros Estados.
Pero el problema principal es que no se han cambiado las reglas, objetó Sottas. "Cada región podrá presentar el número de candidatos que quiera. Si propone el mismo número de asientos que le corresponde, sus candidatos será elegidos de manera automática", dijo.
El experto aceptó que el 9 de mayo se dilucidará este asunto "pero me parece que terminaremos con los mismos problemas que tenía la Comisión al permitir la incorporación de Estados 'impresentables' en materia de derechos humanos", vaticinó.
Sottas recordó que durante el proceso de negociación del nuevo Consejo, algunos países como Estados Unidos, recibieron críticas porque proponían una reducción considerable del número de miembros que tenía la Comisión.
A esos países les animaba el propósito de reservar la admisión para los países que consideraban "respetables", aunque al mismo tiempo reclamaban la incorporación automática de ellos mismos, dijo.
Esa suficiencia fue especialmente chocante, en particular luego de las revelaciones sobre las torturas y malos tratos infligidos a los presos de la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, y de la cárcel de Abu Ghraib, en Iraq.
Sin embargo, Sottas reconoció que el Consejo aporta un avance con la extensión de sus sesiones anuales a 10 semanas, mientras que la Comisión sólo se reunía durante seis semanas. De todos modos, el experto aceptó que para las organizaciones de Asia o África será muy difícil viajar cada dos meses a Ginebra para seguir el desarrollo de las sesiones del Consejo.
Finalmente, el director de la OMCT dedujo que el descrédito en que había caído la Comisión ha provocado una reacción positiva en las estructuras de derechos humanos. Pero el mecanismo del Consejo no excluye la negociación política, causa de gran parte de los males que se atribuían a la Comisión.
