Las principales iglesias cristianas de Estados Unidos lanzaron una campaña contra la reforma migratoria que se discute en el Congreso legislativo, en un nuevo despliegue del activismo religioso.
Decenas de líderes católicos, metodistas, episcopales y de otras confesiones se encontraban entre los más de un millón de manifestantes que salieron a las calles en todo el país el sábado 25.
Ese día, en la occidental Los Ángeles, entre 500.000 y un millón de personas marcharon contra la reforma, sorprendiendo incluso a los propios organizadores de la manifestación, considerada la mayor en la historia de esa ciudad.
Mientras, en la central ciudad de Denver, más de 50.000 personas se reunieron en el Civic Centre Park para rechazar una iniciativa que privaría de muchos servicios públicos a los inmigrantes ilegales en el estado de Colorado.
Entre 5.000 y 7.000 personas se congregaron el sábado en la oriental ciudad de Charlotte, portando carteles con frases como "Am I Not a Human Being?" ("¿No soy un ser humano?").
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En la occidental localidad de Sacramento, más de 4.000 personas protestaron contra la reforma migratoria durante la marcha anual en memoria de César Chávez, histórico líder de los campesinos mexicanos en Estados Unidos.
Decenas de otras marchas se celebraron en varias ciudades del país.
El principal objeto de las críticas es un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, y que ahora debe discutir el Senado, que convierte en delito ayudar a inmigrantes indocumentados.
La norma, impulsada por legisladores del gobernante Partido Republicano, obligará a iglesias y a otras organizaciones sociales a exigir documentación a los extranjeros antes de brindarles asistencia.
Mientras, el Senado tiene entre manos otro proyecto más flexible, que prevé abrir un camino a los inmigrantes sin documentos para regularizar su condición y ser admitidos en algunos casos como trabajadores temporales.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, espera que el proyecto sea votado antes de que termine marzo. Luego debería ser armonizado con el de la Cámara de Representantes, que establece penas a empleadores que contraten extranjeros y propone la construcción de una muralla en la frontera con México.
"La guerra contra el terrorismo no será ganada con restricciones a la inmigración", sostuvo el cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, líder de la arquidiócesis más grande del país, con cinco millones de católicos. Mahony llamó a otros líderes cristianos a desafiar la reforma.
"Es asombroso que el gobierno federal quiera obstaculizar nuestra atención espiritual y pastoral a los pobres e imponga penas por hacer lo que demanda nuestra fe", afirmó el cardenal.
La preocupación de las congregaciones cristianas estadounidenses por la situación de los inmigrantes creció a partir de junio de 2004, cuando el Comité de Migraciones de la Conferencia de Obispos Católicos y la junta de directores de la Red Católica de Inmigración Legal coincidieron en que la inmigración era un asunto de prioridad para la Iglesia en este país.
La campaña "Justice for Immigrants: A Journey of Hope" ("Justicia para los inmigrantes: una jornada de esperanza") fue lanzada por un grupo de varias entidades católicas en coordinación con la Conferencia de Obispos Católicos.
"Ya no podemos aceptar que algunos funcionarios públicos y miembros de nuestras comunidades utilicen a los inmigrantes como chivos expiatorios mientras a la vez nuestra nación se beneficia de su trabajo" dijo el obispo James Tamayo, de la diócesis de la meridional ciudad de Laredo, en la frontera con México.
"No podemos tolerar más la muerte de seres humanos en el desierto", añadió el religioso durante una vigilia de oración en contra de la reforma.
"Caminar en solidaridad con los recién llegados a este país es vivir nuestra esencia como iglesia. Lo que queremos es que la reforma migratoria encuentre una forma de asistir a los que cruzaron la frontera y son ciudadanos productivos", señaló por su parte el reverendo Bob Edgar, secretario general del Consejo Nacional de Iglesias, que reúne a las principales confesiones cristianas.
"Estamos viviendo una batalla legislativa sobre cómo vamos a responder a los inmigrantes", dijo el director de la organización Ministerios Episcopales por la Migración, Richard Parkins.
"La Iglesia Episcopal y las comunidades religiosas de todo el país han dejado en claro que quieren una reforma migratoria que reconozca la necesidad de la población del sur que, ante la acuciante pobreza, intenta disfrutar las ventajas de las oportunidades económicas en este país", señaló.
"Al mismo tiempo, nos enfrentamos a otras voces que se vuelven cada vez más severas en su actitud hacia los extranjeros", añadió.
El Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal, reunido del 6 al 9 de este mes en la nororiental ciudad de Filadelfia, declaró su "fuerte oposición" a cualquier legislación que prohíba a las organizaciones religiosas aliviar "el sufrimiento de los inmigrantes indocumentados".
"Las iglesias de todo Estados Unidos se alzaron para condenar esta ley porque ha sido impulsada sin el habitual intercambio de ideas con el público", dijo el director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la American Civil Liberties Union (Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos), Lucas Guttentag.
"Hay consecuencias tan radicales implícitas en la ley que, aunque no está dirigida a las iglesias, deja a éstas en una situación muy vulnerable", añadió.
Mientras, el nuevo activismo religioso provoca el rechazo de muchos conservadores republicanos.
"Son los izquierdistas de la Iglesia Católica, los trabajadores sociales frustrados. Están incentivando a los ilegales a que vengan aquí. No creo que sea correcto", afirmó el congresista republicano Peter King, representante del nororiental estado de Nueva York.
