Campesinos y activistas celebraron este viernes un triunfo contra las semillas Terminator. El Grupo de Trabajo que trata el asunto en la octava Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-8) mantuvo la suspensión a las investigaciones de campo de esta tecnología que produce vegetales estériles.
La decisión aún será sometida a la aprobación plenaria el próximo viernes en esta conferencia celebrada en la meridional ciudad brasileña de Curitiba. Pero será una formalidad. La información disponible asegura que sólo Australia, Canadá y Nueva Zelanda trataron de dejar una puerta abierta, con una propuesta a favor de la "evaluación caso por caso" de los permisos para investigar.
Eso ablandaría la suspensión de las llamadas tecnologías de uso genético restringido (GURT) vigente desde 2000, afirman los críticos.
Por sus posiciones en este caso y en los transgénicos en general, estos tres países fueron elegidos para el "Premio Eje del Mal" por una coalición informal de organizaciones que atribuyen anualmente los premios "Capitán Garfio" a la biopiratería.
Diez premios negativos y diez reconocimientos por la resistencia a estos delitos fueron ya fueron entregados. Entre los piratas está también el gobierno de Estados Unidos, por "el acto de biopiratería más vergonzoso": la imposición de una ley de patentes en Iraq que prohíbe a los agricultores nacionales cultivar con semillas de sus propias cosechas de nuevas variedades registradas.
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La compañía transnacional Syngenta, de origen suizo, fue considerada "la peor amenaza a la soberanía alimentaria" por su patente de papas Terminator.
Vía Campesina, la red mundial de movimientos rurales que promovió manifestaciones casi diarias desde el inicio de la COP-8 el lunes a favor de la prohibición de las variedades Terminator, anunció que seguiría movilizándose en Curitiba por una total proscripción de esa tecnología en el mundo.
Otros activistas también celebraron el triunfo en posición de guerra. "Hay gobiernos y empresas que seguirán intentando" producir las "semillas suicidas", advirtió Maria Rita Reis, de la organización no gubernamental brasileña Tierra de Derechos.
Las GURT, como se las identifica en los documentos del Convenio, se refieren a la modificación genética para producir variedades que solo se pueden sembrar una vez, porque generan granos o semillas estériles.
Son "semillas suicidas" y también "homicidas", definió Hope Shand, directora de investigaciones del Grupo ETC, organización con sede en Canadá que defiende la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos.
Una eventual liberación de cultivos Terminator provocaría muchas pérdidas para los agricultores, expulsándolos de la tierra y "agravando el hambre y la pobreza", explicó.
Según sus estimaciones, la producción de soja en Argentina sufriría un aumento de costos de 276 millones de dólares al año, mientras la siembra de trigo en Pakistán costaría 191 millones de dólares más.
Varios activistas destacaron que una posible contaminación y esterilización de otras especies sería el camino para una tremenda catástrofe. No son necesarias "pruebas de campo" para establecer que se trata de una amenaza a toda la vida terrestre, como no hace falta "un estudio de campo de la tortura", acotó otro activista del grupo.
La insistencia de los campesinos y ambientalistas cayó en tierra más que fértil. Las restricciones a Terminator contaban con mayoría desde el inicio de la COP-8. En el Parlamento Europeo esa posición había obtenido 419 votos a favor y 15 en contra.
En el Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac) hubo consenso en mantener la moratoria y rechazar la propuesta del "caso a caso", dijo a IPS Alicia Torres, directora Nacional de Medio Ambiente de Uruguay y jefa de la delegación a la COP-8.
La corporación Syngenta enfrenta en estos días en Brasil dificultades más allá de los actos de protesta.
Además de soportar la ocupación de su campo experimental desde el 14 de este mes por cerca de mil campesinos de organizaciones brasileñas de Vía Campesina, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, acaba de ser multada por un millón de reales (470.000 dólares) por la autoridad ambiental de Brasil.
La multa obedece a que las siembras experimentales de soja transgénica de Syngenta en Santa Teresa del Oeste, en el sureño estado de Paraná, violaron leyes nacionales por estar demasiado cerca del Parque Nacional de Iguaçú, un área de conservación natural.
Syngenta y Monsanto fueron blancos constantes de las protestas en los encuentros paralelos de la COP-8 y en el Foro Global de la Sociedad Civil, que reúne a movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales en tiendas fuera del Expo Trade, sede de la conferencia a la que asisten hasta el 31 de este mes delegados de 188 países.
