Los 150 líderes del mundo que se reunieron en Rio de Janeiro para la histórica Cumbre de la Tierra hace 14 años adoptaron el principio de participación justa y equitativa de los beneficios de los recursos genéticos, como parte de sus esfuerzos para proteger la diversidad de especies.
Pero hoy, de nuevo en Brasil, representantes de los mismos países todavía discuten cómo aplicar este principio.
En la octava Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-8) que se lleva a cabo desde el 20 de este mes y hasta este viernes en la meridional ciudad brasileña de Curitiba, delegados de los países en desarrollo pidieron el establecimiento de un marco legal internacional para proteger los derechos sobre material genético derivado de plantas y animales.
Pero la respuesta que han recibido hasta ahora de las naciones industrializadas parece indicar que no hay acuerdos en la mira.
"Estamos insatisfechos con el ritmo lento" de las negociaciones, dijo el ministro de Asuntos Ambientales de Sudáfrica, Marthinus Van Schalkwyk, a sus pares de la COP-8, que discuten acuerdos para una efectiva implementación del Convenio.
[related_articles]
Hablando en nombre del Grupo de los 77 (G-77) más China, Van Schalkwyk subrayó que las naciones del Sur le dan una "gran importancia" a un régimen global sobre el reparto justo y equitativo de los beneficios, ya que son "los guardianes de una significativa porción de los recursos biológicos del mundo".
El G-77, que con 132 miembros es la principal alianza de países en desarrollo, ha expresado repetidamente su preocupación sobre la biopiratería de parte de corporaciones multinacionales, así como por los potenciales impactos negativos en la seguridad alimentaria de las tecnologías genéticas de uso restringido, una técnica que produce semillas estériles.
La oposición a la concesión de patentes para el uso de material biológico, como genes, plantas y animales, ha crecido en los últimos años como resultado del abuso corporativo de los recursos y de la destrucción masiva del ambiente.
En todo el mundo, grupos de campesinos y comunidades indígenas afirman que las plantas que han cultivado por siglos están comenzando a ser usadas sin su permiso por grandes corporaciones.
"Casos de biopiratería salen a la luz cada vez más seguido", dijo a la COP-8 el ministro de Ambiente de India, Namo Narain Meena, y añadió que es por eso que su país impulsa el "rápido desarrollo de un régimen legal vinculante sobre acceso e intercambio de beneficios".
India, con más de 1.000 millones de habitantes, es uno de los países que poseen mayor biodiversidad del mundo.
El gobierno indio considera necesarias las protecciones legales para los recursos biológicos importantes, aunque sostiene que no son suficientes para garantizar que el país que provee los recursos también reciba una parte justa en la participación de los beneficios.
"Esto se ve claramente en los casos en que el material genético es utilizado en otro país para procesos de desarrollo y en productos sobre los cuales se obtienen derechos de propiedad intelectual", afirmó el ministro indio, y señaló que la responsabilidad sobre la participación justa de los beneficios "debe ser también compartida por el país usuario".
En la conferencia de Curitiba participan más de 4.000 delegados, incluyendo a representantes de la sociedad civil y de la industria, y más de 100 ministros de Ambiente, de Salud, de Alimentación y de Silvicultura.
Schalkwyk señaló que, dada la creciente evidencia de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, se debe hacer énfasis en mecanismos que contribuyan a alcanzar las metas del Convenio en 2010.
Entre esas metas se destaca el logro de una "significativa reducción en la actual tasa de pérdida de biodiversidad a nivel global, regional y nacional, como una contribución al alivio de la pobreza y para el beneficio de toda la vida en la Tierra".
"Necesitamos una fuerte voluntad política para acelerar la implementación de todo el programa de trabajo", señaló.
Muchos países del G-77 son severamente afectados por la degradación de la tierra y la desertificación, y por tanto necesitan implementar el programa de trabajo sobre biodiversidad, que requiere de más recursos.
El G-77 también expresó preocupación sobre la falta de un nivel deseable de financiamiento de parte de las naciones industrializadas.
El Convenio es considerado por muchos ambientalistas como un contrapeso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en lo que se refiere al debate sobre las patentes. En la OMC, los derechos de los países y comunidades poseedoras de "conocimiento tradicional" no son tenidos en cuenta.
De hecho, la OMC fue en parte responsable de abrir la puerta al patentado de materiales genéticos, semillas y plantas por parte de las corporaciones en la Ronda Uruguay (1986-1993).
Sin embargo, negociadores en la COP-8 ahora parecen cada vez más inclinados a considerar la necesidad de un mejor relacionamiento con la OMC.
Algunos países industrializados como Japón y ciertos miembros de la Unión Europea expresaron interés en la idea de permitir a participación de representantes de las conferencias del Convenio en las reuniones de la OMC sobre derechos de propiedad intelectual.
Aún no está claro si esta idea prosperará ni cuándo podría llevarse a cabo. Mientras, observadores afirman que el asunto de la "justa participación en los beneficios" será retomado en la próxima reunión de las partes del Convenio, que se realizará en Alemania en 2008.
"La Conferencia debe enviar un claro mensaje: que la negociación continuará", dijo Schalkwyk a los delegados.
